El gobierno de Javier Milei celebró el despido de trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Salud y destacó el “ahorro” que se alcanzó con la desvinculación de la planta del sector sanitario en medio del brote histórico de dengue. En tanto, informó que "se comenzaron a revisar los requisitos de inscripción al Registro de Productores de Cannabis”.
En una conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni detalló que se redujo en un 60% la planta de trabajadores y trabajadoras y apuntó que se debió a que "había roles que se superponían", lo que implicó “un ahorro de $13.464 millones”, según precisó el funcionario.
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En este sentido, también detalló que “encontraron irregularidades en 20 expedientes de compra de insumos del plan Mil Días paralizados desde el 2023, una orden de compra abierta sin ejecutar en su totalidad de 330 audífonos por $26.400.000,y otra de 5.500 tablets y 1.500 motos por US$6.600.000 dólares presupuestados en abril”.
Por otro lado, Adorni detalló que el Gobierno decidió cancelar los subsidios a empresas de salud privada, al tiempo que se dieron de baja 48 vehículos. También "se finalizó el contrato de 619 consultores por $1.150 millones, en el marco del rediseño del Plan ENIA".
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El vocero informó además que "se comenzaron a revisar los requisitos de inscripción al Registro de Productores de Cannabis, popularmente conocido como REPROCANN, en el que se detectó que en la gestión anterior se emitieron más de 90.000 solicitudes sin diagnósticos basados en evidencia científica".
ATE se moviliza y exige al gobierno que publique la lista de ñoquis
La semana pasada, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó un paro nacional activo en todo el ámbito del Estado Nacional y exigió al Presidente que presente "el listado de ‘ñoquis’ despedidos o que, en su defecto, concrete el inmediato pago de las remuneraciones correspondientes a todos y cada uno de los cesanteados".
“Si el Gobierno no publica un listado con los supuestos ñoquis, tiene que reinstalar en sus puestos de trabajo y determinar el inmediato pago de las remuneraciones a todos los despedidos, porque hasta aquí no ha podido acreditar en ningún caso la causal invocada de la no prestación de servicios. Resulta imperiosa la justificación de los despidos, ya que ha sido el propio Estado Nacional el que puso en revisión la planta transitoria. Debe existir una decisión fundada. Está quedando claro que el Gobierno nunca llevó adelante ni auditorías, ni relevamientos, y que tampoco verificó la asignación de funciones a cada agente”, exigió el Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar.
“Con el despido de trabajadoras y trabajadores con 5, 10 y hasta más de 20 años de antigüedad quedó demostrado que no se trata de empleados que cumplen tareas estacionales o temporarias, sino que integran la planta permanente del Estado realizando funciones inherentes a cada uno de los organismos, independientemente de la modalidad de la contratación. Pasan las horas y el Gobierno queda en evidencia: "En este momento existe una grave afectación al estado de derecho en nuestro país”, denunció Aguiar.