La jueza federal María Eugenia Capuchetti rechazó el pedido del fiscal a cargo de la investigación por el atentado a Cristina Kirchner para que se secuestrara el o los teléfonos móviles que utilizó el diputado Gerardo Milman durante los últimos meses. La medida había sido solicitada luego de que Ivana Bohdziewicz, ex secretaria de Milman, relatara que tanto ella como su compañera investigada habían ido en noviembre a un oficina que atribuyó a la precandidata presidencial del PRO, Patricia Bullrich, donde habrían sido manipulados sus celulares.
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Según trascendió, la magistrada admitió, por otro lado, el pedido del fiscal Carlos Rívolo para que se extraigan todos los datos que puedan recuperarse de los teléfonos de Bohdziewicz. La declaración de la joven se produjo el viernes pasado, cuando Bohdziewicz se presentó espontáneamente en los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, y pidió ampliar su declaración testimonial en ese momento porque dijo que se sentía presionada por Gómez Mónaco, que se había enterado de su voluntad de volver a prestar testimonio.
Bohdziewicz y la también ex asesora, Carolina Gómez Mónaco, son testigos en el marco de la denominada “pista Milman”: ambas acompañaban el 30 de agosto pasado al diputado de JxC --dos días antes del intento de magnicidio a la Vicepresidenta--, cuando habría pronunciado la frase "cuando la maten voy a estar camino a la Costa", según declaró el testigo Jorge Abello, que es asesor de un diputado del Frente de Todos (FdT).
Se trata de medidas solicitadas en el marco de lo que se conoce como "pista Milman", iniciada a partir de que un asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentó ante la justicia el año pasado para decir que el 30 de agosto, dos días antes del atentado fallido, había escuchado al diputado de Juntos por el Cambio decir: "Cuando la maten yo estoy camino a la costa".
La magistrada recordó en su fallo que Milman no se encuentra imputado en la causa del atentado -algo escrito en el expediente por la propia fiscalía-, por lo que resolvió no hacer lugar "a la medida de secuestro del celular del Diputado Nacional", según surge de la resolución a la que tuvo acceso Télam.
La jueza sostuvo que para avanzar con medidas como la del secuestro debería "efectuarse mediante una solicitud formulada ante la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara, por la posible comisión de un ilícito penal en cabeza del legislador", a lo que agregó: "Imputación que tampoco surge del dictamen del Ministerio Público Fiscal (MPF) que en su última intervención razonó, ´hasta aquí el nombrado no reviste en estos actuados la calidad de imputado.
Con información de Télam
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