La vicepresidenta Cristina Kirchner y el ministro de Justicia, Martín Soria, compartieron información que, sostuvo el funcionario, revela el vínculo de la titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº5, María Eugenia Capuchetti, y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El ministro nacional acusó a Capuchetti de trabajar para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Puntualmente, para el Ministerio de Seguridad de Marcelo D'Alessandro, ahora de licencia tras el escándalo de los supuestos chats con el vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
Soria aseguró que Capuchetti está contratada desde 2019 como "investigadora senior" en el Instituto de Seguridad Pública de CABA, que es un ente autárquico que depende del Ministerio de Justicia de la Ciudad.
La magistrada, según esta información, es investigadora en el Observatorio de Políticas de la Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. "La jueza Capuchetti está contratada por el Gobierno de Larreta desde 2019 en el órgano encargado de asesorar a la conducción política de Seguridad de CABA: el ministerio de D´Alessandro. Los vínculos económicos y políticos entre Comodoro Py y el PRO parecen no tener límite alguno", afirmó Soria en una serie de tuits.
"El Decreto-Ley 1285/58 establece la incompatibilidad de “la magistratura judicial con toda actividad política” y “cualquier actividad profesional”. Solo permite a los magistrados ejercer la docencia. Ejercer funciones de supuesta investigadora es lisa y llanamente ilegal", continuó el ministro. La información fue compartida también por Cristina Kirchner.
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El funcionario cerró su mensaje sobre el tema: "Mantener una relación remunerada para asesorar a la máxima autoridad política de la justicia y seguridad de CABA no tiene nada ver con la docencia. Desbordan las relaciones promiscuas y corruptas entre el PRO y algunos jueces federales de Comodoro Py".
Soria, además, destacó que el vicedirector del Instituto de Seguridad Pública de CABA es Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y parte del vuelo del lawfare en el que participaron D'Alessandro, jueces, fiscales y directivos del Grupo Clarín en el sur del país, en la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido.
En mayo de 2019, Capuchetti reemplazó al juez Norberto Oyarbide. La ex secretaria letrada del juez Sergio Torres quedará a cargo del juzgado federal 5. En mayo de ese 2019 fue nombrada por el gobierno de CABA como investigadora de este Instituto que forma policías de la Ciudad.
Recusada
En noviembre de 2022, la vicepresidenta Cristina Kirchner recusó a la jueza María Eugenia Capuchetti quien investiga el intento de magnicidio perpetrado el 1º de septiembre en las puertas de su casa en Recoleta. El motivo es que la ex presidenta consideró que Capuchetti no investigó al diputado Gerardo Milman, quien -según un testigo- dijo conocer que iban a atentar contra su vida.
Días después, Capuchetti rechazó apartarse de la causa. La magistrada elaboró un informe de 43 páginas que concluye con el rechazo a la recusación y la elevación del incidente a la sala primera de la Cámara Federal porteña, para que sea el tribunal de apelaciones el que decida si le corresponde seguir interviniendo en la causa.
En la resolución judicial, Capuchetti alegó que "la causal invocada por esa parte no guarda correlato con lo actuado en la causa". La ex mandataria había acusado a la magistrada de diversas "irregularidades y arbitrariedades" desde el inicio de la investigación.
Además, la jueza señaló que no se exhibe en su actuar "una afectación real y concreta de la objetividad que en todo proceso penal debe imperar". De los cuestionamientos realizados por la defensa de Fernández de Kirchner, la magistrada señaló que "no se logran vislumbrar las razones por las cuales se funda su temor de pérdida de objetividad, en la medida que sus expresiones vinculadas a la causal de mi apartamiento, se relacionan con la disconformidad del resultado de un sinnúmero de medidas de prueba ordenadas en autos".
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