El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se reunió con representantes de sindicatos y cámaras del sector pesquero en el Hotel Provincial de Mar del Plata. El mandatario estuvo con el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, y, junto al resto de los espacios gremiales y empresariales evaluaron el proyecto de modificación del Régimen Federal de Pesca, que está dentro de la Ley Ómnibus.
Durante el encuentro, Kicillof fue claro y directo: “El gobierno de la Provincia rechaza tanto la metodología como el contenido del proyecto de ley, ya que implica el remate de los recursos nacionales y pone en riesgo el trabajo local, la producción y las inversiones”. En tanto, el mandatario hizo referencia a las distintas “versiones” sobre una posible intención del Gobierno Nacional para que los gobernadores apoyen las modificaciones a cambio de recursos: “Quiero decirlo delante de sus representantes: la provincia de Buenos Aires no va a aceptar ningún tipo de presión para acompañar medidas que perjudiquen al sector pesquero”, dijo.
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La reunión en Mar del Plata
Durante el encuentro los dirigentes analizaron cómo afectaría la Ley Ómnibus a cada uno de los actores de la cadena. “Constatamos que ninguno había sido consultado”, detalló el Gobernador. “La industria pesquera tiene una importancia superlativa en la provincia de Buenos Aires, por eso hemos establecido líneas de trabajo que nos permitan acompañar a un sector que hoy está en riesgo”, agregó.
Según se desprende de la Ley Ómnibus, el Gobierno Nacional propone “crear un sistema de licitaciones internacionales en el que las cuotas de captura se subasten al mejor postor, eliminando los parámetros actuales que condicionan la actividad al desembarco en puertos argentinos, la utilización de embarcaciones de bandera nacional, inversiones en el país y fomento de la mano de obra local”.
Su aplicación tendría un “impacto negativo” en toda la cadena productiva pesquera, afectando los puestos de empleo y generando mayor incertidumbre e imprevisibilidad en el sector. Asimismo, “se limitarían las funciones del Consejo Federal Pesquero para restringir la posibilidad de las provincias con litoral marítimo de establecer cuotas y aprobar permisos: las cuotas serían asignadas por la Autoridad de Aplicación a los mejores oferentes, quienes luego tendrían la potestad de transferirlas sin necesidad de autorización previa”.
“En Mar del Plata la implementación de esta ley afectaría a miles de empresas y familias de trabajadores dedicadas a la actividad hace muchas generaciones”, explicó Kicillof y sostuvo: “Sabemos que hay mucho para mejorar, pero esta ley va en el sentido contrario: nos dejaría sin empleo y sin industria nacional, arruinándoles la vida a miles de bonaerenses”.
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