En la madrugada del 1 de enero, el Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA), a cargo de Facundo Moyano, tomó la decisión de levantar las barreras de los puestos de la autopista Buenos Aires-La Plata y las del corredor atlántico y no cobrar ninguno de los peajes.
Por dicho conflicto ya se realizaron dos audiencias en la semana en el ministerio de Trabajo de la Nación, pero ninguna de ellas logró solucionar el mismo. De esta manera, las estaciones de peaje de las trazas de rutas del Sistema Vial Integrado del Atlántico (SVIA), como la ruta 2 y 11, y la autopista Buenos Aires-La Plata mantienen sus barreras levantadas por tiempo indeterminado.
Desde la empresa estatal AUBASA estimaron que por el paro "perjudica inmensamente a la compañía y al estado provincial y nacional, ya que estimamos una pérdida de $60 millones de pesos".
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Qué dice la empresa
En la audiencia del jueves 5 de enero AUBASA exigió a la "Dirección Nacional de Fiscalización que imponga una nueva multa y sanciones que incluyen el inicio de acciones ante el fuero competente para la cancelación de la personería gremial" del sindicato que conduce Moyano.
Además remarcaron "los incumplimientos de la entidad sindical", por lo que solicitaron "que se ejecuten las sanciones y multas que corresponden por anteriores incumplimientos y violaciones de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación".
AUBASA dejó en claro que, de seguir el conflicto, "detraerá de los haberes abonados y a abonarse los salarios no devengados como consecuencia de las medidas de acción directa adoptadas por la entidad sindical". Es decir, se reservó el derecho a restar montos del sueldo por las medidas de fuerza realizadas.
Finalmente, informaron que la empresa estatal "impulsará la exclusión societaria del Sindicato (SUTPA) por incumplir con sus deberes de socio y ser responsable de la pérdida de recursos de la empresa".
Según pudo averiguar El Destape, el pedido de quita de personería gremial "es acompañado por el Ejecutivo provincial". Además, la principal queja desde AUBASA es que la medida de fuerza "tiene fines políticos y no sindicales".
"Ellos quieren sacar a Ricardo Lissalde - a cargo de AUBASA -, pero ese es un puesto político", explicó un dirigente de la compañía estatal. Además agregó que "insisten con la reincorporación del gerente de sistemas, César Di Lorenzo, pero la realidad es que uno de los que más se opuso al plan de reconversión de los trabajadores para que se instale el cobro electrónico del peaje".
Sobre dicho plan de reconversión, AUBASA manifestó que "nuestra propuesta siempre fue con la gente adentro, nadie quiere echarlos, sin embargo en el gremio nunca quisieron tratar este tema".
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Qué dice el sindicato
El secretario General del sindicato, Facundo Moyano, salió a responder a la empresa y acusó: "Un gobierno 'nacional y popular' con casi el 50% de pobreza en la provincia de Buenos Aires pide cancelar la personería gremial de un sindicato peronista. Ni Macri se animó a tanto".
A través de un comunicado oficial, SUTPA manifestó que "la conciliación obligatoria no anula el derecho constitucional a huelga y quien incumplió esta instancia fue la empresa despidiendo a un trabajador que el Ministerio intimó a reincorporar". El gremio insiste con la reincorporación del gerente de Sistemas, César Di Lorenzo.
"La conciliación es un instrumento para encauzar un conflicto y, en este caso puntual, la problemática sigue siendo la misma y está lejos de solucionarse debido a los reiterados incumplimientos por parte de la empresa a los acuerdos celebrados oportunamente en el ámbito del Ministerio de la Nación", remarcaron.
"Con el objetivo de sembrar el miedo entre los trabajadores, AUBASA ha enviado cartas documento a diestra y siniestra, amenazando con descontar no sólo las horas de este paro, sino también las horas correspondientes a una medida anterior que ya fueron abonadas", finalizaron.
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