El juez federal Martín Bava, quien llamó a indagatoria al expresidente Mauricio Macri por presunto espionaje ilegal a víctimas del hundimiento del ARA San Juan, es un excombatiente de Malvinas que ejerce la magistratura desde 2009. Bava era conscripto cuando estalló la guerra, en 1982, y combatió como integrante del Ejército.
Se recibió de abogado en la Facultad de Derecho de la UBA el 20 de marzo de 1991 y tiene una larga trayectoria tanto en el plano privado cuanto en el Poder Judicial y en el ámbito académico. Para quitar legitimidad a la indagatoria contra Macri, medios como La Nación lo cuestionaron por haber obtenido un dos en un examen para juez federal de Dolores. La información es parcialmente cierta, pero incompleta.
Efectivamente, Bava obtuvo 23 puntos sobre 100 posibles, pero el concurso fue declarado “desierto” porque no se alcanzó el mínimo de seis postulantes que alcanzaran el mínimo de 40 puntos. El jurado evaluador estuvo integrado por los jueces Ángela Ledesma y Carlos Compaired, por la Asociación de Magistrados, y Héctor Mario Magariños y Silvia Pinto Varela, por la UBA. El concurso fue declarado desierto el 4 de septiembre de 2008.
Ese mismo año, Bava quedó ternado para juez federal de Azul, y fue designado para el cargo un año más tarde, el 31 de agosto de 2009. En la actualidad afronta un pedido de juicio político planteado por abogados defensores de exmilitares condenados por el tribunal oral federal de Mar del Plata por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
Le imputan haber fallado contra ellos sin haber presenciado el debate oral, puesto que era el juez suplente y no asistió a todas las audiencias, pese a lo cual y ante una vacante sorpresiva, votó junto a sus colegas Roberto Atilio Falcone y Mario Alberto Portela. Uno de sus denunciantes es el exfiscal general de la Ciudad de Buenos Aires Luis Cevasco, defensor junto con Fernando Soto del policía bonaerense Luis Chocobar, condenado por “homicidio cometido en exceso del cumplimiento del deber”. La denuncia ingresó este año y es tramitada por el consejero juez Alberto Lugones.
Por otra parte, fue cuestionado por su intervención como subrogante en un juzgado de Mar del Plata en una investigación sobre supuestas violaciones a los derechos humanos atribuidas al juez local Pedro Federico Hooft, quien finalmente terminó desvinculado de la imputación.
Desde que llegó a Dolores actuó con celeridad a la Causa D’Alessio, que había sido instruida durante casi dos años por su antecesor Ramos Padilla. Entre las medidas relevantes que tomó, dictó el procesamiento del periodista Daniel Santoro y dispuso los pasos previos a la elevación parcial a juicio oral del expediente.
En ese contexto, el fiscal Carlos Stornelli, para quien también propuso el juicio oral, lo recusó por “temor de parcialidad”, y el planteo está a estudio de la Cámara Federal de Mar del Plata.
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