El fiscal Pollicita pide 11 allanamientos vinculados a Caputo y Revolución Federal

El fiscal Gerardo Pollicita pidió que se realicen 11 allanamientos en domicilios vinculados a la familia Caputo y a los presuntos proveedores de Jonathan Morel, el líder de Revolución Federal, que nucleó transferencias por 8,7 millones de pesos por unos supuestos trabajos de carpintería. Morel desconocía el oficio y dice que tercerizó todo el trabajo y se quedó con una comisión, un negocio que le ofreció Rossana Pia Caputo que justo pasó por su novel carpintería en Boulogne y lo contrató para amoblar un edificio en Vaca Muerta, Neuquén, a más de 1.000 kilómetros de distancia.

Pollicita sostuvo que es necesario profundizar la investigación “para esclarecer la arista atinente al financiamiento de la agrupación Revolución Federal”. E insistió con algo clave: que las transferencias millonarias a Morel y sus socias coinciden con las actividades más violentas del grupo, que contribuyeron al clima de violencia que generó el atentado contra CFK y que curiosamente luego del magnicidio fallido se desarticularon.

Uno de los allanamientos que pidió el fiscal es en el edificio construído por Caputo Hermanos en Vaca Muerta, Neuquén, a través del fideicomiso Espacio Añelo. Este fideicomiso es el que hizo las transferencias millonarias. Pollicita quiere que se revise si los muebles que los Caputo dicen que le encargaron a Morel efectivamente están en el lugar y, de ser así, determinar si el precio que se pagó fue real.

Otro es en IDERO, la empresa a cargo de la construcción y administración del edificio para el cual supuestamente contrataron a Morel. Como esa firma tiene a su cargo el edificio en Vaca Muerta, debe tener documentación que pruebe si la contratación a Morel fue real.

Los restantes son nueve presuntos proveedores de Jonathan Morel, que ya confesó que no sabía nada de carpintería pero que vio una oportunidad de negocio ofrecida por Rosanna Pia Caputo y tercerizó todo el trabajo para quedarse con una comisión. El fiscal Pollicita quiere que se analice si los proveedores de Morel “poseen la infraestructura y capacidad como para brindar efectivamente los servicios que habrían sido requeridos por el FIDEICOMISO ESPACIO AÑELO”. También quiere que se busquen las facturas y remitos de los trabajos que supuestamente hicieron.

Todo esto sucede en la causa que tiene el juez Marcelo Martínez De Giorgi, que está limitada a las actividades del violento grupo antiK Revolución Federal. Tanto De Giorgi como Pollicita ya reclamaron que este expediente se unifique con el que tiene la jueza María Eugenia Capuchetti, donde se investiga el atentado contra CFK. Capuchetti se negó y tuvo el apoyo de la Cámara Federal. La misma Sala, con Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, resolvió mantener los casos por separado y liberar a Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, detenidos por Martínez De Giorgi.

Para el fiscal Pollicita y el juez De Giorgi “se considera materialmente acreditado que, a través de esta organización, los/as imputados/as llevaron a cabo un plan criminal, que tuvo por objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor” y que “generaron el impacto deseado de incitar a la violencia colectiva en un número indeterminado de personas tanto por redes sociales como en las calles, realizaron actos y emitieron expresiones tendientes a alentar o incitar a la persecución, a la violencia colectiva y a la propagación del odio, principalmete contra autoridades públicas de la actual gestión del Poder Ejecutivo Nacional y/o de sus adeptos, constituyéndose así en uno de los actores que agitaron en la sociedad un clima de violencia social, cuyo acto de mayor gravedad institucional resultó ser el intento de magnicidio de la Vicepresidenta de la Nación Dra. Cristina Fernández de Kirchner, el pasado 1 de septiembre”.

Hay un dato clave, que marcan Pollicita y De Giorgi: “partir de ese punto (el atentado contra CFK) culminante, suspicazmente la agrupación dejó de publicar su actividad, tanto en las calles como en las redes sociales”. Y ese dato se junta con otro: “las sumas de dinero aportadas por el FIDEICOMISO ESPACIO AÑELO durante el año 2022 se dieron principalmente entre los meses de mayo y agosto, esto es recordemos, el período en el que no sólo la agrupación Revolución Federal inició su actividad pública como tal, sino también durante el lapso temporal en el que desplegó sus acciones más violenta”.

O sea: el financiamiento de los Caputo concide con la escalada violenta de Revolución Federal, que tiene su fin en el momento del atentado a CFK.

El fiscal Pollicita pidió profundizar la investigación para ver “si existió una vinculación de la sociedad en sí al financiamiento del accionar ilícito del grupo” o si efectivamente fue una transacción comercial. Todo indica que no. ¿Por qué una firma como Caputo Hermanos contrataría una carpintería amateur en Boulogne para unos trabajos en un edificio de última generación en Neuquén?

Entre la documentación que aportó la familia Caputo hay un documento que asegura que Morel fue a supervisar la instalación de los muebles. Morel contó que aprendió carpintería por Youtube y luego confesó que no sabía realizar los muebles y los tercerizó. ¿Cómo podría supervisar la instalación de unos muebles que ni siquiera sabe hacer?

El abogado de Morel, Nilo Medina, dijo que no sólo tercerizaron la producción sino que los muebles se hicieron en Neuquén. El abogado de los Caputo, Matías Cúneo Libarona, dijo que los muebles se hicieron en Boulogne y se enviaron en un flete. ¿Alguno miente? ¿Ambos?