La jueza María Eugenia Capuchetti rechazó este martes el pedido de prisión domiciliaria para Gabriel Carrizo, el jefe del grupo de vendedores de algodón de azúcar conocido como "Los copitos", detenido como partícipe secundario del intento de magnicidio contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
Capuchetti desestimó la solicitud planteada por la defensa, a cargo del abogado Gastón Marano, en sintonía con lo aconsejado por la Cámara Federal porteña en el fallo en el que confirmó el procesamiento de Carrizo.
El tribunal de alzada le había recomendado a la jueza que evaluara medidas "menos lesivas" que la prisión efectiva en la cárcel de Marcos Paz para asegurar la comparecencia de Carrizo en la causa. Pero Capuchetti, sobre la base de un dictamen del fiscal Carlos Rívolo y con el pronunciamiento en el mismo sentido de la querella, consideró que persisten los "riesgos procesales".
Bajo ese parámetro, denegó la prisión domiciliaria pedida por la defensa, pues consideró que "los riesgos procesales no pueden ser neutralizados a través de otros medios menos lesivos para los derechos del imputado". La resolución tomó en cuenta también un informe socio-ambiental reclamado por la jueza a efectivos de la Policía Federal que resultó negativo para el interés de Carrizo.
El reporte consideró que por las condiciones de habitabilidad y seguridad internas de la casa en la que Carrizo podría cumplir con la domiciliaria (paredes con humedad, falta de puertas que separen ambientes), el lugar no era el adecuado.
Capuchetti consideró que mantener a Carrizo encerrado en una cárcel común contribuirá a "salvaguardar la investigación de posibles maniobras que la puedan entorpecer". Según subrayó la jueza en su resolución, "la modalidad de detención propiciada no resulta suficiente para aplacar los riesgos procesales mencionados".
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Cristina publicó la recusación a Capuchetti: denunció "irregularidades y arbitrariedades"
La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, presentó este lunes al mediodía la recusación formal contra la jueza María Eugenia Capuchetti, quien lleva adelante la causa por el atentado fallido en su contra, por considerar que cometió numerosas "irregularidades y arbitrariedades" desde el inicio de la investigación.
La ex mandataria, quien había anticipado la recusación la semana pasada, anunció finalmente en su Twitter que el recurso fue presentado ante la Justicia por sus abogados, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal.
"Comparto la recusación a la Jueza Capuchetti en la causa del atentado contra mi vida, el 1 de septiembre pasado. A partir de la página 7 se detallan sus irregularidades y arbitrariedades, desde el primer día, cuando se borró el celular de Sabag Montiel", posteó Cristina, junto con el link hacia la presentación completa.
El escrito formal detalla las razones por las cuales la ex presidenta quiere apartar a Capuchetti de la causa. "El apartamiento no se debe a una situación concreta, sino a un cúmulo de irregularidades que han hecho que nuestra poderdante pierda la confianza en la magistrada interviniente", explica la presentación firmada por los letrados que la representan.
Y agregó: "Esta querella detectó actuaciones, como mínimo, negligentes por parte de la jueza desde, literalmente, el primer día de investigación. Estas situaciones ya hubieran sido suficientes para que la instrucción fuese remitida a otro juez".
Ubeira y Aldazábal, en representación de la Vicepresidenta, consideraron que hubo "una serie de resoluciones netamente arbitrarias y la total parálisis investigativa nos han convencido de una manifiesta parcialidad contra esta parte". "Las medidas de prueba que hemos solicitado han sido, en su enorme mayoría, rechazadas, no realizadas (el clásico 'téngase presente', equivalente a 'tengan presente que no voy a hacer nada') o llevadas a cabo tarde, sostuvieron los abogados.
Entre otros puntos, los abogados argumentan en el pedido de recusación que Capuchetti "rompió la cadena de custodia" del celular de Sabag Montiel, que finalmente fue reseteado. También consideraron que demoró en ordenar la detención de Brenda Uliarte, que no siguió la pista vinculada a la agrupación “Nuevo Centro Derecha” y que no hizo lugar a los pedidos de la querella en general.
También cuestionaron a la jueza por no investigar la posible vinculación del diputado del PRO Gerardo Milman con el atentado ni la línea del financiamiento a los autores materiales. Además, levantaron sospechas sobre el perfil político y personal de la magistrada al señalar, por ejemplo, sus contactos con la AFI, incluso a nivel familiar a través de su hermana.
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