La vicepresidenta Cristina Kirchner presentó un escrito ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi para ser querellante en la causa que investiga el financiamiento de Revolución Federal y así saber si hay alguna conexión entre esa grupo de ultraderecha y el atentado en su contra. El mes pasado también había hecho la misma solicitud.
Semanas atrás, la Vicepresidenta requirió a la Justicia que investigue el financiamiento que habría recibido Nicolás Carrizo, el "jefe de la banda de los copitos", y uno de los cuatro detenidos. El pedido fue realizado por medio de su abogado José Ubeira. El abogado afirmó recientemente que tienen "una linea de quién está detrás" del magnicidio contra la ex mandataria, y agregó que "esto tiene un componente político partidario".
Ese expediente cuenta con información aportada por el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, sobre manifestaciones realizadas en Twitter por dos miembros del grupo Revolución Federal que incluyeron amenazas de muerte contra la vicepresidenta, su hijo Máximo Kirchner y el jefe de Estado Alberto Fernández, como también incitaciones a cometer delitos.
La presentación para que la Vicepresidenta sea tenida por querellante fue realizada esta tarde por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, los mismos que representan a la exmandataria en la causa en la que se investiga el intento de magnicidio ejecutado por el ahora detenido Fernando André Sabag Montiel el 1° de septiembre pasado.
Los abogados que representan a la expresidenta quieren tomar contacto con el expediente para poder conocer las pruebas, toda vez que no descartan que pueda surgir algún tipo de vinculación entre esa causa y aquella en la que se investiga el atentado fallido, radicada en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, según pudo reconstruir esta agencia.
En su momento, el juez Martínez de Giorgi había resuelto que la causa radicada en su juzgado pasara al de su colega Capuchetti pero la jueza lo rechazó porque consideraba que, de momento, no habían elementos concretos que permitieran establecer una conexidad entre los dos expedientes.
A la hora de dirimir la divergencia entre los dos jueces, el presidente de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, le dio la razón a Capuchetti y determinó que los casos siguieran tramitando por separado.
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Al cumplirse un mes del atentado la querella hizo otro pedido en el que exigió "celeridad" a la jueza María Eugenia Capuchetti. “Estamos ante una causa de enorme relevancia institucional y ante un tipo de delito para cuya investigación el tiempo es clave”, resaltaron los letrados Marcos Aldazábal y Ubeira. Y destacaron la complejidad del expediente: “A casi 30 días de los hechos, el plan criminal habría sido mucho más extenso, complejo y sofisticado de lo que podía pensarse”.
Por el momento la causa por el atentado, que está en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti, tiene cuatro detenidos que permanecen en cárceles de máxima seguridad. Se trata de Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte, Agustina Díaz y Nicolás Gabriel Carrizo.
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