Tras el procesamiento de Mauricio Macri por el espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan el foco pasará a estar puesto en la Cámara Federal de Casación Penal. ¿Por qué? Porque la máxima instancia penal del país debe resolver el pedido de recusación de Macri contra Martín Bava, el juez que lo procesó. Si Macri logra una resolución a favor todo lo que hizo Bava podría ser declarado nulo, incluido el procesamiento. La decisión la tienen los miembros de la Sala II de Casación: Alejandro Slokar, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci. A los últimos dos los nombró Macri, a Mahiques directamente a dedo. Sumado a la maniobra para desplazar a Bava se descuenta que Macri apelará su procesamiento e insistirá con llevar el caso a Comodoro Py.
Macri acusó a Bava de prejuzgar y no ser imparcial aún antes de que lo procesara. La Cámara Federal de Mar del Plata confirmó al actual juez de Dolores al frente de la investigación en dos ocasiones, pero Macri apeló y llevó el tema a la Casación Federal, en Comodoro Py. Macri fue hábil: durante su gobierno copó la Cámara de Casación como estrategia de resguardo frente a su futuro judicial. Nombró 5 de sus actuales 12 miembros y de los 7 restantes solo 3 no están alineados con el PRO.
El caso que definirá el destino del juez Bava quedó radicado en la Sala II, que está compuesta por Slokar, Mahiques y Yacobucci. El fiscal será Raúl Plee. Como en Comodoro Py no importa qué diga el expediente sino de quién se trata y a que juez y fiscal le tocó se pueden aventurar algunos resultados.
Mahiques llegó a ese cargo puesto a dedo por Macri. Era juez en otra Cámara Nacional, pasó a ser ministro de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y de ahí a la máxima instancia penal del país sin concurso ni paso por el Senado, tal como marca la ley. A dedo, valga la redundancia. A Yacobucci también lo nombró Macri, pero en su caso al menos por concurso. Mahiques y Yacobucci hicieron dupla para favorecer genocidas. Y Yacobucci ya favoreció a Macri en una causa de espionaje en 2019, cuando puso su voto para apartar a Slokar del D’Alessiogate a pedido de Elisa Carrió.
Por el lado del fiscal Plee no hay mucho misterio. Es uno de los funcionarios judiciales que visitaron a Macri en la Quinta de Olivos cuando era Presidente, tal como reveló El Destape en la investigación Operación Olivos.
Más sagaz e inteligente que otros fiscales del lawfare como Carlos Stornelli o Guillermo Marijuan, lo cierto es que el currículum de Plee acumula denuncias por entorpecer la investigación del atentado a la AMIA, por cajonear causas por delitos de lesa humanidad y un paso por una unidad antilavado que, curiosamente, no encontró lavado de dinero en Argentina. Una joya con muchos puntos en común con Macri, con quien mantiene una relación desde su paso por la Comisión de Seguridad de Boca.
Si la Sala II de la Casación decide hacer lugar a la recusación que hizo Macri y corre al juez Bava todo lo que resolvió podría ser declarado nulo. Es decir, podría caerse el procesamiento del expresidente. Esa es la carta de Macri. Por el contrario, si ratifica al magistrado, el ex jefe de Estado deberá recurrir a otra estrategia para cuestionar el procesamiento. En esa línea, se descuenta que Macri apelará la resolución de 173 páginas de este miércoles para que sea revisada por la cámara marplatense. Es decir que los camaristas Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza volverán a ganar protagonismo. Ambos ya ratificaron a Bava al frente del cargo dos veces. Ahora tendrán que confirmar o revocar el procesamiento de Macri.
Macri, que es representado por el abogado Pablo Lanusse, insistirá igualmente con llevar el caso a Comodoro Py. El 19 de octubre pasado, un día antes de su segundo llamado a indagatoria, realizó un planteo de inhibitoria en el juzgado comandado por Ariel Lijo para que desde los tribunales de Retiro se le pida la causa al juzgado de Dolores. Por ahora, esa presentación no avanzó como el expresidente querría. No obstante, ya estuvo bajo la órbita del camarista porteño Martín Doctrina Irurzun, quien le reclamó a Lijo que tome una decisión con respecto a lo pedido por Macri. Es que Macri busca atar su suerte a una movida gemela que hizo Gustavo Arribas, su amigo a quien puso de jefe de los espías. Es todo un entuerto judicial, donde también está incluida Silvia Majdalani, la ex señora 8 de la AFI macrista.
El procesamiento
Macri fue procesado este miércoles por el juez Bava, quien consideró que el exmandatario “posibilitó la realización de tareas ilegales” contra los familiares del ARA San Juan, recibió el material que confeccionó la Agencia Federal de Inteligencia y lo utilizó para “tomar decisiones”. Le dictó la prohibición de salida del país y le trabó un embargo de 100 millones de pesos. De esta forma, el expresidente pasó a ser el 12° procesado que tiene el expediente. Los 11 restantes son directivos y agentes de la AFI, entre los que se destacan Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
“Se encuentra acreditado en autos que, por lo menos entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018 el imputado Mauricio Macri, desde su rol de Presidente de la República Argentina, posibilitó la realización de las tareas ilegales, generó las condiciones para que se pudieran llevar a cabo, almacenó parte de ese producido y utilizó esa información de inteligencia ilegal realizada desde la Delegación Provincial Mar del Plata de la Agencia Federal de Inteligencia sobre el colectivo de familiares de los tripulantes de los buques pesqueros naufragados ‘Rigel’ y ‘El Repunte’ y, en particular, del submarino ARA San Juan”, señaló el juez en una resolución de 173 páginas.
De acuerdo a Bava las tareas ilegales de inteligencia y los informes que produjo la AFI con ese material “fueron producidas para el conocimiento del imputado”. “Las mismas tenían por objeto informar los movimientos que llevaron adelante las víctimas en el marco de los reclamos que realizaban contra su gestión de gobierno como consecuencia del hundimiento del submarino”, señaló Bava.
En esa línea, el juez destacó que “no solo los documentos estaban dirigidos al imputado, sino que del texto mismo de esos informes se desprende que la información era producida para que fuera analizada por él. Asimismo, la temporalidad de los documentos en relación a los hechos cubiertos también se erige como un indicador de que era Macri el destinatario de esos informes”.
Otro aspecto central del escrito de Bava fue la demolición de la estrategia defensiva de Macri, quien busco enmarcar las tareas de inteligencia en lo que hace a la seguridad presidencial: “La hipótesis de que los informes de inteligencia ilegal que hacen a esta causa se corresponden con funcionamientos vinculados a la seguridad presidencial y a la coordinación existente entre el organismo de inteligencia y la Casa Militar se desvanece por completo”, sostuvo el juez y derribó la principal coartada que tenía el expresidente.
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