La jueza federal María Eugenia Capuchetti convalidó el pedido del fiscal Carlos Rívolo y elevó finalmente a juicio oral la causa por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ocurrido el 1 de septiembre pasado. El fiscal había solicitado hace tres semanas que los detenidos Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo fueran juzgados y que se diera por cerrada parte de la investigación vinculada al autor material del disparo. CFK cuestionó duramente la decisión un día después con una carta. "No hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima. Me quieren presa o muerta", escribió la Vicepresidenta.
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La jueza lo resolvió horas después de que el abogado Gastón Marano, defensor de Carrizo, avalara la elevación a juicio y antes de que Carlos Telledín, flamante abogado de Uliarte, pudiera hacer cualquier presentación en el expediente que demorara su elevación a debate oral. En el caso, Montiel y Uriarte están imputados como coautores de la tentativa de homicidio, y Nicolás Carrizo, supuesto jefe de ambos en la venta de copos de azúcar, aparece en la causa como partícipe secundario.
"En función de todo lo analizado, y toda vez que las defensas de Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo no se opusieron a la elevación a juicio ni dedujeron excepciones, declárese clausurada parcialmente la instrucción de la presente causa con relación a los nombrados y elévese al Tribunal Oral Federal que por sorteo resulte desinsaculado", sostuvo la jueza Capuchetti en la resolución a la que accedió Télam.
Esta mañana, la defensa del detenido Gabriel Carrizo, procesado como partícipe secundario del intento de asesinato de la Vicepresidenta, aceptó que la causa sea enviada a juicio ante la "privación de libertad" del acusado. "Constreñido por la condición de privación de libertad de mi asistido que me impone procurar que no se demore el trámite de la causa con planteos dilatorios, solicito de V.S. se sirva disponer la clausura de esta etapa procesal y elevar el presente sumario a juicio oral a la máxima brevedad posible", sostuvo el defensor Gastón Marano, en un escrito al que tuvo acceso Télam.
El abogado respondió así a la jueza del caso, quien pidió opinión a las defensas de los tres detenidos por el intento de asesinato del 1 de septiembre pasado, Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Carrizo. Las defensas oficiales de los dos primeros ya habían respondido de manera afirmativa la semana pasada. Después de ello, Uliarte cambió de abogado y designó a un defensor particular, Carlos Telleldín.
El pedido de Rivolo
El fiscal federal Carlos Rivolo había pedido el 29 de mayo que se elevara la causa, porque consideraba que la conducta de los tres acusados fue "premeditada" e idearon "un plan para llevar a cabo el asesinato" a la Vicepresidenta.
En el caso de Sabag Montiel, de "ocupación remisero en Remitour y vendedor de algodones de azúcar", le imputó " haber intentado matar, de manera premeditada, a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner -Vicepresidenta de la Nación y Presidenta de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación-, contando para ello con la planificación y acuerdo previo de Brenda Elizabeth Uliarte y Gabriel Nicolás Carrizo".
Sabag Montiel, "aprovechando el estado de indefensión en virtud de la multitud existente apuntó hacia el rostro de Cristina Fernández de Kirchner, a corta distancia, una pistola semiautomática de acción simple", detalló.
El rechazo de CFK
La Vicepresidenta denunció a la jueza y al fiscal en su carta: "Lo dije una y mil veces: ni Capuchetti ni Rívolo quisieron investigar el intento de asesinato y ahora pretenden cerrar la investigación con una celeridad que nunca demostraron en ninguna causa".
Para Cristina Kirchner, "toda la investigación se caracterizó por evitar conocer la verdad. Está plagada de testigos que borraron sus teléfonos, prueba que se destruyó sin investigar sus causas y motivaciones, y un intento evidente y desesperado por evitar hallar la posible participación de terceros, financistas e instigadores".
También la expresidenta expresó: "Todo ello, sin perjuicio de que en otra investigación inexplicablemente separada a la del atentado, hay pagos injustificados de la familia Caputo y posible lavado de dinero en torno a personajes relacionados con el atentado, junto a innumerables indicios pendientes de investigación que muestran un vínculo entre agrupaciones pseudo políticas violentas y los perpetradores del ataque".
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