El diputado nacional de Unión por la Patria Ramiro Gutiérrez presentó este martes un proyecto de ley que prohíbe la comercialización y tráfico de órganos humanos, con el objetivo de garantizar y reforzar los derechos de las personas, modificando la actual ley 27447, que regula el trasplante de órganos, tejidos y células.
Al respecto, Gutiérrez advirtió: "Es urgente que reforcemos penalmente toda la cadena de extracción, comercialización, almacenaje, distribución e implante ilegal de órganos y tejidos humanos”. A mediados de 2022, el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, había dicho sobre la venta de órganos: "Mi primera propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo? ¿Acaso el Estado no dispone de mi cuerpo, cuando en realidad me roba más del 50% de lo que genero? O sea, hay un doble standard: para que el Estado me esclavice, entonces sí, pero si yo quiero disponer de una parte de mi cuerpo por el motivo que fuera, ¿cuál es el problema?"
Gutiérrez señaló que, con esta iniciativa, se suman "penalidades para el receptor del órgano de mala fe a sabiendas del origen ilícito ya que con la ley actual solo los médicos y auxiliares de salud podían cometer esta clase de delitos”. Asimismo, el legislador nacional sostuvo que “ya no habrá más vacíos legales, porque ahora cualquier rol en esa cadena que pueda ser cometido por cualquier persona podrá ser penado con hasta 12 años de prisión”.
“Los médicos y personal de salud involucrados en estos delitos, además de perder la libertad, serán inhabilitados de por vida para ejercer o auxiliar en el arte de curar”, aseveró Gutiérrez y añadió: "Establecimos como agravante el concurso premeditado de tres o más personas y el tráfico internacional de órganos humanos”.
Además, el diputado de Unión por la Patria expresó: “También incorporamos como delito agravado la subasta física y en red de órganos, así como también el turismo de comercialización e implante de órganos, ya que de ahora en más no solo será delito extraer los órganos sino también implantarlos ilegalmente”. Por último, manifestó que “esta reforma afianza y garantiza el sistema legal argentinos de recepción y defensa de los derechos humanos fundamentales”.
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