El gobernador Axel Kicillof enviará a la Legislatura bonaerense el proyecto de Ley de Ética Pública y Transparencia que busca evitar la “puerta giratoria” en los cargos dentro de la función pública. El mandatario participó del 4° Foro Provincial de Integridad, Transparencia y Ética Pública, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y la subsecretaria de Transparencia Institucional, Laura Ramos.
La propuesta buscará cubrir un vacío normativo que lleva 23 años y está redactada con perspectiva de género. Entre los diferentes artículos del escrito se apunta a los “conflictos de intereses” a la hora de asumir en un cargo público.
El proyecto establece que se configura un “conflicto de interés potencial”, cuando quien se desempeñe en la función pública “tenga intereses particulares que puedan derivar en un conflicto futuro”, en caso que deba tomar “decisiones que puedan verse influidas por aquellos”.
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De esta manera, será “incompatible” con la función pública “prestar cualquier tipo de servicios de manera directa o indirecta, a terceras personas, sobre asuntos vinculados con las competencias de la función que desempeña”. Además, “se considera que la prestación de servicios es indirecta cuando la realiza una persona cuya voluntad social está controlada por quien se desempeña en la función pública”.
También habrá un “período de carencia”. “Quien se haya desempeñado en la función pública no podrá realizar actividades privadas relacionadas con expedientes o asuntos sobre los que haya dictado resolución en el desempeño del cargo, ni celebrar con otra persona contratos de servicios, consultoría, asesoramiento o similares”.
Con 38 artículos divididos en 8 capítulos, el proyecto tiene como principios rectores establecer un sistema de promoción, impulso y garantía de la ética pública, la integridad y la transparencia en el ámbito provincial.
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Por otra parte impulsa la creación de una “Comisión Provincial de Ética Pública y Transparencia”, y un “Consejo Consultivo de la Sociedad Civil”; y la puesta en marcha de un Sistema de Integridad basado en mecanismos preventivos.
Al respecto Kicillof destacó que “en los primeros días de nuestra gestión propusimos que este proyecto no debía ser una iniciativa limitada al Poder Ejecutivo, sino que su gestación tenía que ser el resultado de un proceso participativo y democrático”.
Para la redacción del proyecto de Ley se realizó una mesa de trabajo en octubre de 2020. Desde ese momento, se llevaron a cabo 130 reuniones para la búsqueda de consensos, en las que participaron representantes de universidades públicas, organizaciones de la sociedad civil, colegios profesionales, organismos de la Constitución y funcionarios nacionales, provinciales y municipales.
“Es una ley que necesitamos pronto porque viene a fortalecer la gestión y a llenar un vacío que impacta en la práctica cotidiana del ejercicio de la función pública”, reafirmó. Por último, Kicillof subrayó: “Esperamos que esta ley se discuta y se apruebe rápidamente, ya que nos va a brindar a todos la tranquilidad de que la sociedad sepa lo que hacemos, cómo lo hacemos y con qué leyes y normas nos guiamos”.
Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak sostuvo que “este es un proyecto que aborda con un enfoque preventivo aspectos fundamentales como los conflictos de intereses, la participación en licitaciones públicas y la recepción de obsequios por parte de los funcionarios”.