El intendente de Rosario, Pablo Javkin, impulsa la investigación por el funcionamiento de una presunta banda que se dedicaba a la comercialización ilegal de vehículos secuestrados en corralones municipales. De esta manera, el mandatario local firmó un decreto de intervención del depósito, la separación de los cargos correspondientes a las personas involucradas y la radicación de una denuncia penal por diversos delitos, entre ellos, el de asociación ilícita.
Javkin hizo públicas una serie de acciones que se llevaron adelante tras detectar una serie de irregularidades en la Dirección de Corralones municipal, lugar donde son derivados los autos y motos remitidos por distintas faltas. “Descubrimos el procedimiento, hacían figurar como compactados vehículos que no se compactaban, se incluían en la lista de compactados pero no compactaban. Encontramos vehículos en el corralón separados y apilados, prácticamente, como una concesionaria”, señaló el intendente en diálogo con Radio 2.
A partir de un decreto firmado por el propio intendente el 13 de agosto de este año, en el que se facultaba a la agencia anti-lavado a analizar los vehículos que iban a compactación, principalmente aquellos con menos de 5 años de antigüedad o catalogados por la ex AFIP (ahora ARCA) como “alta gama”, se inició un proceso de revisión más exhaustivo de los rodados que eran confiscados y nadie reclamaba.
“Nos empezó a llamar la atención que haya una Toyota Hilux 2017 o un Renault Sandero 2019 que nadie venía a reclamar. Es raro, eso requería que pongamos el ojo con mayor precisión. Y eso, no solo nos permitió robustecer las intervenciones de la justicia aportando información a distintas investigaciones, sino empezar a tirar del hilo de lo que ocurría allí adentro”, aseguró el intendente.
A partir de dicha revisión de vehículos, a comienzos de septiembre se presentó una persona, denunciando que había adquirido un Chevrolet Cruze y que nunca había sido entregado. Como consecuencia de ello, una gestora interviniente realizó una denuncia en la cual una serie de personas comercializaban vehículos que supuestamente iban a ser compactados, los “liberaban” de multas y adulteraban los papeles de transferencia para luego ser entregados.
En ese marco, durante el relevamiento se detectaron un auto y cuatro motos de alta cilindrada, que en el sistema figuraban como compactadas o “egresadas”, pero físicamente se encontraban en el lugar. Asimismo, confirmaron otras 69 inconsistencias entre vehículos registrados, liberados y aquellos que se encontraban en el lugar.
Red ilegal de comercialización de vehículos en Rosario: el juez separado por corrupción
A partir de toda esta situación, se iniciaron dos sumarios administrativos a las personas denunciadas de forma directa, entre las cuales se encuentra el ex juez de faltas y director de tránsito Henry Fabro, que fue separado de su cargo tiempo atrás por haber vendido el libre multa de una moto por 15 mil pesos, según informaron medios locales.
El magistrado apartado tiene un extenso recorrido en distintos cargos municipales en las últimas dos décadas. En 2006, ingresó a la Dirección de Inspección, luego pasó a ser coordinador de Asuntos Jurídicos, coordinador del programa de Fiscalización de Espectáculos Públicos y director de Fiscalización de Transporte.
También estuvo a cargo de Tránsito desde 2010, casualmente, después de que su anterior director fuera sacado de funciones por la “desaparición” de vehículos del corralón de la zona oeste, cerca del predio de Bella Vista. Desde Tránsito pasó, en noviembre de 2013, al Tribunal Municipal de Faltas, donde ahora fue cesanteado.
Por el caso de la comercialización ilegal de vehículos, se trasladó la dependencia del corralón a la Secretaría de Control, se corrieron a todos los posibles involucrados y se espera que avance la denuncia penal por el delito de falsificación de documentos tipificado en el art. 292 CP, otras defraudaciones con potencial implicancia de agentes del estado, uso de documento falso del art. 296 CP y sin lugar a dudas el delito de asociación ilícita tipificado en el art. 210 CP, sin perjuicio de las eventuales repercusiones jurídico penales que puedan tener los hechos relatados y los que surjan de la investigación con relación a un posible menoscabo del erario público.
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