El joven de 22 años infectado con coronavirus que se subió a un Buquebús y viajó de Uruguay a la Argentina junto a más de 400 personas, el 19 de marzo pasado, fue procesado este lunes por el juez federal Luis Rodríguez. El magistrado lo consideró “’prima facie’ autor penalmente responsable del delito de violación de medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la propagación de una epidemia”. No le dictó la prisión preventiva y le trabó un embargo de 25 millones de pesos.
De acuerdo a Rodríguez, el joven “lejos de colaborar, demoró en informar lo que se anteponía a cualquier otra cuestión al tomar contacto con la autoridad sanitaria". Su intención, destacó el magistrado, fue “abordar la embarcación de la empresa Buquebus junto con una multitud de personas, omitiendo dar información de crucial relevancia en términos sanitarios a lo cual, además, estaba obligado a brindar en miras a proteger el bien común de la sociedad en general”.
Uno de los datos que surge del procesamiento es que hay al menos otros 5 infectados por COVID-19 que viajaron en el mismo Buquebus, lo que está siendo investigado por la Justicia.
Rodríguez procesó al joven (cuyas iniciales son L.S) por infringir el artículo 205 del Código Penal, que establece una pena de “prisión de seis meses a dos años”.
L.S se había realizado los estudios médicos en Uruguay el 18 de marzo y viajó a la Argentina al día siguiente, apresurado por el cierre de fronteras, sin aguardar el resultado mientras las autoridades del país vecino lo intentaron contactar sin éxito para notificarle que había dado positivo. Uno de los argumentos del juez para procesarlo fue que se subió al buque Juan Patricio a sabiendas de que podía estar infectado. Venía de España y Francia.
El acusado, resaltó el magistrado en el procesamiento, “firmó una Declaración Jurada emitida por Sanidad de Frontera, declarando que no posee síntomas de COVID-19”. Si bien el joven era asintomático y no tenía fiebre, a las 19.29 había recibido un mensaje en su celular en el que se le informaba que era positivo y estaba infectado por el COVID-19: “Hemos querido comunicarnos con Ud. Estamos enviando resultado de coronavirus para su conocimiento, el mismo ha sido positivo”, se le había comunicado.
En este marco, se imputó a L.S "haber violado las medidas de seguridad establecidas en el orden nacional y local - CABA- con motivo de la pandemia declarada en relación al virus COVID 19 -coronavirus“, remarcó Rodríguez.
La denuncia contra el acusado la realizó el Ministerio de Salud de la Nación, que consideró que el joven “claramente no sólo había puesto en riesgo la salud de la totalidad de los cuatrocientos cuatro (404) pasajeros y sus diecinueve (19) tripulantes, sino a la totalidad de la población de nuestro país al dejarla expuesta a la posible expansión de un contagio pese a las inmediatas y urgentes medidas sanitarias que se efectivizaron”.
El que comunicó el caso a la cartera nacional el 19 de marzo fue el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, quien había sido anoticiado por un médico, según surge del expediente. La rápida y coordinada reacción permitió contener a los pasajeros apenas arribaron a la ciudad de Buenos Aires.
¿Qué sostiene el abogado del joven, Mariano Cúneo Libarona? Que su defendido se notificó de que era positivo cuando ya estaba embarcado. Es su principal argumento. "Desconocía el diagnóstico al momento de abordar", aseguró el letrado, públicamente. En declaraciones televisivas, Cúneo Libarona desarrolló las líneas generales de la defensa de su cliente. Dijo que el joven estaba estudiando en España por un programa de intercambio y que cuando explotó la pandemia se fue a Francia. En el escrito que presentó en el juzgado dijo que partió hacia allá porque tenía a un amigo. De ahí viaja al Uruguay, el 15 de marzo, y apura su traslado a la Argentina cuando se entera que podían cerrarse las fronteras. En la República Oriental -donde se reencontró con amigos- se hace el estudio. En el primer texto que el acusado presentó para hacer su descargo dijo que siempre se sintió “perfecto” y no tuvo fiebre. Incluso, según se desprende de la causa, tampoco la tuvo en el buquebus.
L.S también sostiene que él mismo informó a la tripulación de que estaba infectado por el COVID-19 cuando le llegó el mensaje al celular, algo que fue controvertido por el magistrado.
Lo que está claro es que L.S no esperó el resultado de los estudios y regresó a Buenos Aires. Tampoco cumplió la cuarentena en el país vecino, que según el juez se había establecido el 13 de marzo. El propio comunicado que emitió Buquebus el 19 de marzo resaltó esa falta: “Debido a la presencia de un pasajero diagnosticado con Covid-19 que evadió la cuarentena en Uruguay, se está realizando a bordo del buque Juan Patricio una exhaustiva desinfección de acuerdo a los protocolos sanitarios”.
El juez se preguntó por qué L.S se hizo el estudio para ver si estaba infectado. Evidentemente, razona, tenía una fuerte sospecha de estar contagiado.
En este contexto, para el magistrado es central el mensaje en el que le confirman que estaba contagiado: “Controvierte su descargo”, indicó. Y agregó que demoró “media hora desde que tuviera cabal conocimiento que su resultado era positivo para COVID-19, para finalmente transmitirlo con esa demora a la autoridad competente, actitud que inequívocamente debe equipararse a una transgresión de aquellas medidas que la autoridad dispusiera para evitar contagios en el escenario de emergencia mundial”.
A pesar de que era un caso asintomático, para el juez había sobrado motivos “para no emprender en ese momento un viaje en un buque con más de cuatrocientas (400) personas, con otra señal también llamativa que fue la decisión de embarcarse usando barbijo”. “No debió abordar la embarcación hasta tanto contara con una confirmación de no contagio, toda vez que la salud de los demás pasajeros y tripulantes se erige como un bien jurídico de mayor importancia que su entendible interés de repatriarse”, agregó el Rodríguez. Y resaltó que en el país vecino también circulaba el “alerta” por este caso.
Embargo
El juez le trabó al joven un embargo de 25 millones de pesos. Y remarcó: “Habrá de tenerse en especial consideración el perjuicio ocasionado al Estado Nacional y local y/o a los particulares –empresa Buquebus, demás pasajeros y tripulación”.
En el procesamiento, Luis Rodríguez destacó que el Estado debió realizar diversa “erogaciones”, entre las que se cuentan los gastos del “andamiaje sanitario” que se estableció para “relevar el estado de salud del pasaje completo que viajaba en el buque”, “los alojamientos momentáneos en hoteles de pasajeros para su evaluación, más las cuarentenas que particularmente a las que cada uno de ellos debió someterse”.
Cerrar sesión