El presidente Alberto Fernández anunció este miércoles la firma del decreto para declarar nulos los contratos de concesión de las autopistas Acceso Norte y Oeste, con las empresas Ausol y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), respectivamente, firmados durante el gobierno de Mauricio Macri.
"Son contratos absolutamente distorsivo que le generaron daños económicos al estado nacional y a los usuarios", afirmó Fernández en una conferencia de prensa junto con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis. Según adelantó, será esa cartera la que presente las acciones ante la Justicia Federal en lo Contencioso y Administrativo.
Fernández señaló que el Gobierno llevó adelante "una política de ordenar el sistema de las autovías concesionadas" y que está para "velar por los intereses del estado y los usuarios". En ese marco, afirmó que no van a "permitir abusos", poniendo como ejemplo las obras de Participación Pública Privada (PPP) firmadas con el macrismo y rescindidas por la gestión nacional del Frente de Todos, que "se podían hacer con un 70% (de presupuesto) más bajo".
"Tenemos que poner un punto final y que no haya personas de los dos lados del mostrador", sentenció, para luego afirmar que "el mejor estado es que no es tonto, que cuida el patrimonio de todos, que no da ventajas y permite que unos ganen mucho en desmedro de los usuarios".
Por su parte, Katopodis explicó que, en 2018, el gobierno de Macri dictó los decretos 608 y 607 que renegociaron los contratos de concesión y adjudicación del acceso Norte y Oeste, con las empresas Ausol y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), respectivamente. Según indicó, "se establecieron un conjunto de premisas" con cuestiones "de vicio", que "determinan la nulidad absoluta de esa renegociación".
El ministro planteó que las empresas "establecieron sin ninguna justificación, parámetro ni base objetiva" una "deuda a favor de las empresas concesionarias" que ascendía a un total de 813.143 millones de dólares, divididos entre 540 mil millones de dólares para AUSOL y 272 mil millones para GCO.
En esa línea, cuestionó la "dolarización" del contrato en pesos, otorgado por la gestión macrista, cuando "en una renegociación del 2006", las empresas habían "renunciado" a pasar a la dolarización. También se rubricó un ajuste del 8% anual, lo que le permite "tener una rentabilidad extraordinaria", mientras que "en cualquier contrato de este tipo hay un riesgo empresario".
Luego, Katopodis señaló que el contrato finalizaba en 2020 y de manera "absolutamente arbitraria" se extendió hasta el 2030. "En ese plazo se iba a privilegiar el pago de la deuda y la compensación a las empresas y postergando las obras y las mejoras", protestó, en lo que definió como un "contrato de concesión" que pasó a ser "un pagaré a simple firma". La renegociación, según el ministro, fue "a la medida de las empresas" y que cambiaba el fuero judicial para resolver cualquier controversia, pasado del "contencioso administrativo" a "cualquier tribunal arbitral".
Por otra parte, Katopodis afirmó que identificaron en el ministerio de Obras Públicas y Vialidad "funcionarios en los dos lados del mostrador", que tuvieron "cargos jerárquicos" en las empresas para volver a la dependencia del Estado. Fue así que el ministro afirmó que con la renegociación de los contratos se determinó que los usuarios "hagan frente al cumplimiento de esa prórroga".
Desde Obras Públicas recordaron que ante ese aumento, el "Gobierno nacional fijó en febrero de este año una tarifa 20 veces menor que lo que establecía el acuerdo". En ese marco, en las estaciones “Debenedetti” y “Márquez”, del Acceso Norte, donde un auto paga en hora pico y de manera manual $80, pagaría, según la solicitud de AUSOL, $1.830 (2200% más); mientras que en el Acceso Oeste en lugar de los $100 actuales, se abonaría $1.072 (1000% más).
Por último, el funcionario señaló que la renegociación era un "remedio que se debía tramitar para evitar una decisión adversa del CIADI", aunque no se detectó "en ningún lugar del expediente" una posible "sentencia condenatoria para el Estado argentina". Y sintetizó: "Fue un proceso oscuro, absolutamente arbitrario y genera un perjuicio a todos los argentinos".
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