Visitas a la AFI, reunión con el 2 de Clarín y abandono de la “línea Milman”: las claves de la recusación de CFK a la jueza Capuchetti

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió que la jueza María Eugenia Capuchetti deje de investigar el caso del atentado en su contra por su falta de imparcialidad. En un escrito con definiciones muy fuertes, CFK acusó a la magistrada de no querer investigar a fondo el intento de magnicidio: “Capuchetti ha actuado durante el proceso de forma totalmente reticente a investigar cualquier línea que involucre gente que vaya más allá de Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo”. En la recusación, la querella recordó las visitas de la jueza a la AFI macrista -que espió a Cristina- y mencionó una reunión con el Nº 2 de Clarín, Ricardo Roa, y la realización de medidas exclusivamente para los medios. También apuntó a una cobertura judicial del dirigente PRO Gerardo Milman y de la Policía Federal.

En un escrito de 37 páginas presentado este lunes, los abogados de Cristina, Marcos Aldazábal y José Ubeira, sostuvieron que Capuchetti “no sabe ni quiere investigar”. “A casi dos meses y medio del atentado, una serie de resoluciones netamente arbitrarias y la total parálisis investigativa nos han convencido de una manifiesta parcialidad contra esta parte”, aseguraron. Los letrados hicieron referencia a “un cúmulo de irregularidades” cometidas por la jueza que llevaron a que la Vicepresidenta “pierda la confianza en la magistrada”.

Las cuestiones sobre las que se centra el pedido de apartamiento del caso, fundamentalmente, son:

• Las visitas de Capuchetti a la AFI comandada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani antes de ser nombrada jueza por Mauricio Macri. Tal como reveló El Destape, la ahora magistrada ingresó al menos en seis ocasiones a la agencia. La querella recordó que los jefes de los servicios de inteligencia fueron procesados por espiar de forma ilegal a CFK.
• La cobertura de la Policía Federal, que aparece involucrada en distintos episodios como el reseteo del celular del principal acusado, Fernando Sabag Montiel; la demora en la escucha directa de Brenda Uliarte cuando empezó a ser investigada; y la fuga de la joven de su domicilio, donde estaba siendo vigilada por esa fuerza. “Nos llama poderosamente la atención que, dadas las tres situaciones que acabamos de describir, la jueza no haya investigado en lo más mínimo a la PFA”, señalaron los abogados. Un dato que le agrega contexto a esta situación: el padre y el tío de la magistrada están relacionados con esa fuerza.
• La protección del dirigente del PRO Gerardo Milman, quien fue apuntado por un testigo, que lo escuchó decir el 30 de agosto pasado a dos de sus asesoras que cuando él estuviera en la costa iban a matar a CFK. La magistrada no avanzó con distintas medidas de prueba que pidió la querella luego que las mujeres con las que estuvo Milman en el bar Casablanca mintieran en su declaración testimonial. La querella agregó que la magistrada les dijo que Milman no aparecía en las imágenes captadas por las cámaras que dan cuenta de su ingreso a Casablanca y descubrieron que eso era falso.  
• No avanzar sobre el financiamiento del atentado. En el escrito se criticó “la nula investigación de todo aquello relacionado con el financiamiento a Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo”. “Por ejemplo, cuatro testigos diferentes han señalado la probabilidad de que el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner haya estado financiado”, manifestaron desde la querella.
• Una reunión de Capuchetti con el 2 de Clarín. Según denunciaron Aldazábal y Ubeira, tras un encuentro de jueces y fiscales de Comodoro Py a la titular del juzgado federal Nº 5 “le habría sido gestionada una reunión con el editor del diario Clarín Ricardo Roa a la cual la jueza concurrió acompañada”.
• La querella le cuestionó a la magistrada que “no impulsó una sola línea investigativa, no realizó preguntas a los testigos y bloqueó toda hipótesis que vaya más allá de Brenda Uliarte, Fernando André Sabag Montiel y Gabriel Nicolás Carrizo. Esto aun cuando hay numerosa prueba que señala otros caminos”.

“Ante las pruebas presentadas por esta parte, la jueza o no actúa, o actúa tarde. Cuando se acercan testigos a aportar información valiosa, terminan imputados ellos o la información termina en otra causa, en la que se los acusa de mentir. Cuando las personas que podrían estar involucradas con el intento de asesinato le mienten en la cara, la jueza nada hace”, cuestionaron desde la querella.

En esa línea, agregaron: “La prueba más relevante que pasó por las manos de Capuchetti terminó destruida, tardó semanas en hacer los allanamientos más básicos, y toda línea fuera de Sabag, Uliarte y Carrizo se la tuvo que marcar esta querella. Nunca reclamó los refuerzos de personal que la Corte no le dio, con el argumento de que su juzgado podía afrontar la investigación. Pero todas las pruebas relevantes las señalamos dos abogados, por nuestra cuenta, y no el dream team judicial, que ni siquiera pudo (o no quiso) ver a Milman en un video de pocas horas. En las testimoniales, la jueza investigadora no realiza preguntas y los testigos los llama solo a pedido de parte. Así, es imposible seguir”.

“Estamos ante una de las causas más relevantes de nuestra historia democrática, y necesitamos que la investigación esté liderada por alguien voluntarioso/a y que las decisiones las tome un/a juez/a imparcial, comprometido/a con la verdad y la justicia, y no con no molestar a quienes no hay que molestar”, concluyeron.

Todos los puntos que comprometen a la jueza

A lo largo de 37 páginas, los abogados de CFK detallaron las diversas irregularidades por las que piden el apartamiento de Capuchetti. 

• El sospechoso rol de la Federal: del celular de Sabag Montiel a la captura de Uliarte

“La investigación no pudo empezar peor”, criticaron los abogados y recordaron cómo se arruinó una prueba central para la pesquisa como el contenido del celular de Sabag Montiel.

En el escrito se recordó que “el celular llegó en un sobre cerrado al juzgado con la debida cadena de custodia”. Pero “de forma inexplicable, durante la jornada del viernes 2 de septiembre, la magistrada rompió la cadena de custodia”. Es que cuando el dispositivo llegó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el sobre “estaba abierto”. Y no solo eso. “Lo más grave fue que llegó reseteado a cero”, subrayaron.

“Por lo que surge del expediente, el primer peritaje se hizo por orden de la jueza en la sede misma del juzgado por miembros de la PFA. A la fecha no sabemos dónde ni cómo se perdió la  información, si fue en la primera pericia efectuada por la PFA, o en otro momento hasta que el teléfono llegó a la PSA, en la noche del viernes 2 de septiembre. De todos modos, la única certeza es que el celular entró al juzgado en un sobre cerrado, intacto, y salió en un sobre abierto, reseteado”, indicaron los abogados de CFK.

“Nunca se supo qué fue concretamente lo que pasó y el juzgado no hizo nada por aclararlo”, añadieron.

No fue el único episodio en el que estuvo involucrada la Policía Federal que recordaron los abogados de Cristina. “Cuando la jueza le ordenó la intervención del celular de Uliarte con modalidad de escucha directa a la PFA, esta fuerza tardó varias horas en hacerlo. Nunca sabremos qué pasó en ese lapso”, sumaron.

Y hubo más: “Mucho más grave aún fue lo sucedido con la detención de Brenda Uliarte. En vez de dar la orden urgente de detenerla, la jueza esperó para materializar la medida, cuando no había nada que sopesar. En una situación totalmente inédita, Uliarte logró, de algún modo, escapar de su casa, cuando, aparentemente, había una custodia y vigiladora permanente de la PFA fuera del domicilio. Una llamada de la DAJuDeCO que advirtió acerca de lo sucedido, sumada a la presteza del secretario del juzgado, evitaron que Uliarte consume su fuga”.

A pesar de que hay varios elementos que comprometen a la Federal, la querella criticó a la magistrada porque “gasta sus (escasas) energías en investigar a la custodia vicepresidencial, mientras que no ha puesto la mirada en la PFA ni por un segundo. Cuando esta fuerza ya había destruido gran parte de las posibilidades de éxito de la investigación, la apartó de la instrucción. Pero nunca movió un dedo para que se estudie su más que sospechosa conducta”.

• Las medidas de la querella que no se tuvieron en cuenta

“Cuando esta querella se presentó en la causa, ya habían pasado doce días del atentado. Desde un principio nos llamó la atención la falta de pruebas que resultaban básicas”, criticaron los abogados.

Entre otras medidas, mencionaron la demora en avanzar sobre Jonathan Posadas y Joana Colman, quienes “habían tenido charlas con Gabriel Carrizo que reflejaban mensajes como ‘Estamos pensando en matar al jefe de La Campora esta vez’, ‘Sé por otra fuente que lo hizo por plata por acomodo’, ‘Si vamos al caso lo hizo por plata por acomodo pero ahora están todos ustedes involucrados’, ‘El chabon en cuatro años ponele que sale y sale re acomodado mal eh’”.

Para los abogados “muestra, como mínimo, una desidia fuera de lo común que recién haya investigado a estas personas ante el pedido de esta parte, casi un mes después del atentado”.

Criticaron también que Capuchetti “haya tardado quince días en detener” a Carrizo, el jefe de “los copitos” que aparecía comprometido desde el inicio de la pesquisa. La jueza “desde el día cinco tenía su celular en su poder y una montaña de pruebas en su contra”.

“Hasta ese entonces teníamos lo que considerábamos graves errores y tardanzas inexplicables. Cuando se solicitaron medidas que iban más allá de Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo, la parcialidad ya fue evidente”, resaltaron los abogados de la Vicepresidenta.

• La línea vinculada con la agrupación “Nuevo Centro Derecha”

Sabag Montiel escribió una carta para que el dirigente de derecha Hernán Carroll le contrate un abogado privado.

“Carrol había dado una charla con Brenda Uliarte en Instagram pocos días antes del atentado (18 de agosto) y, en sus redes, constaba una serie de publicaciones de extrema violencia hacia Cristina Fernández”, recordaron los abogados de CFK. Y agregaron que a partir de una presentación que realizaron ellos mismos se generó “un informe de la PSA que identificó que, efectivamente, habían existido comunicaciones entre Carrol y Uliarte, y que Uliarte y Sabag habían ido al cumpleaños de un amigo de Carrol, Martín Almeida. Almeida y Carrol eran parte del grupo denominado ‘Nueva Centro Derecha’, vinculado, de acuerdo con sus propias publicaciones, con personajes como Bullrich o Milei. Almeida, además, le había mandado un mensaje a Uliarte el día del atentado, que decía ‘se pudrió?’”. La querella criticó que solo se haya convocado a Carroll y Almeida como testigos.

“Con estos avances, solicitamos una ampliación de las medidas, que incluían el allanamiento y el secuestro de los celulares de Hernán Carrol y Martín Almeida. Pero para nuestra perplejidad, cuando las pruebas empezaban a dar resultados, la magistrada decidió frenar esta línea. Nunca allanó a Carrol ni a Almeida y este tramo de la causa terminó por filtrarse a la prensa, lo que hirió de muerte toda posibilidad de éxito”, afirmaron. Esto provocó que Capuchetti formulara una denuncia penal por la filtración “deslindándose de responsabilidad”.

Fue por insistencia de la querella que Capuchetti secuestró el celular de Carrol “pero lo dejó irse con otro (él mismo dijo que tenía dos) para ‘no interferir con su trabajo’ y porque el segundo teléfono ‘era el que usaba para la política’. Naturalmente, tampoco secuestró el celular de Almeida”. “La jueza les dio total crédito a sus testimonios y cerró esta línea de investigación”, cuestionaron los abogados.

La línea Carrol tiene puntos de contacto con la de Gerardo Milman. Se trata de una conexión “que la jueza se negó explícitamente a investigar, aunque esta parte se la solicitó en reiteradas ocasiones”. “Había más de un indicio que permitía unir a estas personas. Uno eran todas las fotos de la Nueva Centro Derecha con el entorno de Patricia Bullrich, de quien Milman fue viceministro durante el macrismo. Otro, mucho más concreto, era que, según una información que llegó a oídos de esta parte, Carrol habría realizado varios viajes al exterior con el jefe de gabinete de la Dirección de Inteligencia Criminal a cargo de Milman en el Ministerio de Seguridad, Fernando Ángel Villares”, remarcó la querella.

• La cobertura de la “línea Milman”

"Cuando la maten yo voy a estar en la costa", le escuchó decir a Gerardo Milman en la víspera del atentado un testigo que declaró en la causa. De acuerdo al testigo, que declaró ante Capcuhetti, el diputado de JxC, el 30 de agosto pasado, le dijo esa frase a dos mujeres en el bar Casablanca. Los datos brindados por el testigo se corroboraron pero no justamente por una veloz intervención de la magistrado. Se supo que él estuvo ese día en ese bar ubicado frente al Congreso. También Milman junto a dos mujeres, que son sus asesoras: Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco. Y se constató que al día siguiente el exnúmero 2 de Patricia Bullrich en el ministerio de Seguridad viajó a Pinamar.

“Solicitamos que se investigue si, efectivamente, Milman había estado ese día en Casablanca, si había estado acompañado de dos mujeres, y si había viajado a la costa ese día o uno cercano. La jueza solo solicitó las cámaras de los lugares aledaños, pero no pidió informes respecto de un viaje a la costa. Cuando llegaron las grabaciones de las cámaras, la jueza nos dijo (informalmente) que no había registro de Milman en las grabaciones. Entonces, nos pusimos a ver varias horas de video y, sin ser investigadores, sino simples abogados, ¡oh, sorpresa!, identificamos a Gerardo Milman, tarea ciclópea que fue demasiado para el juzgado que decidió asumir la instrucción”, explicaron los letrados. La narración pareciera ubicar a la jueza en una posición más bien de encubrimiento.

“Recién cuando la PSA identificó a las dos asesoras de Milman, y otra vez ante una filtración en la causa, Capuchetti no tuvo otra alternativa que actuar. Fue entonces cuando llamó a declarar a Carolina Gómez Mónaco y a Ivana Bohdziewicz, a quienes debería haber convocado un mes antes y a quienes debería haberles secuestrado los celulares ni bien conoció su identidad. A la jueza no le importó que le mientan en la cara”, afirmaron los letrados en su pedido de recusación.

Es que Bohdziewicz y Gómez Mónaco – que tenía un alto cargo en la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal durante la gestión de Milman en Seguridad- declararon como testigos el 26 de octubre. Bajo juramento de decir verdad, entraron en contradicciones e incluso mintieron.

Por ejemplo, cuando “el auxiliar fiscal le preguntó a Bohdziewicz si había ido a Casablanca el 30 de agosto”, la joven respondió: “No, a Casablanca no voy nunca”. Dijo que la última vez que fue había sido en marzo. No recordaba haber estado en el lugar el día del atentado. “Al final, Bohdziewicz terminó por reconocer que había estado en el lugar cuando se le mostraron las cámaras”, indicaron Aldazábal y Ubeira.

Gómez Mónaco tampoco recordó haber ido a Casablanca el 30 de agosto con Milman: “Si fui, fue mucho antes”, dijo. También negó haber estado allí con Bohdziewicz. “Solo reconoció su presencia en el lugar, también, cuando se le mostraron las cámaras. Fue extremadamente llamativo que declarase ‘jamás hablé de un viaje a Pinamar’ (con Milman y Bohdziewicz), cuando su compañera había dicho lo opuesto hacía diez minutos. Esta parte pidió que aclarara si no se acordaba o si negaba haber hablado del viaje, y dijo que negaba haber hablado del viaje”. “Como era de esperar, la jueza no pidió un careo de testigos”, resaltaron los letrados. Y pidieron el secuestro de los celulares de las asesoras de Milman lo que fue rechazado por Capuchetti.

“Había elementos adicionales que apuntaban a Milman y que la jueza ya conocía. Por ejemplo, los proyectos de resolución presentados por Milman en la Cámara de Diputados vinculados con la custodia de Cristina Fernández”, se agregó en el escrito presentado este lunes.

A esto se sumaba “otra llamativa prueba que, como hizo notar esta parte la jueza también lo había pasado por alto”. ¿De qué se trata? De una nota manuscrita que refería a la Regla Tueller que fue encontrada en el allanamiento al domicilio de Uliarte. ¿Qué es la Regla Tueller? “Una doctrina vinculada con el tiempo que tiene una persona para sacar un arma sin que se la saquen y que, otra vez ‘casualmente” fue traída a la Argentina por Patricia Bullrich cuando Gerardo Milman era su viceministro”. “¿A la jueza le parece normal que alguien del perfil de Uliarte tuviera una referencia a una técnica tan específica y novedosa? Parece que sí. Esto es llamativo, porque esta querella no conoce una sola persona que conozca esta regla: ni abogados penalistas, ni especialistas en criminalística, ni policías. Sin embargo, que Uliarte tuviese un papel en el que constara el nombre en técnico, sin error alguno, de una estrategia para matar velozmente con un arma de fuego, no generó una sola medida por parte de la jueza”, se añadió.

“Había una multiplicidad de elementos que apuntaban a Milman” pero la jueza no avanzó en esa línea investigativa.

• El vínculo de Gómez Mónaco con una periodista relacionada a Sabag Montiel y Brenda Uliarte

La querella pidió a la jueza que profundice la investigación sobre la asesora de Milman, Carolina Gómez Mónaco, y su socia en un centro de danzas y fitness, Alejandra Mroue, por su posible vínculo con Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel. “Mroue es panelista del programa de Crónica TV en el que por primera vez apareció Brenda Uliarte. Llamativamente, lo único que dio de baja de internet Gómez Mónaco es la página de la sociedad que tiene con Mroue. Es decir, lo que podría ser su nexo con Uliarte”, señalaron desde la querella. También destacaron que “Gómez Mónaco nada dijo de este trabajo que aún hoy tiene cuando se le preguntó por su profesión durante su testimonial”.

La jueza terminó cerrando la línea Milman luego de que el diputado presentara una nota “en la que acusa de mentiroso a Abello”, el testigo que relató el episodio de Casablanca. “Para la jueza esto fue suficiente. No hizo nada más con relación a Milman y entendió que su presentación contenía una denuncia, así que la remitió a sorteo. Ahora existe una causa contra Abello”, indicaron los abogados de CFK.

“La jueza no solo no investiga, sino que toda información apta para la causa que acercan testigos termina en otros expedientes penales, en los que se criminaliza todo intento de investigar algo que vaya más allá de Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo”, criticaron Aldazábal y Ubeira.

• No se investiga el financiamiento del atentado

“La decisión de no ir más allá de las personas hasta ahora procesadas se refleja, también, en la nula investigación de todo aquello relacionado con el financiamiento a Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo. Sobre esto, por ejemplo, cuatro testigos diferentes han señalado la probabilidad de que el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner haya estado financiado”, manifestaron desde la querella.

Mencionaron los vínculos de Uliarte con la violenta agrupación Revolución Federal que es investigada en otra causa. Capuchetti rechazó que ambos casos se investigase de manera conjunta, lo que fue ratificado por el camarista Mariano Llorens, designado también por Macri.

Para los abogados está más que claro: “Capuchetti no quiere ir más allá de lo que ya está”.

• Las visitas de Capuchetti a la AFI macrista

La querella recordó que “la jueza visitaba regularmente la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri”. La AFI, entonces “estaba dirigida por Gustavo Arribas y Silvina Majdalani, quienes tienen un procesamiento firme por espionaje ilegal al Instituto Patria”. “Ambos fueron salvados de ser procesados en una maniobra muchísimo más compleja por el argumento del cuentapropismo, que ahora parece aplicarse para explicar lo hecho por Sabag, Uliarte, y Carrizo”, sumaron los letrados. Las visitas, que reveló El Destape, se dieron antes de que Capuchetti fuera nombrada jueza por Macri.

“La causalidad parece ser visitar la AFI y luego ser nombrada jueza federal”, señalaron. Y agregaron: “Como si esto fuera poco, el trabajo de la Comisión Bicameral de Inteligencia mostró que la hermana de Capuchetti trabajó en escuchas en la dirección de Contrainteligencia durante el espionaje ilegal al kirchnerismo. Específicamente, se habría desempeñado en la Base Pilar, uno de los focos del llamado ‘Proyecto AMBA’. En esa base, por ejemplo, se realizaron trabajos de inteligencia ilegal sobre personas que se sacaron una foto con Cristina Kirchner”.

Para los abogados esta es una clara manifestación de parcialidad: “A esta parte ya no le queda de dónde agarrarse para confiar en la imparcialidad de la jueza”.

• La reunión de la jueza con el 2 de Clarín

“En las últimas horas ha llegado a los oídos de esta querella que, en los primeros días de la pesquisa, la jueza Capuchetti recibió ‘consejos o más bien indicaciones, respecto de cómo debía tratar mediáticamente el caso y las posibles líneas de investigación que surjan, luego de una reunión de colegas del fuero y camaristas de su propia alzada. Fruto de ello, le habría sido gestionada una reunión con el editor del diario Clarín Ricardo Roa a la cual la jueza concurrió acompañada”, denunciaron los abogados de CFK.

Por todo esto, consideraron que “Capuchetti no es ni objetiva ni subjetivamente imparcial”.