La negociación en Guernica se volvió a tensar en el tramo final. Hay tiempo hasta el 15 de octubre para evitar un desalojo masivo con la Policía Bonaerense en la toma más grande y problemática del país. Son cien hectáreas en las que todavía permanecen unas 300 personas, mientras 500 ya firmaron un acuerdo con el gobierno provincial para retirarse del predio.
Andrés “Cuervo” Larroque, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, salió al cruce de las organizaciones de izquierda que participan de la toma de Guernica, en el municipio de Presidente Perón. Las acusa de tensar la negociación para prolongar el conflicto. También señaló que hay mafias territoriales que venden tierras y estafan a las familias.
El gobierno de la provincia señala especialmente al Polo Obrero y a una línea de Libres del Sur, coordinada por Humberto Tumini, el Movimiento Teresa Rodríguez y el Frente de Organizaciones en Lucha. Las organizaciones responden que se pretende generar condiciones para “el desalojo y la represión” de las personas que se encuentran en el terreno.
En diálogo con El Destape, Larroque detalla el proceso de negociación y las alternativas ofrecidas a las familias, mientras asegura que no hay motivos para que continúen las tomas de tierras en el territorio bonaerense tras el anuncio del gobernador Axel Kicillof de un plan para construir 33.600 viviendas en tres años, en un programa que tendrá una inversión de $190.000 millones.
El secretario general de La Cámpora está al frente de un ministerio clave para administrar las demandas y tensiones de una región siempre caliente, desbordada de desigualdades estructurales y urgentes, que quedaron en evidencia de la manera más dramática con la pandemia.
Larroque analiza desde Guernica, donde trasladó su gestión en el último mes, la delicada situación social y el complejo panorama para los próximos meses. También destaca la “madurez” interna del Frente de Todos, la marginalidad social del sector más radicalizado de la oposición y describe las tensiones con el poder económico.
A pocos días de la fecha que ordenó el juez para desalojar el predio tomado en Guernica, ¿cómo está la negociación hoy?
Al día de hoy, 500 familias ya firmaron el acuerdo con el ministerio para retirarse de la toma. Unas 150 ya fueron visitadas y están en proceso de resolución. Presumimos que quedan unas 300 personas o familias en el lugar. La toma hoy está compuesta de tres instancias muy claras y definidas. Las familias que quedan dentro aún con necesidad, y que inclusive están siendo amenazadas para no salir. Las organizaciones de izquierda que están haciendo una utilización política del conflicto para profundizarlo indefinidamente, por eso no están colaborando con el Estado para terminar el registro de todas las familias y poder encaminar las soluciones. Y después queda el esquema de mafia local que quiere vender los terrenos, y que básicamente es el más fuerte.
Las acusaciones a las organizaciones de izquierda, ¿en qué elementos están basadas?
El 15 de septiembre presentamos un plan de contingencia ante el juez, planteamos desarrollar el protocolo de la Corte Suprema de Justicia de la provincia para situaciones de desalojo, que implicaba un censo que hicimos en conjunto con las organizaciones, y a partir de ahí nos empezó a costar mucho la coordinación. Una vez hecho el censo pedimos la prórroga del desalojo, y toda esa semana las organizaciones empezaron a obturar el proceso de registro de cada familia para poder determinar el grado de necesidad de cada una y en función de eso generar una respuesta. Como el proceso estaba encaminado pedimos una prórroga más, y toda esta semana, que es la mitad del tiempo que tenemos, tuvimos reuniones en el marco de la mesa de diálogo todos los días y las organizaciones están empeñadas en impedir que el Estado tenga acceso al predio. Entendemos que algo están escondiendo y que quieren llegar a la nueva fecha de desalojo con el proceso obturado para postergar indefinidamente la situación de conflicto.
¿Pero por qué las organizaciones buscarían impedir una solución?
Porque no les preocupa la situación de las familias y encuentran en la toma un tema de trascendencia mediática que puede desgastar al gobierno. Privilegian los intereses que tienen como organización política y no los de las personas. De hecho ellos entraron un mes después de que comenzó la toma, y además no la conducen, que es lo más grave. Más allá de las familias que sí tienen necesidades, el sector de más poder y más fuerte internamente en la toma es el de aquellos que tienen una expectativa económica en función de la venta de los terrenos.
Las organizaciones dicen que con estas acusaciones se está preparando el terreno para un desalojo represivo.
Pero cuál es el sentido de decir eso cuando ya pedimos dos prórrogas, constituímos una mesa de diálogo, les propusimos generar una comisión conjunta entre el Estado y las organizaciones con los veedores que se necesiten, tanto de organismos de Derechos Humanos, de las iglesias o de quien se requiera, para poder hacer un seguimiento en la reubicación de todas las familias.
La gente que está en la toma, por lo general, vive en otro lugar, en condiciones de hacinamiento o con dificultades para pagar el alquiler, pero no es que todos están en situación de calle. Por eso ofrecemos una salida de transición para las personas que tienen esa complejidad, con mejoras habitacionales y con subsidios de emergencia habitacional para los que alquilan. Y una solución de fondo que está vinculada al Plan Integral de Hábitat que anunció Axel, que plantea a nivel provincial la constitución de 85 mil lotes con servicios y proyectamos que 3 mil sean para Presidente Perón. Además les explicamos que la generación de lotes no es inmediata, nos va a llevar operativamente seis meses como mínimo. Y también ofrecimos que la gente que está en la toma, que mayoritariamente está desocupada, sea la que trabaje en la generación de esos lotes. Es decir, ofrecemos una salida en materia de hábitat pero también laboral, y de cualquier otra problemática social o sanitaria.
Y el otro entramado que mencionaste como mafias que venden terrenos, ¿cómo funciona ese esquema?
Hay actores territoriales que una vez ingresados a la toma se apoderan de una cantidad de terrenos con la expectativa de que la toma se transforme en un barrio y poder venderlos. Ya hubo ventas de terrenos a algunas familias engañadas ahí adentro y compraron. Lamentablemente las organizaciones de izquierda terminan siendo el mascarón de estos esquemas. Y, finalmente, las familias son rehenes de todo esto.
Si llega la fecha del desalojo ordenado por el Poder Judicial y no lograron que salgan del lugar todas las personas, ¿van a cumplir con la medida o qué opciones manejan?
Estamos muy cerca de no tener que pasar por eso, si no fuera por la tozudez de estas organizaciones que no quieren acompañar una propuesta que es histórica y única. No recuerdo un proceso en el que un ministro esté tres semanas en el territorio trabajando en diálogo permanente para buscar una solución. El desalojo lo ordena el juez y el Poder Ejecutivo es accesorio de esa definición. Le tocará al ministerio de Seguridad ejecutarlo y nosotros con otras áreas vamos a tener intervención para que se realice en el marco de lo que plantean el protocolo de la Corte.
Guernica es la toma más grande, pero hay otras 80 judicializadas en el marco de una crisis generalizada. ¿Qué implicancia tiene el desenlace de este conflicto en el resto de los procesos de ocupaciones?
Las tomas surgen y existen por un repliegue del Estado en las políticas de hábitat y vivienda. Eso se agudizó en los últimos cuatro años y comienza a ser revertido a partir del anuncio del gobernador con el plan de hábitat, la creación de la Unidad Provincial de Tierra y Vivienda a cargo del ministerio de Gobierno con la participación de otros ministerios, y con la generación de los registros de tierras para poder ponderar la oferta de suelo que tiene disponible la provincia, que aunque parezca increíble no existía, y también el registro de la demanda que no está cuantificada.
Con todo esto, a partir de ahora no hay motivo por el cual la gente entienda que debe avanzar por su lado y no articulando los problemas de hábitat a través de una política institucional. Las tomas que ya existen hay que resolverlas, pero con estos registros tenemos que poder pautar en qué tiempos vamos a ir resolviendo esa demanda que por supuesto es absolutamente legítima.
Todo esto en un contexto de profunda crisis, con aumento de la pobreza y una situación social delicada en general, ¿cómo ves los próximos meses?
Hay una situación social estructuralmente compleja. En el país y particularmente en lo que me toca, en el conurbano. Si hacés una cuenta sencilla, desde el ‘76 se fugaron del país 350.000 millones de dólares. Evidentemente esos recursos faltan en el territorio porque hay problemas estructurales que intentaron ser revertidos desde el 2003 al 2015, con una política presente del Estado, pero hay un vacío muy notorio de recursos. Por eso hay una acción de intervención estatal en todos sus niveles muy presente y también una articulación muy fuerte con las organizaciones comunitarias que son vitales.
¿No ves un riesgo de estallido como suele agitarse en estos momentos de crisis?
Riesgo siempre hay y trabajamos justamente para que la gente esté bien y no ocurran ese tipo de situaciones. Pero tenemos que saber que la situación es delicada y todos tenemos que estar muy atentos, y la gestión en todos sus niveles tiene que ser eficaz porque no hay mucho margen para no tener una presencia inmediata en función del nivel de demanda que existe.
En esa situación delicada, ¿cómo observás que juega la oposición?
A la oposición la divido en dos. Un sector que, al menos superficialmente, muestra gestos de acompañamiento o buenos modales. Y el otro, que es el verdaderamente hegemónico en términos de poder pero socialmente marginal, que apuesta a obturar el proceso político en marcha desde el triunfo electoral del Frente de Todos. En ese sentido, lamentablemente no podemos ser optimistas.
¿Y el poder económico?
Creo que se dividió durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri. Entendió que esa política de extranjerización y liberalización absoluta de la economía ponía en riesgo sus intereses, y le dio la espalda a la reelección de Macri. Ahora empiezan a tensar entendiendo que el presidente debe ser alguien que se debe poner a disposición de ellos, y no terminan de dimensionar que quien es elegido por el voto popular tiene la responsabilidad de ejecutar las políticas estructurales en la Argentina. Ojalá que se pueda acomodar ese desfasaje porque sería lo mejor para todos.
¿Y el Frente de Todos cómo está internamente para bancar este momento y la etapa que viene?
Estamos bien, siempre en un frente no va a haber un cien por ciento de acuerdo, por algo hay alguien que está a cargo de tomar decisiones y el resto debe tener una postura constructiva. Hay mucha madurez respecto a no poner en tela de juicio un proceso político por algún aspecto circunstancial de la política o de alguna definición en particular. Tenemos siempre que mirar la película y no la foto para no caer en expresiones que puedan generar una tensión innecesaria dentro del espacio.
Distintos espacios y referentes del Frente de Todos destacan que el gobierno tiene respaldo popular, ¿es necesario demostrarlo de alguna manera?
Estamos trabajando para el 17 de octubre, que va a ser una actividad virtual. Es raro para nosotros pero quizás en estos tiempos de pandemia la única verdad sea la virtualidad. No sé si es necesaria una demostración pero claramente existe un potencial y un respaldo a nuestra fuerza política que los compañeros y compañeras quieren poder expresar y lo haremos de esa manera.
Cerrar sesión