Las familias de las víctimas del buque Ara San Juan expusieron a través de sus abogados y abogadas ante la Cámara Federal de Casación Penal y pidieron que se revoque el sobreseimiento del ex presidente, Mauricio Macri; el ex director de la AFI, Gustavo Arribas, la ex vicerrectora, Silvia Majdalani y ocho agentes de inteligencia del país. Para la defensa, “las tareas de espionaje sufridas fueron ilegales” y las mismas “de ninguna manera se pueden justificar como una acción desplegada en defensa de la seguridad presidencial”. Tras la audiencia las querellas se mostraron “esperanzadas” con la posibilidad de revocar el fallo.
Los camaristas Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky escucharon a las querellas durante un poco más de una hora y media. Ahora tendrán 10 días hábiles para expedirse sobre el expediente. Tienen dos posibilidades concretas: revocar el fallo o ratificarlo. Tras la audiencia, Valeria Carreras, una de las abogadas de la querella dijo que “más allá de que esto es un paso procesal, durante la audiencia noté mucho interés en los miembros del tribunal; y generalmente no hay preguntas, no hay ampliaciones cuando se tiene una decisión tomada”. Vale remarcar que a lo largo de la audiencia el única que realizó las preguntas y pedidos de ampliaciones fue Mariano Borinsky.
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“Tengo esperanzas de que esto se revierta por esta cuota de interés que demostraron y porque aparte, a la sola lectura de lo que fue el sobreseimiento, culpándolas a mis defendidas como si fueran terroristas que podían atentar contra la seguridad del ex presidente Macri, no se sostiene”, cerró.
Cómo fue la audiencia
Como nota de color, el abogado de Mauricio Macri, Pablo Lanusse, no presenció la audiencia ni siquiera de manera remota. La primera en exponer fue Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entidad que es amicus curiae en la causa. “¿Puede la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) colaborar en materia de seguridad presidencial?”, se preguntó en su defensa y detalló que “los familiares fueron perseguidos, muchas personas se infiltraron, la AFI accedió a sus redes sociales, y en ninguno de los informes que presentaron hay conexidad con la seguridad presidencial”.
La referente del CELS afirmó que “la AFI no tienen funciones directas con la seguridad presidencial; solo puede producir inteligencia pero la seguridad le corresponde a la Casa Militar”. En ese sentido detalló que, en caso de haber existido en algún momento algún posible peligro contra el entonces presidente Macri, “la Casa Militar debió haber coordinado las acciones con la Policía Federal o la Bonaerense”, pero no con la AFI.
De esta manera, Litvanchy citó el artículo 4 de la ley de Inteligencia (25.520) que indica que ningún organismo de inteligencia puede “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”. Para el CELS, “la AFI hizo inteligencia contra los familiares del ARA San Juan ‘por el solo hecho de’ haber realizado protestas” en las que pedían buscar el busque y justicia por sus familiares.
El abogado penalista querellante, Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes del Ara San Juan le pidió a los camaristas “que utilicen su total sentido común y convicción, independientemente de cuales son los nombres” (en referencia a Mauricio Macri y el resto de los sobreseídos). “Queríamos y queremos la verdad, nada más”, remarcó.
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“Fue perverso lo que sufrimos y seguimos sin saber lo que pasó con nuestro hijos”, dijo y agregó: “¿Por qué nos escucharon? ¿Por qué nos siguieron?”. Tagliapietra recordó que tampoco “investigaron a los infiltrados que se hicieron pasar por familiares y no eran, y no sabemos quiénes eran”. Para el abogado, “había un plan de espionaje sistemático que no tenía que ver con la seguridad presidencial”.
Por ello pidió a los jueces y jueza “que se despojen de todo sentido político, que se olviden de los nombres que figuran en este expediente y resuelvan conforme a lo que está en nuestra constitución y leyes”.
Finalmente, la otra abogada querellante, Valeria Carreras, fue en la misma línea y pidió que se revoque el fallo. A entender de la letrada, en el fallo anterior, “se justifican las tareas de espionaje y de ninguna manera podemos precedernos a esa naturaleza”, afirmó. Sobre que seguirá con la causa, la letrada explicó que el fallo “deberíamos tenerlo en diez días hábiles, pero pueden tomarse un un plazo mayor”. Sobre la posibilidad de llamar a una nueva audiencia o volver a consultar a las partes, Carreras manifestó que “podrían pedir algún tipo de informe porque se nombraron otras causas, pero no mucho más”.
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