La Administración General de Ingresos Públicos (AFIP) denunció penalmente a la cerealera Vicentin y a sus responsables, por el uso de facturas apócrifas para acceder a reintegros de IVA por exportaciones. El perjuicio contra el Estado argentino asciende a $110 millones y el organismo alertó que el Régimen Penal Tributario estipula penas de prisión para el tipo de maniobras denunciadas
De esta manera, la exportadora, que arrastra un default de $100.000 millones, fue denunciada por la AFIP "por aprovechamiento indebido de beneficios fiscales" ante el Juzgado Federal de Reconquista. Según indicó la AFIP, la fiscalización del organismo constató irregularidades en las empresas y personas humanas que emitían las facturas utilizadas por Vicentín, para solicitar reintegros por una suma que asciende hasta los $111,6 millones entre 2016 y 2019.
La maniobra fraudulenta fue detectada durante una fiscalización realizada por la AFIP sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos que fueron solicitados por Vicentin entre 2016 y 2019. La operatoria denunciada consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 presuntos proveedores. Es decir que la maniobra que perjudicó al Estado argentino fue perpetrada en el gobierno macrista.
A partir de eso, el organismo "pudo determinar, entre otros elementos, que las sociedades utilizadas no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería". De esta forma, las tareas de control del organismo permitieron constatar que los comprobantes presentados para justificar los reintegros "eran falsos, en tanto no denotaban actividad real", y que los 54 supuestos proveedores de Vicentin fueron "incluidos en la base de usinas de comprobantes apócrifos".
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El ente recaudador además apuntó contra los representantes de la empresa: "Durante las tareas de fiscalización, Vicentin y sus representantes tuvieron oportunidad de verificar la legitimidad de los reintegros pero omitieron presentar explicaciones, indicar medidas de prueba o efectuar otro descargo sobre los hechos denunciados".
La firma Vicentin, que recibió préstamos multimillonarios del Banco Nación en la gestión macrista por más de 18.000 pesos. Meses más tarde, la empresa se definió con "estrés financiero", pese a que había tenido dinero suficiente para ser la principal aportante de la campaña electoral de Juntos por el Cambio.
El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió la inhibición general de bienes del ex titular del Banco Nación (BNA) Javier González Fraga y del resto de los integrantes del Directorio de la entidad en 2019, y de los dueños de la cerealera Vicentin, en el marco de una causa por presunta defraudación contra el Estado Nacional.
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