La CGT le dio al Gobierno su respaldo para la postulación del juez federal Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia. Así lo hizo saber la "mesa chica" de la central obrera a funcionarios del Ejecutivo en una negociación en el máximo secretismo que incluyó contactos directos de la dirigencia con el magistrado. Los sindicatos tradicionales antepusieron una afinidad ideológica -ubican al candidato como peronista y ligado al sindicalismo en su carrera judicial previa a la magistratura- por encima de los varios episodios que los cruzaron en la gestión de Lijo en Comodoro Py.
El Destape pudo reconstruir el ida y vuelta entre el Ejecutivo y la CGT por la vacante en la Corte. Incluyó, de acuerdo a varios dirigentes, un encuentro entre el propio juez y un puñado de sindicalistas de primer nivel en la casa de uno de ellos, de una actividad crítica de servicios públicos, en el barrio de Recoleta. La gestión la centralizaron los principales interlocutores de la administración libertaria con los gremios, el asesor sin cargo y plenipotenciario Santiago Caputo y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
La intensidad de esa diplomacia se impuso a los reparos que aparecían de antemano en el sector por el papel de Lijo en algunas causas sensibles. En una de ellas el juez evitó declarar delito de lesa humanidad el asesinato del metalúrgico José Ignacio Rucci adjudicado a la cúpula de Montoneros -en un intento fallido de consagración jurídica de la teoría de los dos demonios- en contra de los pedidos de la familia del líder de la UOM y de una parte de la central obrera.
En otra, y tras una larga tramitación e investigación, el magistrado sobreseyó en 2014 a Gerardo Martínez (Uocra) de las acusaciones por su presunta complicidad en la desaparición de trabajadores de la construcción en la última dictadura por haber pertenecido a la estructura del Batallón de Inteligencia 601 como informante. Lijo constató aquella pertenencia pero dijo no haber hallado elementos que lo vincularan con las desapariciones, y que la mayoría de las que fueron reportadas databan de un período previo a su incorporación al Ejército como agente civil, el 1 de marzo de 1982.
Más cerca en el tiempo, el juez fue clave para sostener la intervención en el sindicato de vigiladores (Upsra) que dispuso el gobierno de Mauricio Macri junto a otra docena de desembarcos en gremios. La mecánica fue en general la misma: jueces del fuero federal que con causas bajo su instrucción dieron pie a las intervenciones de Cambiemos en contra de fallos de la Justicia del Trabajo que apuntaban a dejar en manos de los afiliados y sus representantes la gestión de sus conflictos internos.
Hasta ayer la respuesta favorable a Lijo en la CGT era abrumadora. Los dirigentes más veteranos le asignan incluso al candidato una cercanía por años al fallecido líder de Luz y Fuerza Oscar Lescano. El magistrado era también asiduo concurrente a tertulias en gremios, una de ellas para la despedida de año en diciembre de 2021 en el sindicato de conductores de taxis que encabeza José Ibarra junto a otra colega del fuero, María Servini. Días atrás de ese mismo sector surgió un respaldo explícito a la candidatura por parte de las 62 Organizaciones Peronistas que lidera el propio Ibarra.
El sello (en rigor, uno de los tres que reivindican su titularidad) se deshizo en elogios al juez en un comunicado: "el doctor Lijo tiene una carrera en el ámbito académico distinguible, pero sobre todo la predisposición hacía la mesura, y el enseñar y el aprender de manera constante". También señala que "no sólo es un destacado magistrado independiente e imparcial, sino que es respetuoso de la República y, sobre ello, la Constitución Nacional, en el pilar más elemental que sostiene el Estado de Derecho". También resalta que la instancia superior a Lijo, la Cámara Federal, lo apoyara en la nominación. En un párrafo final le dedica al candidato loas a su "valor y prudencia", y destaca su "tamaña honorabilidad".
En la misma línea, y a poco de la formalización de su candidatura, el gremio mayoritario en el Poder Judicial, la UEJN, emitió un comunicado para apoyar sin fisuras al magistrado. Allí Julio Piumato, el secretario general, destacó la "valentía y compromiso con la defensa de los derechos humanos” de Lijo y aseguró que “de ser designado, honrará el cargo con una dedicación incansable y un firme compromiso con la construcción de una justicia acorde a las verdaderas necesidades del pueblo argentino, a lo que se suman sus óptimas condiciones personales y morales”. El otro sindicato judicial, el Sitraju, alineado con Cristina Fernández de Kirchner, mantuvo hasta ahora un sugestivo silencio sobre la postulación.
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