La Justicia reveló irregularidades trascendentales en el sistema de recompensa por denuncias de corrupción, el caballo de batalla de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad macrista. En medio del raíd de Comodoro Py contra Cristina Kirchner en 2018 se inició en Santa Fe un nuevo expediente contra la expresidenta a través de un llamado anónimo. El propio Gobierno remitió la acusación para que sea investigada, lo que derivó en el malgasto de tiempo y dinero público y en el descubrimiento de falencias elementales en la línea 134.
Hacían 14 grados a las 9.50 del 30 de agosto de 2018 en Santa Fe, cuando el número de denuncias anónimas de la causa “cuadernos” recibió un llamado. A la persona que inició la conversación le debían dar a conocer cuestiones legales y reglamentarias e identificarla, tras lo que el sistema la etiquetó como C100-2081. De acuerdo al acta telefónica, el NN dijo que deseaba “aportar información” sobre la causa 9608/2018, la que tuvo un nuevo despegue con los cuadernos del chofer Oscar Centeno. El expediente contra Cristina Kirchner por asociación ilícita estaba en manos del difunto juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.
El anónimo se jactó de contar con la ubicación “del dinero, bienes y divisas”. Seguidamente señaló inmuebles en Coronda, Santa Fe: el hotel Costa Soñada, una casa en el barrio Conar y un corralón Contrumat, cuyos dueños habrían comprado una casa de electrodomésticos llamada Electroquars y estarían construyendo departamentos, de acuerdo a los escritos a los que accedió El Destape. Pese a que no aclaró en ningún momento cómo, acusaba que todo esto de alguna manera se vinculaba a la causa contra la entonces senadora nacional.
Tras analizar la información brindada por C100-2081, la anterior gestión del Ministerio de Seguridad entendió que se trataban de hechos distintos de los que abordaban Bonadio y Stornelli, por lo que lo remitió al Juzgado Federal 2 en Santa Fe, de turno en aquel día. En la carta donde transfiere el acta, la Subsecretaría de Articulación Judicial pidió que se investiguen “ciertos hechos delictivos de su competencia, para su conocimiento e intervención”. Bullrich consiguió así que se abra una nueva causa que apuntaba contra Cristina Kirchner, caratulada “denuncia sobre asociación ilícita”.
La Fiscalía Federal 2 de la ciudad santafesina, a la que le cayó el caso, sostuvo que no parecían haber indicios de delitos, pero como fue referido por el Poder Ejecutivo, pudo haber pensado que los funcionarios habían realizado un análisis exhaustivo antes de enviar el documento. Por eso, el 23 de octubre de 2018, tras dejar constancia de su escepticismo inicial llevó adelante múltiples diligencias para establecer la existencia de sucesos plausibles.
Colaboraron en la pesquisa del fiscal Walter Rodríguez la Dirección de Investigación Patrimonial del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional y la Dirección de Catastro provincial.
Los resultados fueron contundentes: ninguna de las propiedades estaba relacionado a las personas denunciadas. “Si bien la redacción confusa del documento deja espacio a dudas, puede inferirse que la denuncia tenía por objeto revelar la existencia de bienes que pertenecían a Luis Antonio Zacarías”, una persona que nada tenía que ver con una presunta asociación ilícita de Cristina Kirchner, relacionó el investigador. Y, no sólo eso, sino que concluyó que toda la información vertida por el anónimo ya era pública y había sido extraída de numerosas publicaciones periodísticas de libre acceso. Es decir, que el Poder Judicial malgastó meses y quizás millones de pesos detrás de una pista inexistente para descubrir que no había ningún delito nuevo que investigar.
Ante el flagrante bochorno, el 12 de junio de 2019, la Fiscalía le requirió a la cartera de Bullrich que revele la identidad de C100-2081, el llamador misterioso. Más allá de que se preserve su nombre ante el público, el sistema requería que todos dejen sus datos para poder entregarles la recompensa en caso de que lo que provean derive en una condena por corrupción. El Gobierno se negó a entregarlo, amparado en que se debía resguardar el anonimato de los denunciantes, de acuerdo a los registros a los que accedió este medio. Pasaron meses de excusas.
Recién con la asunción de Alberto Fernández como Presidente y Sabina Frederic como ministra de Seguridad nacional la causa tuvo una perturbadora novedad. La cartera admitió que “conforme a la documentación obrante no surgen elementos que permitan identificar al sujeto clave C100-2081”.
En este punto, en su último dictamen el fiscal interpretó que “existió un comportamiento deliberado y en abierta tensión con los fines genuinos del proceso penal” por parte de la administración anterior. Aclaró también que la causa carece “de un hecho mínimamente descripto que tenga rasgos ilícitos”. Es decir, pareciera que la cartera de Bullrich remitió la “denuncia” pretendiendo que la Justicia vaya de pesca con una causa sin fundamentos para ver si se cruzaba con alguna evidencia que incriminara a la expresidenta.
En su escrito de marzo de este año ante el Juzgado 2 de Santa Fe, al que este medio también accedió, Rodríguez planteó dos hipótesis sobre el por qué: “Nos encontramos frente a una cartera ministerial que eludió la proporción de datos pertenecientes a un denunciante, o bien, ellos fueron eliminados”. Cualquiera de estas dos razones guardan una gravedad institucional inusitada. El nivel de desprolijidad en la custodia de la información incluso abre la posibilidad de que la llamada nunca existió y que el ministerio creó un acta apócrifa. Todo esto derivó en que el fiscal solicite la nulidad de esta causa.
Recompensa por denuncias anónimas contra CFK
Fue Bullrich quien le ofreció a Stornelli el 14 de agosto de 2018 habilitar una recompensa en la causa “cuadernos” para quienes detecten bienes de la corrupción. Fue aceptada tan sólo horas después por el fiscal de Comodoro Py y habilitada al día siguiente, cuando recibió 556 llamados con datos sobre casos de corrupción. Dos semanas después acudió C100-2081 a ese número.
"Si se comprueba o esa propiedad tiene un testaferro, que fue comprada por uno de los tantos corruptos que tiene el país, al momento de la comprobación se hace un acuerdo con el fiscal y ese bien es tomado por la causa, por el Estado en la Justicia y se le paga a la persona el 5% del valor o hasta 2 millones de pesos", había detallado la funcionaria en ese momento.
Toda esta maniobra se dio en un momento sensible en el que Comodoro Py se metió de lleno a jugar en la política. Pocas semanas atrás, Bonadio había pedido el desafuero de Cristina Kirchner y el 22 de agosto el Congreso permitió el allanamiento de sus inmuebles. Cambiemos sancionó en el Parlamento también en ese mes la ley de extinción de dominio, que permite que se le separen los bienes a las personas que cometieron delitos económicos. Este proyecto fue utilizado por el macrismo como la herramienta para recuperar dinero presuntamente usurpado durante el kirchnerismo con el famoso lema del “PBI robado”, que denota la ignorancia de sus repetidores, que desconocen cuánto representa el producto bruto de un país.
Las características de este caso derivan en la duda de si no se abrieron decenas de expedientes similares contra la ahora vicepresidenta con el mismo fin de ir de pesca. Y, en ese caso, ¿cuál habrá sido la suerte de las otras causas armadas sin pruebas ni objetivo claro más que acumular denuncias contra Cristina Kirchner?
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