A las 14, el interbloque de Juntos por el Cambio no bajará al recinto del Senado para dar quórum y habilitar el debate por la reforma del Consejo de la Magistratura. El espacio comandado por el radical Alfredo Cornejo optó, una vez más, por esperar que el oficialismo consiga los 37 legisladores necesarios para empezar con el tratamiento y, una vez hecho eso, bajará para votar en contra del proyecto. En Diputados, donde la agenda más próxima también incluye la modificación de la ley de alquileres, la actitud sería similar al menos en lo que respecta al voto. Todavía desde algún espacio apuestan por esperar la media sanción antes de sentar posición pero en el poroteo de votos afirmativos no está contabilizado ninguno de Cambiemos.
"Se vota en contra y esperamos que ellos junten el quórum" fue, de forma concreta, la respuesta de la oposición en el Senado ante la consulta de El Destape de cara al debate judicial. Según los plazos que puso la Corte Suprema, que se arrogó la facultad de pasar por sobre la división de Poderes para reactivar una ley fuera de funcionamiento hace una década y media, el próximo 15 de abril quedará en desuso la normativa vigente para volver a una pre 2006. Con esta jugada, plazos muy difíciles de cumplir y en consonancia con lo planteado por Cambiemos, el presidente del máximo Tribunal también sería el titular del órgano que nombra y sanciona magistrados.
Con menos margen que en los dos primeros años de gestión, el Frente de Todos deberá garantizar votos propios y de aliados para avanzar con temáticas judiciales en la Cámara Alta. El oficialismo tiene 35 voluntades y conseguiría el quórum y la media sanción sólo con el voto de otros espacios. Se presume que, con modificaciones previas realizadas al dictamen, también acompañarían desde Río Negro y Misiones. Al no ser una ley menor, harán falta 37 manos alzadas de forma positiva, la mayoría sobre el total de los miembros del cuerpo.
En Diputados, en tanto, por estas horas hubo y habrá reuniones entre los bloques para definir estrategias legislativas. Desde el radicalismo oficial, que se reunirá este jueves probablemente de forma virtual, se estima que el proyecto de Todos, en caso de lograr la media sanción en la Cámara Alta, tendrá dictámenes de mayoría en las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales. El problema, sin embargo, llegará en el recinto.
Así como en el Senado serán necesario 37 votos, en Diputados harán falta 129 para poder sancionar la ley y evitar que la Corte legisle a gusto y piacere. Según el poroteo manejado con bastante anticipación, el oficialismo contaría con 124 legisladores, cinco menos de los necesarios por lo que "da la impresión que no habrá ley alguna" y se reeditarán otras experiencias vinculadas al Poder Judicial. Así como sucedió con la reforma que pretendía crear más juzgados en todo el país o el texto que apuntaba a modificar la normativa del Ministerio Público Fiscal, la principal alianza opositora centrará sus esfuerzos en hacer "dormir" en la Cámara Baja el cambio en la integración del Consejo de la Magistratura.
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El PRO, por su parte, se reunió este miércoles con este tema y la modificación de la ley de alquileres en agenda. La lectura fue más o menos la misma: el oficialismo no tiene un camino sencillo y la única forma de avanzar sería "comprando" voluntades o acordando previamente. Se barajó la posibilidad de un acuerdo con una de las fuerzas ajenas a la grieta, el Interbloque Federal, para incorporar sus cambios al dictamen, ya sea en Senado o en Diputados. Esta posibilidad hizo que algún diputado macrista temiera por una posible sanción de la ley. En otros espacios de la alianza, en tanto, se especuló con que solo la Izquierda podría habilitar ese camino.
El otro radicalismo, el de Evolución, también tuvo su cumbre pero el martes. No fue por estas cuestiones en particular, sino que es un mitin acordado y realizado de forma semanal donde tocaron tanto Consejo de la Magistratura como ley de alquileres pero también la situación económica y los planes sociales, donde se diferenciaron de Horacio Rodríguez Larreta y la postura de varios socios de Cambiemos. Sobre el primer asunto, resolvieron esperar la media sanción para conocer el texto que se tratará en la Cámara Baja.
Alquileres
Desde el martes, Diputados trabaja para, en 30 días, llegar a un texto acordado por las distintas fuerzas políticas. Mauricio Macri decidió meterse en la discusión y marcó la existencia de dos posturas dentro del PRO. Por un lado, aquellos que trabajan para arribar a una síntesis y, por otro, los que apuestan por la derogación de la normativa, como es el caso del ex presidente de la Nación, el vice del partido amarillo, Federico Angelini, o la ex gobernadora María Eugenia Vidal que decidió replicar las palabras del jugador de bridge en sus redes sociales.
"La Ley de Alquileres es una muy mala ley, que claramente fracasó. Tenemos que derogarla y tomarnos el tiempo para hacer otra que resuelva el problema. Hay que dejar de complicarle la vida a la gente que ya la tiene demasiado complicada" fue el mensaje que decidió enviar Macri en medio de las negociaciones. En principio, dentro de la gran bolsa de proyectos, el de José Luis Gioja fue señalado como una posible base para negociar la inclusión de demandas opositoras excluyendo el impuesto a la vivienda ociosa.
Desde Evolución, en tanto, se propicia la derogación de dos artículos de la ley pero no la norma entera. Según se dijo, la idea está "bastante avanzada y conversada, inclusive con el oficialismo". Sin embargo, el proyecto de Gioja, para ponerlo como referencia, mantiene estos dos puntos de la legislación actual. Este sector del radicalismo entiende que la indexación anual en base a un índice oficial no debería continuar porque "el propietario se busca cubrir por la incertidumbre que tiene" en relación a la inflación, aumentando los valores de forma exorbitante. El otro punto en cuestión es el plazo de los contratos, hoy por tres años. Para este bando, el costo de acceso a la vivienda se encareció por los valores de la comisión resultante de esta extensión.
Más o menos en el mismo sentido se encuentra la postura de la UCR oficial de Mario Negri. El trabajo deberá ser arduo en comisiones para lograr un consenso que "arregle" los dos artículos de "la ley de Daniel Lipovetsky". El recuerdo a la militancia y el impulso PRO para avanzar con una normativa que hoy cuestionan y muchos en sus filas piden derogar. Son los mismos puntos citados anteriormente, la indexación y el plazo.
Planes sociales
En la reunión del martes, Evolución charló sobre el debate en torno a las ayudas económicas por parte del Estado. La postura del PRO no fue compartida por este sector que ya salió a criticarla en redes sociales con una publicación de Emiliano Yacobitti y la réplica de Martín Lousteau, las dos figuras más importantes del espacio.
"No son los planes sociales la causa de la pobreza. Existen porque no hemos sido capaces de generar empleo", dijo Yacobitti y agregó que "debemos mantener los planes sociales pero deben ser un incentivo a la productividad, capacitando a sus beneficiarios en habilidades, inculcándoles la cultura del trabajo, dándoles trabajo e incluyéndolos socialmente". El diputado sostuvo que "se critican los planes, que van dirigidos a los sectores más indefensos de la sociedad pero se pasan por alto los subsidios al transporte y a la energía de los que pueden pagar", en relación a la discutida segmentación de tarifas y "ni que hablar de los sectores empresariales "protegidos" y contratistas privilegiados del Estado".
Con esta declaración, el radicalismo de Evolución se distanció del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con quien mantienen una relación de co-gobierno en la Ciudad. El precandidato a la presidencia por el macrismo se había quejado esta semana y, en lenguaje de redes sociales, gritó "HAY QUE SACARLES LOS PLANES SOCIALES A QUIENES CORTEN LAS CALLES Y NO CUMPLAN CON LA LEY". Las mayúsculas fueron suyas, un recurso que no suele utilizar y que claramente fue pensado para darle impulso a su posición que lo acercó más a los halcones que a las palomas.
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