Las familiares del submarino ARA San Juan afirman que sienten alivio de que luego de dos años de denuncias se descubra el espionaje perpetrado por el gobierno de Mauricio Macri sobre las querellas que integran la causa por el hundimiento que se cobró la vida de 44 tripulantes. Acusan que el ex presidente tuvo que conocer el seguimiento ilegal debido a que en las reuniones que mantuvieron el líder del PRO sabía de antemano cuáles reclamos le harían.
"Nos estábamos locas y ahora no estamos solas. Desde el 2018 decíamos que fuimos espiadas, llevamos pruebas a los tribunales y nunca prosperó", afirmó a El Destape la abogada Valeria Carreras, representante de una parte de la querella. La novedad en la causa es que la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Cristina Caamaño, reveló pruebas del espionaje macrista luego de que el juez federal Alejo Ramos Padilla solicitara información a la AFI para profundizar en su investigación en el marco del D’Alessiogate.
Los familiares había presentado la primera denuncia en 2018 ante la Justicia, pero la causa se cerró y en junio hicieron un pedido de investigación ante el Juzgado Criminal 2 de Lomas de Zamora a cargo de Juan Pablo Augé , quien investiga el espionaje realizado por el gobierno de Cambiemos a figuras públicas como la vicepresidenta Cristina Kirchner, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y el sindicalista Hugo Moyano.
"A las familiares se le borraban imágenes de sus teléfonos, perdían mensajes, los celulares sin ser usados estaban calientes y los funcionarios sabían de ante mano lo que íbamos a preguntarles", afirma Carreras para explicar los indicios que las llevaron a sospechar que las estaban espiando en 2018 y 2019. "Sabemos que hay más material que el encontrado, porque ellos sabían todo de nosotras", agregó.
La primera manifestación pública que hicieron los familiares sobre el espionaje fue en una audiencia con el entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad, en abril de 2018. Al otro día las querellas presentaron una denuncia formal para que se investigue el seguimiento ilegal. "Lo extraño es que minutos después Aguad presentó una denuncia", sostuvo Carreras, quien explicó que presentar la acusación le permitía al ministro tener acceso a la causa, pedir testimonios y pruebas.
La causa fue cerrada poco tiempo después cuando las familiares de los tripulantes se negaron a entregar sus teléfonos durante casi un mes a la fiscalía que encabezaba Gerardo Pollicita para que sean peritados. "Los teléfonos eran el único vínculo que tenían con sus familiares y la única vía que tenían para comunicarse entre los damnificados. Tenían miedo y por eso decidieron no entregarlos", explicó Carreras.
Acerca del espionaje, la letrada explicó que sintieron que eran espiadas cuando iban a la Base Naval de Mar del Plata a recibir los partes de novedades en la búsqueda del Submarino, cuando se reunieron con el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada en febrero de 2018 y cuando investigaban pruebas en la causa judicial por el hundimiento. "Nos encontramos que las pistas que seguíamos de repente eran abordadas por los funcionarios", sostuvo Carreras, quien además explicó que el "presidente abordaba las peticiones que nosotras habíamos abordado".
El espionaje
El material que da cuenta del espionaje estaba “en soportes digitales encontrados en la Delegación Mar del Plata de la Agencia Federal de Inteligencia” y fueron “analizados con motivo de un requerimiento judicial realizado por Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores, en el marco de otra causa”, explicaron desde la intervención de la AFI. Se trata de tres discos rígidos donde constan 29 archivos digitales.
De acuerdo a los registros de la AFI a los que tuvo acceso el periodista Franco Mizrahi, hay informes fechados entre enero y junio de 2018 y muestran seguimientos sistemáticos y fotografías tomadas frente a la Base Naval de Mar del Plata y durante otras actividades.
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“El material acompañado demuestra que la Agencia Federal de Inteligencia hizo inteligencia sobre familiares, amigos y allegados de los tripulantes del ARA San Juan, y ello por el solo hecho de pertenecer al colectivo de familiares de las víctimas del hundimiento”, agrega el escrito que presentó Caamaño.