En Comodoro Py, la Cámara Federal resolvió revocar el procesamiento y sobreseer a Mauricio Macri por espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. Los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia (los tres nombrados en sus cargos por el ex mandatario) sostuvieron que las diligencias guardaban relación con la seguridad del presidente y descartaron la hipótesis de tareas de “inteligencia ilegal” que buscaban controlar las protesta e influir en la opinión pública.
El fallo implicó también el sobreseimiento para los ex directores de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y un grupo de ocho funcionarios y agentes de la base AFI de Mar del Plata.
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El tribunal de apelaciones entendió que no se cometieron delitos en el marco de las denominadas "avanzadas presidenciales" que se disponen para cuidar la seguridad de los presidentes.
Según el fallo, se "entendió que no se había cometido delito alguno en las avanzadas que cuidan el entorno completo de la seguridad presidencial. Tanto del propio Presidente como de sus movimientos y de quien quiera acercarse a él".
Además surge del fallo que "la información respecto de la seguridad de infraestructura crítica del Estado -como lo es, entre otras cosas, el Presidente de la República- es una tarea obligada de las fuerzas de seguridad y de los Agentes de Inteligencia que trabajan en la AFI".
Concluyen los jueces que "sus conductas se encuentran justificadas por el conjunto de normas que garantizan su cuidado. Encontrándose probado que ninguna de las acciones investigadas en esta causa sobrepaso esos permisos legales".
Asimismo, la Cámara Federal porteña revocó hoy los procesamientos que pesaban sobre los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y dispuso que se los siga investigando en el marco de la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje político desde las denominadas bases AMBA, en relación al Área Metropolitana de Buenos Aires.
A Macri se lo acusó por supuestas maniobras de espionaje ilegal que habrían tenido por objetivo monitorear las actividades de las organizaciones de familiares de las víctimas del hundimiento del submarino San Juan “desde la perspectiva de la afectación a la imagen de la gestión de gobierno”.
El hundimiento del ARA San Juan, en el que murieron 44 personas, ocurrió en noviembre de 2017. Los seguimientos se habrían dado entre diciembre de 2017 y finales del 2018.
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