En el marco de la sesión plenaria de la Cumbre de Líderes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), el presidente de la Nación, Alberto Fernández, ratificó el compromiso de la Argentina de “adoptar a la acción ambiental como política de Estado” y remarcó la necesidad de “comprometer aportes concretos, en el marco del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que estén acompañados por medios para su implementación".
En este sentido, el mandatario argentino puntualizó sobre las acciones ambientales ya concretadas por el Gobierno nacional por lo que pidió que "los organismos multilaterales de cooperación comprometen al menos el 50% de su cartera de préstamos" a estas políticas para lograr una "transición hacia un modelo de desarrollo integral, sostenible e inclusivo".
En esta línea, Fernández informó que la Argentina "ha formalizado un incremento del 2% en la Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC), lo que resulta en un compromiso 27,7% mayor al asumido en la primera NDC en 2016". Asimismo, detalló las políticas que impulsó el país para favorecer el desarrollo sostenible, y destacó el avance en "un marco legal para erradicar la deforestación ilegal y proteger los bosques nativos; tecnologías de punta en materia de emisiones de metano; un proyecto de ley sobre electromovilidad enviado al Parlamento; proyectos para establecer el hidrógeno como nuevo vector energético y un cambio cultural a través de la 'educación ambiental' en nuestros programas oficiales".
Las políticas de Argentina contra el cambio climático
Hidrógeno verde
El proyecto para establecer al hidrógeno como un nuevo vector energético es una de las principales política del Gobierno nacional para frenar el calentamiento global. Es que el interés por el uso del hidrógeno verde, que se produce a través de fuentes de energía renovables, está yendo en aumento en todo el mundo en el marco de las acciones conjuntas para contrarrestar los efectos del cambio climático y ya son varios los países y las empresas que ya comenzaron a explorar su potencial para “descarbonizar” a distintas industrias.
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En este marco, el Presidente Alberto Fernández anunció inversiones por parte de la firma australiana Fortescue Metals Group para la producción de energía verde para la exportación. La inversión prevista alcanzará los 8.400 millones de dólares y generará 15 mil puestos de trabajo directo y hasta 50 mil indirectos.
El hidrógeno verde es una de las energías del futuro, y es fundamental para descarbonizar la estructura productiva, con un impacto muy positivo para luchar contra el cambio climático. Se lo llama hidrógeno “verde” porque toda la energía que se utiliza para producirlo proviene de fuentes renovables (en este caso, la eólica) y se planta como una de las energías más prometedoras.
Deforestación como delito ambiental
Por otra parte, Alberto Fernández anunció que se profundizará la lucha contra la deforestación ilegal “tipificándola como un delito ambiental”, y que pronto enviarán al parlamento un nuevo proyecto de Ley de “presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos”.
Actualmente, los delitos de contaminación y otros daños al ambiente en la Argentina son penados con multa e inhabilitación cuando la contaminación:
- Torne no apta para la ocupación humana un área urbana o rural
- Impida el uso público de ríos
- Provoque el desplazamiento de los habitantes de las áreas afectadas
- Cause daños directos graves para la salud de la población
- Se efectúe sobre un área natural protegida
En esta línea, se pena con prisión si como consecuencia de estas acciones resulta la muerte de alguna persona. También se tipifica la contaminación ambiental imprudente. Por otra parte, los delitos de maltrato y crueldad contra los animales también son condenados con penas de prisión y multa.
Respecto a los delitos contra la biodiversidad, en la Argentina hay pena de prisión para quien ilegalmente introduzca o libere en el ambiente un ejemplar de flora o fauna exótica o no autóctona si resulta perjuicio para un ecosistema o si se afecta el ciclo natural de reproducción o migración de una especie nativa o migratoria. En el mismo sentido, se pena con prisión a quien ilegalmente introduzca en el ambiente organismos o microorganismos genéticamente modificados o elementos idóneos para poner en peligro la salud de las personas o los recursos de la flora, fauna o hidrobiológicos. También se sanciona la conducta de quien provoque incendios en bosques.
En esta sintonía, los delitos contra los bosques nativos y protectores tiene pena de prisión y multa para quien ilegalmente desmonte bosques nativos o protectores, extraiga o tale árboles o ejemplares de flora de una especie protegida o en peligro de extinción, o contra especies protegidas de la flora silvestre o con métodos, o utilizando instrumentos o medios prohibidos idóneos para perjudicar una especie o en un área protegida.
Ley federal de educación ambiental
En cuanto a la dimensión cultural, en la Argentina también se avanza en pos de Medio Ambiente a través de la Ley Federal de Educación Ambiental. El 3 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial la Ley para la Implementación de la Educación Ambiental Integral en la República Argentina bajo el N°27.621, la cual tiene por objeto establecer el derecho a la educación ambiental integral como una política pública nacional.
La Ley 27.621, en tanto, establece los siguientes principios de la educación ambiental integral:
- Abordaje interpretativo y holístico
- Respeto y valor de la biodiversidad.
- Principio de equidad.
- Principio de igualdad desde el enfoque de género.
- Reconocimiento de la diversidad cultural: el rescate y la preservación de las culturas de los pueblos indígenas.
- Participación y formación ciudadana.
- El cuidado del patrimonio natural y cultural.
- La problemática ambiental y los procesos sociohistóricos.
- Educación en valores.
- Pensamiento crítico e innovador.
- El ejercicio ciudadano del derecho a un ambiente sano.
“La toma de conciencia de la importancia del ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales, su respeto, conservación, preservación y prevención de los daños, en concordancia con el artículo 41 de la Constitución Nacional, ley 25.675 y leyes especiales en la materia y convenios internacionales sobre el ambiente”, remarca la ley.
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