La vicepresidenta Cristina Kirchner pidió que se amplíe la indagatoria y se procese por asociación ilícita a los detenidos Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo y se ordenen de manera "urgente" nuevas medidas de prueba en la causa por el intento de homicidio en su contra. La solicitud llega luego de detectar una seguidilla de mensajes de Whatsapp que darían cuenta del accionar organizado de la banda. Además, volvió a cruzar a la jueza María Eugenia Capuchetti.
"Recordá esta fecha", "esta hdp (sic) ya está muerta", "No sabés que hicimos con esto", "Generar miedo", "Para que el gobierno sepa con quienes se están metiendo", son algunos de los mensajes hasta ahora desconocidos y enviados desde el teléfono celular de Carrizo, jefe del grupo de supuesto vendedores de copos de nieve para el que trabajaban quienes agredieron a la Vicepresidenta, según surge de la presentación de los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Andazábal.
A los tres mencionados, la defensa requirió que se los procese "en carácter de coautores del delito de asociación ilícita". En el caso de Carrizo, líder de la banda acusada de impulsar el intento de homicidio, se solicitó además, que se le aplique la figura de "coautor del delito de tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido con arma de fuego y en concurso de dos o más personas".
Luego de la presentación judicial, Fernández de Kirchner twitteó una imagen con la leyenda "recién intentamos matar a Cristina", mensaje que" surge de la pericia al teléfono celular de Gabriel Carrizo, el tercer detenido por el intento de asesinato en la puerta de mi casa", agregando que "las conversaciones que mantuvo esa misma noche con sus contactos, prueban su rol como coautor".
En el inicio del escrito, la defensa de la Vicepresidenta señaló que "ante la nula iniciativa de V.S, venimos a señalar la relevancia de evidencias surgidas durante el último mes y a solicitar que se tomen las medidas probatorias y procesales que obliga la información agregada a la causa que todavía no ha sido valorada".
Este reclamo de la defensa se enmarca en la reiteración del pedido a la Cámara Federal porteña de que se aparte a Capuchetti de la causa . La querella pidió separar a la magistrada por supuesto "temor de parcialidad" y aludió a un accionar "como mínimo, negligente" desde "el primer día de la investigación", cuando se reseteó el teléfono del agresor Sabag Montiel, lo que derivó en la pérdida de información clave sobre sus contactos y últimos movimientos.
El pedido de Ubeira y Andazabal planteó cinco incisos para la justicia. El primer punto es el informe de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) a los celulares de Carrizo Uliarte y Sabag Montiel, y sus consencuencias. De allí, surgieron una serie de mensajes comprometedores, como el que el líder de Los Copitos dice ”Estamos pensando matar al jefe de la campora y al jefe de la movilización de la izquierda”" o ”Matar a Cristina”, ”Para obligar al señor presidente a que renuncie”.
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Luego, la defensa cuestionó "el desfile de actores por los estrados del juzgado". En ese sentido, señalaron que mientras Capuchetti "tomaba decisiones que frustraban las investigaciones contra (el dirigente de Nueva Centro Derecha Hernán) Carrol y (el diputado nacional del Pro Gerardo) Milman, el juzgado se había convertido en un escenario para que los allegados de Carrizo muestren cuánto habían estudiado sus guiones. En ese sentido, señalaron que "la verborragia que caracteriza las declaraciones de los testigos de la defensa en cuanta oportunidad se les presenta para alabar a Gabriel Carrizo es evidente".
Otro inciso cuestionado fue el informe de la Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) sobre la geolocalización de Carrol. Dicho trabajo arrojó que "en cuatro días distintos hubo coincidencias de coberturas próximas de antenas entre los teléfonos de Hernán Carrol, Brenda Uliarte, Martín Uliarte y Fernando Sabag Montiel".
En ese marco, solicitaron a Capuchetti "que revea su postura y que, a la luz del informe producido por la DAJuDeCO y los datos que aporta, ordene el inmediato allanamiento de todo domicilio de Carrol". También solicitaron que intervenga la Policia de Seguridad Aeoroportuaria (PSA) para corroborar una información del periodista Horacio Verbitsky, que señalaba que Uliarte "habría estado en una marcha de la agrupación Nuevo Centro Derecha"
El cuarto punto apuntó a la pericia de la Regla Teller, una doctrina de seguridad que calcula el tiempo que tiene una persona para sacar un arma y lograr dispararla sin que se la saquen. Dicha prueba ya había sido exigida por la ex presidenta.
Finalmente, la defensa inquirió sobre el informe de la PSA sobre María Alejandra Mroue, periodista de Crónica TV que trabaja como panelista en el primer programa que entrevistó a Uliarte y a Sabag Montiel y que, a su vez, "comparte un emprendimiento" con Carolina Gómez Mónaco, asesora de Milman.
"A todas las pruebas sobre Milman se le sumaba un contacto directo de una de sus asesoras con alguien que conocía a Montiel y Uliarte. Esta asesora es, además, a la que le dijo 'cuando la maten voy a estar camino a la costa', lo que denota que ella también sabía lo que sucedería", sostuvo el escrito de Ubeira y Andazabal.
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