El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi llamó a ampliar la declaración indagatoria al líder de la agrupación Revolución Federal, Jonathan Morel, por nuevos hechos de violencia. Se trata de cuatro expedientes conexos a la investigación por el por el que ya está procesado pero sin preventiva, por "incitación a la violencia"por las amenazas a las legisladoras porteñas María Daer y Claudia Neira; al líder de la CGT, Héctor Daer: al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi; al periodista Víctor Hugo Morales y la ex titular del INADI Victoria Donda.
El magistrado aprobó también un pedido de ampliación de indagatoria de otro integrante del grupo de ultraderecha, Leonardo Franco Sosa, por los disturbios que protagonizó en la vereda de la vivienda de la expresidenta con militantes que apoyaban a la vicepresidenta momentos antes del intento de magnicidio.
"Considero que las manifestaciones esgrimidas por Morel contra Daer, Neira, Ferraresi, Donda, Morales y el medio de televisión C5N, publicadas y viralizadas luego en distintas redes sociales (…) resultan claras instigaciones a la violencia colectiva", sostuvo el fiscal Pollicita en su pedido ante Giorgi.
En ese sentido, consideró que las conductas de los referentes de Revolución Federal afectan a "la libertad individual en la esfera psíquica o tranquilidad espiritual de las personas puntuales que fueron destinatarias del accionar y también la tranquilidad pública o paz social".
Morel es el cofundador del violento grupo antiK que recibió cerca de 7 millones de pesos por parte de dos fideicomisos pertenecientes a la firma Caputo Hermanos, propiedad de los hermanos de Luis “Toto” Caputo, el ex secretario de Finanzas de Mauricio Macri y primo de Nicolás, el mejor amigo de Mauricio Macri.
El joven había expresado públicamente su deseo de matar a la vicepresidenta Cristina Kirchner apenas seis días antes del atentado que ejecutó Fernando Sabag Montiel. Cuatro días antes de esa manifestación había recibido una paga por parte de Caputo Hermanos.
Morel fue excarcelado junto a Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile por la Cámara Federal porteña en noviembre por considerar que no había elementos suficientes para sostener que su libertad pudiera poner en riesgo la investigación judicial por la que ya fueron indagados.
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