A las 10 de la mañana comenzó la segunda jornada de expositores para debatir el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la tercera si se cuentan las ponencias de los funcionarios elegidos por el Poder Ejecutivo para defender la iniciativa. En esta ocasión, los senadores y senadores escucharon a 24 especialistas enfocados en el eje sanitario de la legalización del aborto, doce a favor y doce en contra. Mañana habrá diez más y se espera la firma del dictamen para la tarde.
Al igual que el martes, las ponencias se dividieron en dos tandas. La primera durante la mañana y la segunda por la tarde. Cada seis especialistas, los senadores realizaron preguntas para evacuar dudas. El debate no estuvo exento de polémicas. Una de las convocadas por el lado "celeste" comparó a la interrupción del embarazo con el holocausto y rápidamente salieron a cruzarla.
Primera tanda de expositores
En el arranque, la primera de las expositoras, Estela Manzano, médica ginecóloga y especialista en medicina legal del hospital zonal de Trelew (Chubut), se pronunció a favor de la iniciativa del Poder Ejecutivo, al señalar que la legalización "evita secuelas físicas y sufrimiento psíquico de las mujeres por haber sido forzadas" a llevar adelante un embarazo no deseado.
Manzano consideró que el principal motivo para aprobar la norma "es que no se pueden salvar las dos vidas porque un aborto a cualquier edad gestacional es menos peligroso que un parto de acuerdo a todas las estadísticas". Además dijo que "es imposible evitar la aparición de las enfermedades que el propio embarazo causa en el tercer trimestre" y evaluó que "ninguna persona debe ser obligada a sacrificar su vida para salvar la vida de otro".
María de Uarraza, médica obstetra y detractora del proyecto, opinó que se busca "legitimar el aborto a libre demanda y sin límite de edad gestacional, aumentar la cantidad de abortos y ampliar cobertura de aborto irrestricto en todo el país y amedrentar a los médicos que se resisten a obrar en contra de las leyes de la humanidad". Aseguró que "no hubo complicaciones en los hospitales porque no las registraron", sostuvo que "los que mandan en los hospitales públicos son los abortistas" y dijo que esas complicaciones "generan una situación tremenda para el personal" como "neonatos que nacen vivos".
Respecto a los costos del sistema de salud, Sonia Tarragona, del Ministerio de Salud de la Nación, precisó que hoy "se gasta mucho más por no hacer los abortos en el sistema legal que si se hicieran dentro del sistema" y afirmó que el sistema de salud gasta entre 2,6 por ciento más que si se decidiera avanzar en la legalización". Y agregó que "el argumento del costo no debiera ser un argumento para avanzar en esta práctica, es falaz creer que nos va a costar más caro como sistema", sostuvo la funcionaria, que defendió la propuesta de legalización, con media sanción de la Cámara de Diputados.
Para Tarragona, "un 75 por ciento de los abortos tiene contactos igual con el sistema de salud (aunque se practiquen en el sector privado), lo que significa que si bien la practica se hace fuera del sistema porque es ilegal, el resto de las atenciones que requiere el aborto como el control o terminar un aborto incompleto terminan llegando en el sistema de salud". La funcionaria precisó que un aborto incompleto le cuesta al sistema de salud pública unos 85.000 pesos por práctica y que el costo anual sería de 51 millones de pesos.
Segunda tanda de expositores
Durante la tarde, en el segunda tanda, Stella Manzano, ginecóloga y especialista en medicina legal, defendió la propuesta al considerar que "salva vidas de niñas embarazadas por violación que triplican su riesgo de morir en el parto con respecto a las más grandes". Para María de Urraza, médica obstetra, en cambio, la iniciativa tiene como meta "promover el aborto genésico, legitimar los que ya se realizan en hospitales, el aborto a libre demanda y sin límite de edad gestacional y amedrentar a los médicos que se resisten a obrar contra su conciencia". La exposición de esta especialista fue cuestionada por algunos senadores en el turno de las preguntas, como el senador Matías Rodríguez y Nancy González, del Frente de Todos, por sus dichos respecto a que la decisión de la mujer de practicarse un aborto implica "un suicidio emocional".
Mariana Romero, del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, ponderó las consejerías que buscan acompañar a la mujer gestante como "espacios de consulta" en los que "nadie obliga a nadie" y sirven para "ofrecer información de calidad". Por su parte, Analía Mesina, jefa del servicio de Obstetricia del hospital Alvarez y de la Red de Acceso al Aborto Seguro, advirtió que "la negación del aborto es un embarazo forzado y rechazó que haya "estudios científicos que explican que solo por ser portadora de mandatos biológicos se someta a la mujer a un embarazo forzado sin oportunidad de elegir".
Gabriel Flores Ciani, médico psicoterapeuta, explicó su rechazo desde la neurociencia, al señalar que la gestación "es un proceso en el cual la mente humana de la mamá se va armando y preparando para ser una persona gestante". El especialista afirmó que por ello "el cerebro (de la gestante) está preparado para aceptar la maternidad" y sostuvo que "biológicamente, más allá de si tuvo una violación o un embarazo no deseado, la psiquis de la mamá está preparada para amar a su hijo".
Angélica Sarmiento, ginecóloga y especialista en bioética, advirtió que este proyecto de ley "prostituye" a la profesión de los médicos "convirtiéndolos en verdugos para destruir dos vidas" y cuestionó a quienes "niegan que un embrión sea humano" ya que "genéticamente lo es". Noelia Vera, secretaria de la Igualdad y contra la Violencia de Género de España, precisó que en ese país la legalización no aumentó la cantidad de abortos y afirmó que "la mayoría de las mujeres toman la decisión antes de las nueve semanas" de gestación y no han utilizado la práctica "como método anticonceptivo de partida".
El exministro de Salud de la gestión de Cambiemos, Adolfo Rubinstein, sostuvo que el aborto existe, "existía cuando el presidente Mauricio Macri habilitó el debate en 2018 y sigue existiendo ahora que el presidente (Alberto) Fernández envió el proyecto y sigue estando en la agenda social de nuestro país" por lo que pidió su aprobación.
Héctor Barceló, director del Departamento de Bioética de la Fundación Barceló, cuestionó que la norma "obligue a todas las prestaciones a pagar todos los abortos" y afirmó que "no otorga a ningún derecho, sino que restringe los derechos de una amplia mayoría de la población coartando el derecho a la vida, a la privacidad y a llevar a cabo un proyecto de vida digna".
Cerrar sesión