El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó ante los tribunales federales de La Plata una denuncia penal contra el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, por los supuestos delitos de tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por su parte, el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, justificó la presentación judicial ya que el gobernador "tiene la obligación ética y jurídica de efectuar la denuncia penal correspondiente".
El mandatario bonaerense señaló en su presentación que la provincia de Buenos Aires "es históricamente la más perjudicada por el esquema de coparticipación, situación que ahora se ve agravada por una decisión no solo injusta e ilegal de la Corte Suprema". En ese sentido, Kicillof remarcó en su presentación que el fallo de la Corte que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en su disputa con Nación por los recursos coparticipables habría sido producto del tráfico de influencias de funcionarios de la Corte Suprema y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
De esta forma, el gobernador se refiere a la filtración de chats atribuidos a D'Alessandro y difundidos a fines del año pasado por los medios de comunicación. En esos supuestos intercambios, Robles le sugería estrategias que debía seguir el gobierno porteño para obtener una sentencia favorable con respecto a la coparticipación por parte del máximo tribunal en la disputa que la Ciudad de Buenos Aires mantenía con Nación, algo que finalmente sucedió.
"Pretenden así quitarle recursos que les corresponden a las provincias para otorgárselos a la ciudad más rica del país y financiar la campaña presidencial del Jefe de Gobierno", sostuvo el texto al referirse al jefe de Gobierno poteño, Horacio Rodríguez Larreta.
La presentación judicial consta de 14 páginas en las que el gobierno denuncia el accionar de Rosatti, Robles y D'Alessandro, y aporta además como material pruebas de los presuntos chats filtrados y artículos periodísticos que fundamentan la denuncia.
Desde el Ejecutivo bonaerense precisaron que "las provincias nunca fueron escuchadas por la Corte Suprema pese a los reiterados pedidos presentados en tiempo y forma", y agregaron que "hoy el Congreso de la Nación tramita el juicio político contra la Corte por varias conductas opuestas a lo que dicta la Constitución Nacional".
"Los hechos denunciados hoy deben ser investigados por fiscales y jueces que sean verdaderamente independientes. Se debe impedir este arreglo político completamente ilegal. A nosotros nos corresponde defender el federalismo y a la provincia de Buenos Aires", se puntualizó desde el gobierno bonaerense.
Luego de que se conociera que Kicillof denunciará a D'Alessandro, Alak mencionó que el objetivo de la presentación judicial es que se "esclarezca si el intercambio de chats entre ambos funcionarios configura los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y tráfico de influencias".
"El Gobernador promovió esta presentación porque al tomar conocimiento de un hecho delictivo tiene la obligación ética y jurídica de efectuar la denuncia penal correspondiente, máxime en este caso donde los hechos denunciados generaron un fallo judicial que podría afectar la calidad de vida de 17 millones de bonaerenses", remarcó, para luego remarcar que la Provincia que "hace 30 años se ve afectada por graves asimetrías en el régimen de Coparticipación".
D'Alessandro dice que le hackearon el teléfono, inventaron chats y culpa al "kirchnerismo"
Luego de que se conocieran los presuntos chats y al anunciar que se tomó licencia en el ministerio de Seguridad, D'Alessandro publicó en Twitter un descargo. "Además de hackear mi teléfono y de difundir chats falsos en los que se me atribuyen conversaciones que nunca tuve, se atrevieron a espiar a mi hija, una adolescente de 15 años. El kirchnerismo no tiene límites. Nunca los tuvo, pero esto se tiene que terminar", escribió el ministro.
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