Espionaje ilegal: cómo se armó la alianza entre el abogado de Macri y el fiscal Curi para postergar la indagatoria

El fiscal de Dolores Juan Pablo Curi fue funcional a la estrategia dilatoria del expresidente y acompañó el pedido de que se lo releve de guardar secretos de Estado para poder declarar. Esto obligó al juez a suspender la audiencia. Los querellantes se manifestaron “inquietos con la actitud del Fiscal”. ¿De qué hablaron Curi y el procurador interino Casal, que responde a Macri, en la reunión que tuvieron hace una semana?

28 de octubre, 2021 | 19.54

El miércoles 20 de octubre el fiscal federal de Dolores Juan Pablo Curi, que interviene en la causa por el espionaje a los familiares del ARA San Juan, estuvo en la sede porteña del Ministerio Público Fiscal y se reunió con el procurador interino Eduardo Casal. No fue un día cualquiera: era la fecha del segundo llamado a indagatoria de Mauricio Macri en esa causa y Casal, aún hoy, responde al ex presidente. Ese mismo miércoles Macri faltó a la cita judicial y el juez Martín Bava lo convocó “bajo apercibimiento de ley” para el 28 de octubre. Esta jornada el fiscal Curi jugó en tándem con Pablo Lanusse, el abogado de Macri, para suspender la indagatoria bajo la argucia de que el ex presidente no había sido relevado del deber de guardar secreto sobre cuestiones de Estado, algo innecesario para esta instancia. El único objetivo de esta maniobra fue dilatar el procesamiento de Macri para que no suceda antes de las elecciones del próximo 14 de noviembre.

Ante la consulta de El Destape, desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron la reunión del fiscal Curi con el procurador interino Casal, que responde a Macri. Alegaron que fue con motivo de un concurso en el cual Curi fue sorteado como miembro del jurado que también integra Casal. Demasiadas casualidades: el mismo día que Macri falta a su indagatoria el fiscal Curi viaja de Dolores a Capital y se reúne con su jefe, Casal, que reporta a Macri. Y una semana más tarde tira paredes con el abogado de Macri para suspender la indagatoria.

En el acta de la indagatoria fallida queda en evidencia cómo la coincidencia entre el fiscal Curi y el abogado de Macri fue la clave para suspenderla. Lo que no se sabía hasta ahora era que Curi se juntó con Casal, y todo indica que para recibir instrucciones. El procurador interino Casal protegió a otro de los involucrados en una causa de espionaje ilegal, el procesado fiscal Carlos Stornelli. Todo indica que ahora reincidió, nada menos que con Macri.

Bullrich e Iglesias fueron algunos de los dirigentes macristas que fueron a apoyar a Macri.

Una aclaración previa. Apenas salió del juzgado de Dolores el abogado de Macri dijo que la audiencia se suspendió porque el juez Bava se olvidó de pedir el relevamiento de secreto de Estado para el ex presidente. ¿El juez debía hacerlo antes de la indagatoria? No, por el simple hecho de que solo Macri podía saber qué diría. La indagatoria consiste en informarle al imputado, en este caso Macri, de los hechos de los que se lo acusa. Y el imputado, Macri, puede defenderse, y eso incluye negarse a declarar o incluso mentir. Es su derecho y para eso no necesitaba ningún relevamiento de secreto. Lo que pasó fue otra cosa, una estrategia dilatoria de Macri y su abogado Lanusse que contó con la complicidad del fiscal Curi.

El documento donde quedó registrado lo que sucedió en la indagatoria da cuenta de que el juez Bava le hizo saber a Macri que el 1 de octubre, es decir, el día que lo citó por primera vez indagatoria, le requirió a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) “que informe si para este acto era necesario el relevamiento del Secreto”.

Cristina Caamaño, la actual interventora de la AFI, le contestó el 6 de octubre, es decir, hace más de tres semanas. En primer lugar le dijo que no le correspondía a ella “relevar de la obligación de guardar secreto al ex Presidente de la Nación” por la sencilla razón de que es su superior jerárquico. Es decir, que en caso de necesitarse ese relevamiento del secreto era una tarea para el actual presidente Alberto Fernández. Pero Caamaño agregó algo más: “que en caso de que el ex Presidente brinde en su declaración alguna información clasificada en los términos del Título V de la Ley 25.520 modificada por ley N 27.126 (se refiere a la Ley de Inteligencia), deberán tomarse los recaudos necesarios a los fines de garantizar su reserva”. En concreto, Caamaño dejó por escrito que la indagatoria se podía realizar igual y que en caso de que Macri abordara alguna cuestión resguardada por el secreto de Estado se debía registrar bajo reserva. Pero no pasó.

Cuando el juez Bava informó de esa respuesta de Caamaño el abogado de Macri buscó suspender la indagatoria y para eso contó con la complicidad del fiscal Curi. Así quedó registrado: “Acto seguido, la defensa solicita se suspenda el acto atento que considera que el relevamiento del secreto obrante en la ley 25.520, lo debe realizar debidamente el actual Presidente de la Nación”. Ante este escenario, el juez Bava le pidió opinión al fiscal Curi, cuya tarea es controlar la legalidad de todo esto. “Corrida la vista al Ministerio Público Fiscal, el mismo coincidió con el planteo realizado por la defensa”, escribió Bava en el acta de la indagatoria. Coincidencia de la defensa de Macri con el fiscal Curi. El juez suspendió entonces la audiencia y requirió “lo solicitado por la Defensa y el Ministerio Público Fiscal”. Con la respuesta de Alberto Fernández “se fijará nueva fecha de indagatoria”.

Apenas concluyó la fallida indagatoria el juez Bava le pidió al presidente Fernández “que, de ser necesario, releve al imputado del deber de confidencialidad obrante en la ley 25.520”. El juez indicó que hacía su requerimiento atento lo solicitado por la defensa del imputado Ing. Mauricio Macri y por el Sr. Fiscal Federal en el marco de la audiencia indagatoria del nombrado, la que debió suspenderse durante el curso de la misma a fin de no afectar el derecho de defensa y evitar futuros planteos nulificantes”.

El rol de Curi fue clave y así quedó registrado en los documentos judiciales. Por eso los abogados de los familiares del ARA San Juan se manifestaron “inquietos con la actitud del Fiscal interviniente quien apoyó la objeción de la defensa de Macri”. No es la primera vez: la actitud del fiscal Curi en la megacausa por espionaje que estuvo en manos del juez Alejo Ramos Padilla y que hoy sigue Bava siempre fue poco proactiva, por no decir obstructiva.

Apenas se enteraron de la suspensión de la audiencia, la querella representada por la abogada Valeria Carreras emitió un comunicado donde cuestionó la actitud de Curi. Tras afirmar que Macri “no tuvo voluntad de declarar”, los querellantes aseguraron que estaban “inquietos con la actitud del Fiscal interviniente quien apoyó la objeción de la defensa de Macri”. “No es la primera vez que el Fiscal parece olvidar que debe velar por las Victimas del delito que se investiga. También fue quien no objetó ninguno de los permisos de salidas del País de los imputados Arribas y Majdalani”, añadieron. Sobre el exdirector de la AFI, Gustavo Arribas, quien está procesado por el espionaje al ARA San Juan, pesa por ejemplo un rechazo para salir del país por un mes por temor a que se fugue. Curi estaba a favor de que pudiera irse a Brasil por 30 días para festejar su cumpleaños y el de su hija.

El punto central es que Macri no vulneraba ningún secreto de Estado al responder por el espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan. Su actitud de este jueves revela su estrategia de defensa: enmarcar las tareas de inteligencia de la AFI dentro del marco de la Seguridad presidencial. Es decir, darle legitimidad al espionaje ilegal. Además, con esta maniobra dilatoria busca que su situación procesal no se resuelva hasta después de las elecciones legislativas. Si el expresidente era indagado este jueves, el juez tenía 10 días hábiles para definir si lo procesaba o no por lo que su situación se iba a resolver antes del 14 de noviembre.

La imputación de Macri

En la transcripción de la indagatoria quedó expuesta la imputación que pesa sobre Macri, por la que tendrá que responder más temprano que tarde.

“Desde su cargo de Presidente de la Nación, por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018, ordenó y posibilitó la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia, y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos”, señaló el juez Bava.

En ese marco, el magistrado le imputa seis hechos:

  • Hecho 1: seguimientos coordinados el 15 de enero de 2018, a dos meses de la desaparición del submarino, a familiares y confección de informes de inteligencia.
  • Hecho 2: el 3 de febrero de 2018, agentes espiaron a esposas de tripulantes desaparecidos para “prever cuestiones de agenda” y así anticiparse a los reclamos que familiares plantearían a Macri en la reunión del 6 de febrero siguiente.
  • Hecho 3: El 10 de febrero se hizo un informe en el que se señala que familiares intentarían entregar una carta a Macri en Chapadmalal.
  • Hecho 4: El 2 de abril de 2018 hay seguimientos a familiares que buscaban entrevistar a Macri en el Golf Club Mar del Plata.
  • Hecho 5: El 15 de noviembre de 2018, en el primer aniversario de la desaparición del submarino, la AFI cubrió una protesta en la Base Naval de Mar del Plata.
  • Hecho 6: Diez casos más de seguimientos con fotografías que se volcaron a informes de inteligencia. En lo que hace a este punto, en la causa constan 22 documentos “en donde se refleja algún tipo de tarea de seguimiento e infiltraciones en distintas marchas y/o reclamos efectuados por las y los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, de los buques pesqueros ‘Rigel’ y ‘El Repunte’”. El primero data del 28 de diciembre de 2017.

Por esos mismos hechos ya fueron imputados 9 ex directivos y ex agentes de la AFI, entre los que se destacan Arribas y Majdalani.

Todas estas acciones antes descriptas no contaron con autorización judicial alguna ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional y se realizaron además, con el objeto de influir en la opinión pública”, resaltó el magistrado que subroga en Dolores.

En ese contexto, el imputado, en su rol de Presidente de la Nación no solo ordenó la realización constante de acciones de inteligencia ilegal sobre las y los familiares de los tripulantes mencionados, sino que recibió y utilizó el análisis de esa información efectuado por la Agencia Federal de Inteligencia”, afirmó el juez Bava.

Tras escuchar la imputación, Macri pidió se suspenda la indagatoria. Y el fiscal Curi lo apoyó.

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