En una decisión llamativa, para la Cámara Federal, el reseteo del celular de Fernando Sabag Montiel no tiene relación con el atentado a Cristina Kirchner. Los camaristas resolvieron que la jueza María Servini investigue el reseteo de fábrica del teléfono de Fernando Sabag Montiel, quien está detenido por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. El camarista Mariano Llorens zanjó así un conflicto de competencia entre Servini y la jueza que tiene a su cargo la investigación, María Eugenia Capuchetti.
Según Llorens, la maniobra que causó la pérdida de gran parte de la información contenida en el teléfono de Sabag Montiel no tiene relación con la investigación por el intento de homicidio sino que se trata de hechos desconectados entre sí.
"De los eventos aquí denunciados surgen aristas particulares que, en principio, no tienen vinculación con las maniobras pesquisadas en el marco de la causa que se pretende de atracción y cuya delimitación deberá efectuarse de manera separada", sostuvo el camarista Llorens.
La jueza Capuchetti dispuso que otro juez investigara las circunstancias del borrado del teléfono de Sabag Montiel, como una derivación de la causa en la que se investiga el presunto intento de "homicidio agravado con ensañamiento y alevosía", según reza la carátula del expediente.
La magistrada estableció que se investigue "un posible delito de acción pública vinculado con la colocación del teléfono celular secuestrado al imputado Sabag Montiel en estado de ´reseteo de fábrica´…". También, consideró que "tal suceso no guarda relación con el objeto procesal de los autos señalados", es decir la causa principal por el intento de magnicidio.
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Contrariamente, Servini había evaluado que "en esta temprana etapa de la investigación no puede descartarse, ni mucho menos, que los hechos a tratar aquí no estén íntima e indisolublemente vinculados al objeto procesal del proceso en donde se ordenó su extracción".
"Entre ambos eventos no sólo median razones de conexidad objetivas, relativas a la estrecha relación que existe entre aquello que es objeto de investigación en los dos procesos, sino también otras de raigambre constitucional, afincadas en la economía procesal y mejor administración de justicia", opinó Servini.
Sin embargo el camarista Llorens coincidió con la postura de Capuchetti y escindió la investigación sobre lo ocurrido con el teléfono del expediente principal por el intento de homicidio ocurrido el primero de septiembre pasado.
Por otro lado, hace días, la Corte Suprema finalmente habilitó, con casi 3 meses de demora, 3 contratos para el juzgado a cargo de Maria Eugenia Capuchetti. Tal como informó El Destape, Capuchetti reclamó personal justo cuando le tocó la investigación del atentado contra CFK. La Corte nunca le contestó hasta ahora, que Capuchetti ya delegó la investigación en el fiscal Carlos Rívolo. Es muy difícil no leerlo como una nueva provocación.
El pedido de personal que hizo Capuchetti, al que accedió El Destape, tiene fecha del 22 de septiembre pasado. Fue dirigida a Mariano Llorens, presidente de la Cámara Federal de Comodoro Py, para que este se la eleve a la Corte Suprema. La respuesta de la Corte tiene fecha el 13 de diciembre, casi 3 meses más tarde. En el interín, la Corte firmó decenas de resoluciones vinculadas a personal de todo el Poder Judicial. No parece casual.
La jueza Capuchetti ya no lleva adelante la investigación por el atentado contra CFK, si es que en algún momento lo hizo. Mientras se definía el pedido de apartarla que hicieron los abogados de CFK la propia jueza delegó la investigación en el fiscal Rívolo. Toda una garantía: Rívolo fue el coequiper de Carlos Stornelli en la farsa de las Fotocopias de los Cuadernos Fénix.
¿Por qué la Corte le habilita ahora los 3 contratos de secretario letrado (cargo apenas debajo del juez) que pidió Capuchetti hace casi 3 meses? Habría que preguntarles a Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, que firmaron la resolución 3374.
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