Memoria Activa, organización de familiares de víctimas del atentado a la AMIA, volvió a acusar al fiscal Raúl Plee por su rol de encubrimiento en este caso. En las últimas horas, apoyó los pedidos de absolución de Eamon Mullen y Juan José Barbaccia, quienes estaban acusados por el pago de coimas y el desvío de la investigación. El fiscal Plee es muy cercano a Mauricio Macri y con este movimiento sigue la línea del ex ministro de Justicia Germán Garavano, que hizo cambiar la postura histórica del Estado en esta causa para proteger a Mullen y Barbaccia, con quienes tiene una relación personal. En el juicio por el encubrimiento del atentado a la Amia los ex fiscales Mullen y Barbaccia fueron condenados a 2 años de prisión en suspenso, los familiares piden mayores penas y ahora Plee les cerró el camino.
Desde Memoria Activa catalogaron a Plee como el fiscal “yo no acuso” y plantearon que “desistió expresamente del recurso interpuesto por los fiscales que estuvieron al frente de la UFI AMIA durante el juicio oral por el encubrimiento del atentado, en el que pedían se revisara la absolución de los encubridores Eamon Mullen y José Barbaccia”. Y agregaron: “De esta manera, Pleé dejó sin el apoyo de la fiscalía a las querellas de los familiares de las víctimas en su impulso de lograr agravar las tan bajas condenas”
No es la primera vez. Plee fue denunciado por el CELS y Memoria Activa por haber demorado la acusación contra los procesados por encubrir el atentado a la AMIA.
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El resumen de la actuación del fiscal Plee, tal como plantea Memoria Activa, es el siguiente: “El escrito presentado ante la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal es un alegato defensista de los acusados Mullen y Barbaccia, que omite burdamente la numerosa prueba de cargo que los incrimina y modifica arbitrariamente la posición del Ministerio Público Fiscal. Según Plée, no habría razones para sostener la acusación contra los ex fiscales por su participación en el pago ilegal a Carlos Telleldin con fondos de la SIDE para que modifique su declaración (delito de peculado), ni en el desvío de la investigación del atentado a la AMIA y la falsa imputación a los ex policías bonaerenses (delito de privación ilegítima de la libertad)”.
Estos familiares de víctimas del atentado también llamaron la atención sobre la ausencia de la querella del Estado, representada por la unidad AMIA del Ministerio de Justicia. “De esta manera, el Estado demostró falta de interés, voluntad o decisión de revertir la vergonzosa actuación que dicha querella mantuvo en la defensa de los encubridores durante el gobierno de Mauricio Macri”, plantea el comunicado de Memoria Activa.
La mención no es casual. El gobierno de Macri desarticuló la unidad AMIA del Ministerio de Justicia y su titular, Garavano, hizo que José Console, miembro de la comisión directiva de Boca, pidiera la absolución de los fiscales Mullen y Barbaccia, finalmente condenados. El radical Mario Cimadevilla, puesto por Macri en esa unidad, se fue y denunció que la querían transformar en una Unidad Especial de Encubrimiento.
La entonces vicepresidenta Gabriela Michetti llegó incluso a reclamarle por Barbaccia. El audio lo publicó Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna, pero la prensa que desplagó ríos de tinta por la falsa denuncia de Nisman no le dedicó ni un párrafo a ese escándalo.
Bostero
Plee es un nombre pesado en Comodoro Py. Tiene liderazgo sobre un número importante de fiscales y si bien no es adepto a la prensa está detrás de un número importante de operaciones judiciales.
La relación de Macri con Plee tiene larga data y tuvo sus frutos durante la presidencia PRO. Plee integró la comisión de Seguridad de Boca donde Mauricio forjó vínculos con sectores del Poder Judicial que se mantuvieron en el tiempo. Junto a Plee estaban los fiscales Carlos Stornelli y Gerardo Pollicita, dos de los ejecutores de la persecución judicial durante el gobierno de Macri, y el ex juez Guillermo Montenegro. De esa antigua comisión de Seguridad hay lazos que perdura. De hecho, el fiscal Plee pidió que la Corte Suprema le quite la causa por las operaciones de inteligencia ilegal al juez Alejo Ramos Padilla y la mude a Comodoro Py. Todo para salvar a Stornelli.
El antikirchnerismo del fiscal Plee es evidente. Fue uno de los fiscales que encabezó la marcha del 18 de febrero de 2015, a un mes de la muerte del fiscal Natalio Alberto Nisman. En ese momento, los familiares de las víctimas recordaron su letargo para acusar a los encubridores del atentado.
Plee también estuvo vinculado al lavado de dinero, un puntal de sus múltiples relaciones con el poder. Estuvo seis años a cargo de la Unidad Fiscal para la Investigación de los Delitos de Lavado de Dinero (Ufilavdin), donde casi no encontró casos de lavado de dinero. En 2012, la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó lo desprlazó, colocó en su lugar al fiscal Carlos Gonella y rebautizó la unidad como Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Las diferencias entre ambas gestiones fueron sintetizadas por Verbitsky: “En 2012, Plee solicitó el embargo de 300.000 pesos en bonos, tres vehículos y un inmueble y secuestró 120.000 dólares. En lo que va de 2013, Gonella pidió el embargo de 187 millones de pesos y secuestró 3,3 millones. La Ufilavdin obtuvo dos medidas cautelares y la Procelac 257. Plee solicitaba el archivo de la mayoría de las denuncias que recibía, Gonella de ninguna. Se entiende que el titular de la Procelac y su jefa hayan sido el blanco elegido”. La última frase es clave: Gils Carbó tuvo que renunciar tras una furibunda campaña mediático-judicial en su contra. Gonella no la pasó mejor, tuvo que dejar la Procelac y Claudio Bonadio lo procesó por tuitear información pública. Real. Bonadio y Plee compartían eventos “antilavado” y no era casual.
El nexo en el mundillo del lavado de dinero es Juan Félix Marteau, presidente de la Fundación Finint, desde la que organiza eventos a los que no faltaban Plee y Bonadio así como Mario Montoto y el propio operador con patente de periodista Daniel Santoro. También se juntan todos en el Programa de Actualización sobre Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo que dictó en la Universidad de Buenos Aires bajo control del estudio Marteau. Entre los expositores de ese curso estuvieron Plee, Bonadio, el ministro de Justicia Garavano, Santoro y su compañero de aventuras Nicolás Wiñazki, el ex secretario de seguridad Eugenio Burzaco, entre otros.
Plee pasó por otras causas clave para la democracia. En su libro La Tablada, los periodistas Pablo Waisberg y Felipe Celesia cuentan la intervención de Plee sobre los fusilamientos y torturas dentro del regimiento, cuya investigación desalentó pese a los reclamos de los familiares. Lo mismo hizo con causas por delitos de lesa humanidad, en beneficio de genocidas.
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