La sede del sindicato de Camioneros de la Ciudad de Buenos Aires fue allanada tras una orden de la jueza María Eugenia Maiztegui. Fue para buscar documentación sobre presuntos pagos ilegales por parte de la empresa Rey, de San Pedro, que sufrió un bloqueo en sus accesos por parte de dos dirigentes locales que reclamaban cuotas sindicales adeudadas.
El hecho derivó en la detención de dos gremialistas de San Nicolás. La policía ingresó a la sede para comprobar si existe una presunta deuda de la empresa reclamada por los dirigentes nicoleños y que dio origen a la protesta sindical que impidió el ingreso y salida de camiones.
El sindicato minimizó el hecho. "Fue un allanamiento normal. Vinieron a buscar lo que querían y se fueron. Sale en los medios porque la familia Rey quiere mostrar quilombo", dijeron en off a El Destape desde en entorno de Pablo Moyano, secretario general de Camioneros. Apuntan así a los dueños de la empresa alimenticia.
El Ministerio de Trabajo en San Nicolás acreditó la existencia de esa deuda, pero no aportó documentación que lo avalara, por lo que la jueza le pidió al Sindicato de Camioneros de San Nicolás que la presentara.
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Como esta seccional explicó que había enviado esa información a la sede central del gremio, el juzgado de Maiztegui libró un oficio a la organización que lidera Hugo Moyano, pero primero no obtuvo respuesta y luego no recibió ningún detalle al respecto.
Los abogados de la familia Rey, liderados por la bullrichista Florencia Arietto, consideran que este procedimiento judicial es clave para la causa porque si no se logra acreditar la deuda, la acusación de coacción, que tiene una pena máxima de 4 años, pasaría a ser extorsión, con un máximo de 10 años, y agravaría la situación judicial de los dos detenidos.
Ellos son Maximiliano Cabaleyro, titular del Sindicato de Camioneros de San Nicolás, y Fernando Espíndola, dirigente del mismo gremio, quienes se entregaron a la Justicia el 8 de abril pasado.
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