Después de las intensas sesiones legislativas que tuvieron lugar para aprobar el acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional, esta semana el Congreso Nacional retoma una nutrida agenda de trabajo que incluye los debates por la nueva ley de alquileres, por la reforma al Consejo de la Magistratura y por el proyecto de Ley para la creación de un Fondo Nacional para cancelar la deuda con el FMI.
El tratamiento de la reforma del Consejo de la Magistratura será lo que se trate con mayor urgencia debido a que la Corte Suprema fijó como fecha tope el próximo 14 de abril para la sanción en ambas cámaras de una nueva ley, tras declarar inconstitucional la que se encuentra vigente. En cuanto a la expectativa de lograr una nueva ley de alquileres, el oficialismo y la oposición acordaron consensuar el nuevo texto en un plazo de 30 días.
Además, en la víspera de retomar el trabajo parlamentario, la bancada del Frente de Todos (FdT) y el interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) de la Cámara de Diputados alcanzaron un acuerdo para conformar las comisiones que, según indicaron fuentes parlamentarias a El Destape, se haría efectivo este martes. El esquema de consenso al que arribaron el oficialismo y la oposición para la conformación de las 46 comisiones de la cámara baja contempla que el FdT se quedará con la presidencia de 23 comisiones y JxC con la de 22. La restante quedará para el interbloque Federal.
En la Cámara de Diputados
La Cámara de Diputados comenzará a debatir esta semana en comisión una reforma de la ley de alquileres, con el eje puesto en modificar el plazo de vigencia de los contratos entre propietarios e inquilinos, así como el sistema de actualización de los mismos.
La discusión se dará en la comisión de Legislación General, que se conformará este martes a las 15, a partir de un acuerdo alcanzado el miércoles pasado por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, con titulares de los bloques de la UCR, Mario Negri, y del PRO, Cristian Ritondo, que conforman el interbloque Juntos por el Cambio.
El acuerdo entre el FdT y JxC establece que a lo largo de 30 días hábiles -equivalente a alrededor de 45 días corridos- se discutirán las reformas a la ley de alquileres que se encuentra vigente en la actualidad, que entró en vigencia el año pasado, con el objetivo de lograr un dictamen mayoritario entre las principales fuerzas políticas.
La necesidad de alcanzar un acuerdo es necesario para poder aprobar las leyes debido a la extrema paridad numérica que existe entre el Frente de Todos -el bloque conducido por Germán Martínez- y Juntos por el Cambio. El oficialismo tiene 118 miembros y la principal fuerza de oposición suma 116 integrantes.
En el encuentro del martes se establecerá el cronograma de trabajo del grupo asesor del cuerpo legislativo para poder emitir un dictamen de consenso en base a los doce proyectos presentados por legisladores de diferentes fuerzas políticas, luego de agotar el debate tras escuchar a las asociaciones de inquilinos y propietarios.
En la Cámara de Senadores
El Senado debatirá esta semana el proyecto de ley que busca modificar el funcionamiento y la integración del Consejo de la Magistratura, luego del acuerdo al que arribaron el oficialismo y bloques provinciales para dar mayor federalismo al organismo y otorgar mayor igualdad de género.
A fin de la semana pasada, un plenario de comisiones emitió dictamen favorable a una iniciativa unificada entre el FdT y los senadores de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilnek, y del Frente de la Concordia, Magdalena Solari Quintana, quienes habían exigido incorporar mayor federalismo y mayor igualdad de género a la propuesta oficial. El dictamen de mayoría fue firmado por el oficialismo y sus aliados, mientras que que Juntos por el Cambio (JxC) presentó su propio despacho, en el que propone que sea el presidente de la Corte quien conduzca el Consejo de la Magistratura.
La administración de Alberto Fernández busca aprobar la ley antes del plazo del 16 de abril puesto por el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional a la actual composición del Consejo de la Magistratura y pidió una nueva norma antes de esa fecha. De no cumplir con el plazo perentorio, que vence el 15 de abril, el cuerpo quedará inhabilitado para firmar resoluciones tras esa fecha y a su vez, será obligado a retomar la integración que tenía antes de la ley de 2006, cuando eran 20 miembros y no 13.
Otro de los temas que ocupará a partir de esta semana al Senado es el debate en comisión del proyecto de ley que propone crear un "Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI" con fondos fugados al exterior, presentado con la firma de la amplia mayoría del Frente de Todos (FdT).
La meta del bloque que conducen José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, senadores del FdT por Formosa y Mendoza, respectivamente, es abrir la discusión en un plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda. Según informaron a Télam fuentes del bloque, la idea es comenzar el tratamiento y convocar a especialistas antes de dictaminar y llevar el tema al recinto.
Según el texto que se conoció la semana pasada, la vigencia del Fondo será hasta la cancelación total de la deuda con el FMI, o hasta el plazo que fije el Poder Ejecutivo y sus recursos serán exclusivamente destinados a este fin y deberán contemplar los montos previstos o reservados para los incentivos a los colaboradores que contribuyan a identificar evasores. Además el texto afirma que el Fondo será administrado y gestionado por el Ministerio de Economía, y el proceso de contralor, fiscalización y supervisión de su gestión será realizado por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso.
La iniciativa establece que el aporte del blanqueo "no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos, ya que solo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior y estén evadiendo impuestos o lavando dinero". Los alcanzados por este aporte deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, porción que deberá ser abonada en dólares.
El proyecto indica también que "en el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%", y agrega que quienes no se allanen al pago de este aporte "corren el riesgo de tener una pena en prisión", tal como lo estipula la ley vigente. La norma también alcanzará a quienes hayan hecho un cambio de residencia fiscal a otro país, "cuando el verdadero centro vital de intereses continúe siendo la República Argentina".
Con información de Télam y NA
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