Entre el domingo y el lunes se acelerará la comunicación pública para lograr que la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) sea ley el próximo martes 29 de diciembre en una sesión que comenzará a las 16. Hay tres panoramas posibles que indican una incertidumbre absoluta sobre el resultado que podrá arrojar la votación en tan sólo dos días: el rechazo de la media sanción en la Cámara Alta; la aprobación sin modificaciones y la conversión automática en ley; y un escenario de cambios en el Senado para que el proyecto vuelva a Diputados a principios del año que viene. El sector verde apunta a la segunda. A que sea ley ya. Algunos son optimistas y señalan un poroteo favorable pero otros son más pesimistas. Algo así como una montaña rusa de emociones. Lo cierto es que nada es certero y que la mejor estrategia, al menos es la que se eligió desplegar, apunta al bajo perfil, a los convencimientos en silencio, a la rosca política y a evitar el clima triunfalista par poder seguir negociando.
Como ocurrió con otras medidas importantes, el proyecto de aborto legal tuvo sus contratiempos por errores de comunicación interna. Figuras clave del oficialismo en el Congreso, esas encargadas del armado y la contención, se enteraron de la iniciativa por los medios. Si bien siempre fue una posibilidad que el texto ingresara a Diputados este año, no se sabía cuándo. Esto derivó en una especie de cortocircuito Ejecutivo-Legislativo: desde el parlamento apuntan que el proyecto entró sin los votos asegurados y desde Rosada cuestionan que no se pueden mandar sólo los que ya tienen acuerdos porque, con esa lógica, muchos no hubieran ingresado. Más allá de eso, que es anecdótico, se armó un tándem efectivo que logró avanzar en la Cámara Baja y acercar posiciones en la Alta con modificaciones consensuadas durante diciembre.
Si bien desde el sector verde ("sector" porque no se puede aplicar la ley de postura homogénea dentro de los partidos políticos, bloques o interbloques) apuestan a lograr los acuerdos necesarios para evitar un desempate en el recinto y aprobar el texto sin modificaciones, no se descarta que el 2020 culmine sin una ampliación de derechos pero el 2021 podría arrancar concretándola. Es, junto a la vacuna, la buena noticia que se puede dar en un año tan complejo.
Acá comenzaron a jugar fuerte algunos senadores “girses” - de esos que podrían acompañar la ley en general pero no en particular y hacer caer algún artículo clave – que se plegaron a un reclamo solicitado en Diputados: ponerle un tope de tiempo a los abortos por causales legales autorizados después de la semana 14 (hasta la semana 14 serían legales bajo cualquier circunstancia). En la Cámara Baja se habló de la semana 24 y en la Alta de la 22. El acuerdo tácito pero no tan tácito es claro y sencillo. El proyecto tiene que sancionarse el martes (o miércoles) y cualquier cambio pasará a manos del Ejecutivo para la reglamentación. De este modo se evitarían dilaciones en la concreción de la normativa y todos quedarían contentos. Pero ese acuerdo está basado en la confianza. La confianza de que el Gobierno cumplirá y tomará esas sugerencias. Al parecer, algunos no la tendrían y podrían demorar todo. No muchos días, pero algunos días.
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Una de las incógnitas que se presentaron en las últimas jornadas gira en torno al rol del radical-Evolución, Martín Lousteau que, si bien tiene una postura clara a favor de la IVE, no hizo pública una “bajada de línea” dentro de la UCR para acompañar el proyecto. Ese fue el cuestionamiento que llegó desde algunos sectores del Frente de Todos. Sin embargo, fuentes cercanas al senador aseguraron a El Destape que el porteño está trabajando junto a las senadoras Guadalupe Tagliaferri - PRO - y Pamela Verasay - UCR - para conseguir la mayor cantidad de voluntades verdes posibles y que el texto salga sin modificaciones. Una estrategia que definieron como negociación silenciosa. “Esperemos que el silencio de sus frutos”, dijeron a este medio desde otro de los bloques.
En algo que coinciden todos los senadores y senadoras verdes, no importa el partido político, es en el escollo que significa el formoseño José Mayans, jefe del bloque del Frente de Todos, para algunas negociaciones. Es quien encabeza el intento antiderechos de bloquear la aprobación de la ley y quien criticó, entre otras cosas, la metodología que su propio Gobierno estipuló para el tratamiento del texto. Esta semana, de hecho, se concentró en mandar un mensaje religioso por el 24 de diciembre, lo que es una clara señal para enfatizar su postura, una que mantiene hace muchos años y es coherente con su pensamiento, según dijeron desde el Gobierno.
Hay que pasar Navidad. Después de una semana, signada por fechas religiosas, comenzará la rosca política más fuerte por parte de algunos sectores. En diálogo con este medio, entendieron que el debate salió de las portadas y tapas de los portales o diarios por lo que es necesario volver a darle protagonismo. Ese alejamiento mediático se debió, en parte, a la estrategia del Senado. El tema es tan sensible, los convencimientos son tan quirúrgicos y los escraches son tan fuertes que lo mejor, entendieron, fue evitar las exposiciones.
En la tarea de evitar exposiciones también entra la figura de Cristina Kirchner. En el Senado apuestan a no llegar a la instancia de una definición por penales que requiera del desempate de la vicepresidenta. Para eso, desde Casa Rosada trabajan fuerte con llamados telefónicos y reuniones con legisladores que llegaron a ocupar una banca gracias al espacio que el Frente de Todos les dio y hoy piensan elegir la opción antiderechos. Pero también con quienes deben reelegir y buscan un lugar en la boleta.
Una jugada similar está haciendo el ex presidente Mauricio Macri con comunicaciones personales, según dijeron fuentes de Congreso y Gobierno, y resultados favorables en algunos casos. Favorables como los que también tuvo el oficialismo verde. El salteño Sergio Leavy adelantó que votará a favor si es necesario, a pedido de Alberto, y el entrerriano Edgardo Kueider dio indicios de acompañamiento al proyecto. Era uno de los indecisos que acompañó el dictamen de mayoría pero en disidencia – o sea con la intención de hacer cambios -.
El caso de Leavy es complicado. Ya mantuvo encuentros con Alberto y aseguró que votaría a favor del proyecto en caso de ser necesario pese a que su postura es opuesta. Sin embargo, está recibiendo muchos escraches del sector antiderechos con afiches y fotos de bebés para que no lo acompañe. Por eso, en declaraciones públicas a un medio local “pro vida”, el miércoles dijo que aún no se definió. Será un eslabón a seguir de cerca.
Hoy quedan dos indecisas: Lucila Crexell, del Movimiento Popular Neuquino, que se abstuvo en 2018 pero no tendría una postura negativa – la tarea es lograr que vote verde -, y la radical Stella Maris Olalla. También está en dudas la participación del “pro vida” Carlos Menem, internado por su delicado estado de salud. Además, algunos que hace dos años votaron a favor podrían dar vuelta su postura por presiones y requieren de la atención de las miradas más incisivas. Si algo queda claro a esta altura es que los convencimientos no llegarán por los argumentos sanitarios sino por la política.
En esa tarea de rosca, algo que cuestionaron fuentes legislativas muy metidas en el armado político para que sea ley, la intervención del Ejecutivo llegó un poco tarde, recién para el ajustado tratamiento en el Senado. No hubo una bajada de línea en Diputados porque la media sanción era segura y los llamados empezaron un poco después de lo deseado. Si el proyecto tuviera que volver a la Cámara Baja, esperan una participación más activa si bien es más que segura su aprobación. Pero, si ese llegara a ser el caso, el 2020 no terminaría con ampliación de derechos. Será agenda temprana del 2021. De todos modos, el “plan A” sigue siendo el mismo: que los acuerdos estén y que el 29 de diciembre podamos decir que es ley.
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