El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó que se levante el secreto bancario y bursátil de personas, sociedades y fideicomisos de la empresa Caputo Hermanos para que la AFIP pueda aportar "la totalidad de la facturación electrónica" en lo referido a las transferencias bancarias por 8,7 millones que se realizaron desde la firma al detenido referente de Revolución Federal, Jonathan Morel y dos allegadas a él, Ailen Vallero y Evelyn Balboa, por supuestos trabajos de carpintería.
El magistrado dispuso también "comenzar la reconstrucción de la ruta del dinero" en relación a los 50 mil dólares secuestrados en un allanamiento a la casa de Leonardo Sosa, uno de los cuatro detenidos en la causa. Por otro lado, se pidió a distintos bancos el envío de información sobre transferencias realizadas por Caputo Hermanos SA, propiedad de los hermanos de Luis “Toto” Caputo, el ex secretario de Finanzas de Mauricio Macri y primo de Nicolás, el hermano de la vida del ex presidente, desde mayo de 2021 al presente a cuentas bancarias de los investigados.
La decisión se da en medio de la solicitud del fiscal Gerardo Pollicita para que se lleven adelante nuevas medidas de prueba en el marco de la investigación por el intento de asesinato de Cristina Kirchner. Estas nuevas diligencias podrían guardar vinculación con la causa por el intento de homicidio a la vicepresidenta del 1 de septiembre último, bajo investigación en otro juzgado, a cargo de María Eugenia Capuchetti.
De Giorgi aclaró que la medida se llevará adelante "únicamente y en caso de resultar necesario para la obtención de la facturación" requerida para llevar adelante la investigación. El fiscal consideró que la organización Revolución Federal fue “uno de los actores que sembraron en la sociedad la escalada de violencia y odio, cuyo acto más trascendente resultó ser el intento de homicidio de la Vicepresidente de la Nación, el pasado 1° de septiembre”.
Flavio Caputo, titular de la empresa Caputo Hermanos, había intentado desligarse de la violenta organización antiK el lunes, a través de un escrito presentada a la Justicia. Tal como contó El Destape, en esa nota, incurrió en contradicciones y varios puntos débiles en matera argumentativa.
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La sociedad, además, no tiene un solo papel en regla. La Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo encargado del control de estas sociedades, detectó que nunca presentó sus balances, que está “infracapitalizada” en $12.000 pese a que desarrolla negocios millonarios, que nunca inscribió los fideicomisos Santa Clara al Sur y Espacio Añelo (desde los cuales se hicieron las transferencias a Morel) y otro sinnúmero de irregularidades.
Los pedidos a AFIP y los bancos
En cuanto a los 50 mil dólares encontrados en la casa de Sosa, se ordenó a la AFIP que aporte digitalmente "la totalidad de la información obrante en sus bases" sobre operaciones de adquisición de la divisa norteamericana por parte del detenido.
Al Banco Central se le pidieron los "listados de stock a disposición" desde mayo de 2021 y la información que obre en el "Régimen Informativo Contable Mensual (padrón de clientes, deudores del sistema financiero y operaciones de cambio), relativa a Morel, Sosa, y al padre de este último, Oscar Sosa, "para determinar así el dinero en moneda extranjera adquirido, recibido y/o erogado por los nombrados, en el período referenciado".
A la Unidad Operacional Antiterrorista de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se le pidió una "una amplia certificación de la numeración de los billetes en moneda extranjera hallados en el domicilio de Leonardo Sosa".
"Una vez obtenidos, solicítese al BCRA si es posible identificar la procedencia de los billetes en moneda extranjera" o "si resulta posible rastrear las entidades financieras o bancarias a las que los mismos fueron asignados", agregó el juez Martínez De Giorgi.
Por otra parte, la defensa de Morel pidió autorización a Martínez De Giorgi para que el portavoz de Revolución Federal conceda desde la cárcel una entrevista a un programa de televisión, ante lo cual el magistrado respondió que "no hay estado de incomunicación" y tampoco "existe oposición por parte de este tribunal".
Con información de Télam
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