El fuerte lobby empresarial encabezado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (conocida como AmCham, por American Chamber) y el rechazo de la oposición en Diputados hace tambalear el proyecto de Ley de Envases, que debería tratarse esta semana. En la última semana comenzó una fuerte campaña para desnaturalizar y tergiversar el sentido de la iniciativa, pensada por cartoneros y cartoneras de todo el país, las organizaciones sociales que los nuclean, y que originó el proyecto presentado por el Ministerio de Ambiente con la firma del presidente Alberto Fernández.
El proyecto está basado en el principio de Responsabilidad Extendida al Productor (REP), por lo que las empresas productoras deberían hacerse cargo del costo de los envases que colocan en el mercado, mediante una tasa del 3% como máximo. Además, el objetivo es fortalecer los Sistemas de Reciclado con Inclusión Social que apuntan a mejorar y dignificar el trabajo de los cartoneros y cartoneras, y podría ofrecer una solución posible a la problemática de residuos sólidos urbanos.
Los principales cuestionamientos de los diputados de Juntos por el Cambio, en línea con algunas cámaras empresariales, son que el sector no resiste una mayor presión tributaria y que la carga recaerá sobre los consumidores, generando más inflación.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, destacó en declaraciones a El Destape Radio que “Coca Cola está de acuerdo. Quilmes y Danone también”. Contó que se reunió personalmente con esas empresas, que “la casa matriz de Coca Cola brega por estas políticas porque son parte de las buenas prácticas”, y advirtió que la AmCham “la está pifiando”.
Cabandié explicó “la ley cobra una tasa si la empresa no busca nuevos mecanismos y reduce el plástico”, y aclaró que para “los que usan menos plástico, la tasa baja o se elimina”.
El dirigente social Juan Grabois, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), una de las organizaciones que impulsa el proyecto, denunció ante la Oficina Anticorrupción que la AmCham ofreció en el Congreso, a varios diputados, una invitación por parte de la Fundación Centro de Estudios Americanos (CEA) para participar de un programa denominado “Generando espacios de diálogo público-privado”, a realizarse en la ciudad de Washington durante los días en que debería tratarse la Ley de Envases en la Cámara de Diputados.
“Un lobbista ofreció dádivas a diputados para votar en contra de la Ley de Envases”, escribió Grabois en su cuenta de Twitter, y difundió la invitación, que ofrece una beca que incluye traslado aéreo y alojamiento, en una una nota que publicó en el portal elDiarioAr.
El proyecto fue presentado hace un mes por Cabandié junto al presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, el diputado nacional Federico Fagioli, y Jacquelina Flores, de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), con más de 10 mil trabajadores que se movilizaron al Congreso en “la marcha cartonera más grande del mundo”.
Otro de los ejes de la oposición al proyecto es que se trata de “un nuevo impuesto para la caja política” o “una alcancía para La Cámpora”. La respuesta del oficialismo es que una tasa ambiental, a diferencia de un impuesto, no tiene fines recaudatorios. Y que los fondos, según el proyecto, serían administrados por el Ministerio de Ambiente y destinado a los municipios -que hoy gastan entre el 10 y el 40% de su presupuesto en la gestión de residuos- con asistencia de un Consejo Consultivo del que participarían también los sectores empresarios y de trabajadores.
La diputada Daniela Vilar, una de las impulsoras de la ley, y dirigenta de La Cámpora, dijo esta semana en El Destape Radio que “el proyecto ya tuvo todo el rebote del lobby empresarial y mediático”, y que “en todo el mundo las empresas se hacen responsables del impacto ambiental que generan sus envases”.
Vilar también apuntó que “la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham) es la que hace lobby contra el Envase con Inclusión Social. Las empresas quieren que la disposición final de los envases quede entre privados y que no haya regulación desde el Estado”.
El diputado Federico Fagioli, otro de los principales defensores de la ley, dice a El Destape que "lo que está pasando con el proyecto no es algo nuevo. No sorprende cómo están actuando las y los diputados de la oposición, las grandes empresas y los medios hegemónicos de comunicación. No sorprende porque ya lo vivimos con la ley de etiquetado. Juntos por el Lobby, una vez más, da sobradas muestras de los sectores a los que representa y de que no le interesa legislar para transformar, sino para cuidar sus bolsillos. Están cediendo ante presiones extranjeras y esto es realmente muy grave”.
El diputado del Frente de Todos agrega que “es la primera iniciativa en el mundo de estas características que contempla un eslabón fundamental en la economía circular: el de las y los cartoneros. El lobby y las mentiras que quieren instalar no nos van a frenar, porque sabemos que es avanzar en esta dirección o nuestra bandera flameará sobre montañas de basura".
Desde la FACyR advirtieron “con preocupación que un sector minoritario de corporaciones insista con modelos de autorregulación empresarial en la gestión de envases que han demostrado su fracaso en Argentina y otros países del mundo”.
La federación de cartoneros destaca que “el valor de la tasa no depende del valor del producto, ni es un impuesto sobre el valor del producto en el mercado”, por lo que no tendría impacto en el precio final del producto.
“El proyecto de ley incentiva a las empresas a fabricar envases más amigables con el ambiente a través de una tasa ambiental, que es determinable en función del costo de la gestión del envase y varía según la composición del mismo. Es decir que, cuanto más ecológico es el envase, menor es el valor de la tasa”, aclara la FACyR en un comunicado con el título “Basta de mentir para no pagar”.
La FACyR advierte también que “la experiencia internacional muestra el fracaso de la autorregulación de los productores y de facultar a las empresas para que se supervisen a sí mismas a través de sistemas de gestión propios”. Eso, según explicaron, deriva en casos de “greenwashing”, donde las corporaciones realizan grandes campañas publicitarias para “lavar su imagen y parecer ‘eco friendly’”, sin hacer cambios en la composición de los envases ni dar una solución real a la problemática.
Argentina produce, en promedio, 1,15 kilos de desechos diarios por habitante, que equivale a casi 45.000 toneladas diarias para el total de la población, y alrededor de 16,5 millones cada año. Una tonelada cada dos segundos.
Los envases plásticos representan el 25 por ciento de la basura y solo el 8 por ciento se recicla, por lo que la mayoría termina en alguno de los más de 5000 basurales a cielo abierto, rellenos sanitarios, en los ríos o en el mar.
Apenas el 20% de los residuos sólidos urbanos generados son envases post consumo, y se recuperan como máximo un 10% de los residuos generados. Hay unos 150.000 cartoneros y cartoneras que evitan que el sistema colapse mientras trabajan en pésimas condiciones, en muchos casos en los propios basurales sin baños, agua, ni techo para cubrirse del sol o la lluvia.
Sin embargo, desde la Federación aclararon también que el proyecto “no busca regular el trabajo de los cartoneros y cartoneras, sino regular la gestión de los envases”.
Por último, Fagioli asegura que “nosotros vamos a seguir construyendo el camino del consenso, vamos a reunirnos con todos los que tengamos que reunirnos para construir acuerdos y así llegar al mejor proyecto posible, porque es fundamental e histórico que salga”.
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