El gobierno de Nicaragua se sumó en las últimas horas a las fuertes críticas de Venezuela e Irán por la decisión de la Justicia argentina de incautar el avión venezolano de carga de la empresa Emtrasur. El presidente nicaragüense Daniel Ortega fue especialmente duro con Alberto Fernández e incluso cuestionó su rol como titular pro témpore de la Celac. En Buenos Aires, no respondieron oficialmente, pero fuentes de Casa Rosada adelantaron que no interferirán con el proceso judicial en curso y contaron que están evaluando una posible respuesta a los dos gobiernos latinoamericanos por vías diplomáticas.
Una posibilidad que está evaluando el Gobierno es que los embajadores argentinos en ambos países, Oscar Laborde en Caracas y Daniel Capitanich en Managua, entreguen una carta de queja por los dichos de funcionarios en contra del Ejecutivo argentino y, especialmente, el presidente. En el mundo de la diplomacia, el uso de este tipo de canales institucionales es una forma de dejar marcada la posición del Gobierno en cuestión, sin alimentar la escalada política que dio inicio al conflicto. La estrategia contraria, por ejemplo, sería contestar con declaraciones públicas del mismo tenor que inviten a nuevas reacciones del otro lado.
Quejas de Venezuela, Nicaragua y también Irán
El lunes por la noche, Daniel Ortega, un férreo aliado de Caracas, volvió a revivir la tensión regional por el avión venezolano incautado en Ezeiza al atacar directamente a Alberto Fernández: "Con un presidente así en la Presidencia de la Celac da vergüenza estar en ella. No sé qué fin puede tener cuando Argentina se somete al imperio". Acto seguido, pidió "la liberación de los hermanos venezolanos en Argentina", en referencia a parte de la tripulación y "la devolución del avión al Estado de Venezuela".
Sus palabras se parecieron mucho a las del gobierno Maduro y algunas figuras del oficialismo chavista. "Ahora se nos quiere embargar un avión en Argentina por una decisión de un tribunal de La Florida, o sea, que, a partir de ahora, un tribunal de La Florida o Nueva York decide quitarle un barco, un avión o cualquier propiedad a Venezuela o a cualquier país y puede hacerlo. ¿No hay dominio soberano? ¿No hay respeto a la soberanía? ¿No hay respeto a la ley internacional o es que en Argentina mandan los tribunales de Estados Unidos?", se quejó el presidente Maduro.
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Otros miembros de su país fueron aún más lejos e insultaron al presidente Fernández. Es esto lo que podría provocar una respuesta oficial del gobierno argentino.
Este martes, Laborde describió este fuerte malestar en una entrevista con radio AM 750: “Hay una sensación del pueblo venezolano de injusticia. Queda claro que hay una intención de la Justicia, que muchos la padecen y que es una operación del adversario del ‘campo popular’.”
Finalmente, en Irán, de donde es oriunda la otra parte del avión incautado, también acusaron a las "autoridades de Argentina" de ceder ante las presiones de Estados Unidos. “Esperamos que las autoridades argentinas no se dejen someter a las presiones de Estados Unidos y el régimen sionista (de Israel) y faciliten la salida inmediata de los ciudadanos iraníes de este país”, aseguró el lunes el vocero de la Cancillería iraní, Naser Kanani, y agregó que “los cinco tripulantes iraníes del avión se encuentran retenidos en Argentina desde hace 80 días sin que hayan cometido algún delito probado”.
La decisión judicial
La semana pasada, el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, aceptó el pedido de Estados Unidos para incautar el avión venezolano retenido en Argentina desde hace más de dos meses. Aunque la aeronave sigue en el país y no se entregará a Washington, sí quedó a disposición de la Justicia de ese país para ser allanada.
Fuentes judiciales informaron en ese momento a El Destape que el dictamen favorable de la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, que permitió la decisión del juez, se debió solamente a cuestiones procesales: se cumplían los requisitos legales para aplicar el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales con Estados Unidos aprobado por la ley 24.034 y el magistrado tenía competencia para decidir sobre el Boeing 747-300 de la empresa Emtrasur, que permanece en el aeropuerto internacional de Ezeiza.
En el pedido hecho por la Justicia de Columbia se argumentaba que el avión es de fabricación estadounidense y, por lo tanto, "está sujeto a decomiso en base a violaciones de las leyes de control de exportaciones" de ese país y que en este caso la violación estaría relacionada "con la transferencia no autorizada del avión de Mahan Air, una aerolínea iraní" a una empresa venezolana.
Aunque ni la carga -autopartes de la marca Volkswagen- ni la tripulación -14 venezolanos y cinco iraníes- cometieron o estuvieron involucrados en un delito, el pedido de Estados Unidos utiliza como parte de su argumento el supuesto vínculo de Mahan Air con el movimiento político y armado libanés Hezbollah y la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, una fuerza de seguridad de élite de Irán, dos organizaciones consideradas como terroristas por Washington.
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