La adhesión oficial del Frente de Todos a la marcha de esta tarde a Tribunales le da otro espesor a la convocatoria y da cuenta de la escalada del conflicto entre el Poder Judicial y la Casa Rosada, que se libra sobre el territorio simbólico del Congreso de la Nación, ahora a la luz del día y de cara a la sociedad, un campo de batalla, a priori, más propicio para un gobierno popular que para oscuros magistrados que tienen el hábito de obrar y deliberar en penumbras. Será un conflicto de largo aliento, que puede leerse como marco de otros que se suceden a mayor velocidad en la coyuntura argentina.
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A continuación, cuatro claves para entender el escenario que se abre con esta movilización:
Unidad silenciosa (y ausencia estruendosa)
Es difícil predecir nada en medio del tsunami que atraviesa el oficialismo pero la percepción del riesgo político que significa, para todos los sectores del oficialismo, la dinámica adoptada por la Corte Suprema, es algo que atraviesa de manera transversal al Frente de Todos, tal como deja explícito el comunicado de adhesión a la marcha con la firma de cada uno de los partidos que forman parte de la coalición, incluyendo, quizás la nota más llamativa del documento, al Frente Renovador. La movida evidencia vasos comunicantes y cierto grado de coordinación, incluso en plena crisis interna.
Por otra parte, a medida que se suman más sectores a las protestas, se hace cada vez más llamativa la ausencia de la conducción de la CGT, cuando el mecanismo de persecución que tuvo como finalidad “terminar con todos los gremios”, como se escuchó decir al exministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, tuvo como garante a esta misma Corte Suprema. Los motivos: afinidad, en algunos casos, cálculo político, otros, y también ciertas causas abiertas por las que los mandamases sindicales, que seguramente leyeron el Martín Fierro, prefieren evitar rispideces.
Una maratón, no una picada
En el peronismo saben que una batalla política contra la famiglia judicial es un esfuerzo de largo aliento, con las apuestas en contra y que no va a resolverse con una marcha o dos. Se trata, en todo caso, de ir construyendo consenso y caudal político para afrontar el desafío. Después de todo, aunque concentran un poder desproporcionado en el esquema institucional (que están usando para subvertirlo por dentro y transformarlo en una herramienta de sus propios intereses), los jueces no dejan de ser el estamento con peor imagen pública del país, incluso comparado con los políticos.
Así, la marcha de esta tarde aparece como la continuación de otra, en el mismo lugar, que se hizo en los primeros días de febrero. Los organizadores esperan multiplicar varias veces la cantidad de asistentes. La presión seguirá creciendo de manera incremental con un objetivo, que detalló Oscar Parrilli ayer en el plenario de comisiones: una consulta popular sobre una reforma judicial de fondo que, entre otras cosas, modifique la composición de la Corte Suprema. El plan es celebrarla en conjunto con las elecciones presidenciales de 2023.
Lo particular y lo general
De las consignas que enarbola la convocatoria cabe desprender una conclusión: el reclamo tiene dos sentidos en simultáneo. Por un lado, apunta contra el tribunal actual, los cuatro jueces que ocupan hoy despachos en el cuarto piso del Palacio de Justicia, de quienes se pide la remoción mediante juicio político. No es solamente por el fallo sobre el Consejo de la Magistratura. La legitimidad de origen de Horacio Rosatti y Carlos Rozenkrantz, que aceptaron asumir por decreto, y fallos como el de 2x1 para genocidas (que por estos días cumple cinco años) sustentan la iniciativa.
Pero al mismo tiempo la protesta se monta sobre un reclamo estructural de modificación del servicio de justicia en la Argentina, en particular en sus estamentos superiores y alrededor de los tribunales de Comodoro Py, donde recaen las causas sensibles para el sistema político. El presidente Alberto Fernández marcó la necesidad de hacer estas reformas el primer día de su gobierno (aunque entonces aún consideraba que la Corte funcionaba bien) pero no pudo avanzar hasta ahora. Se buscará que la movilización popular logre renovar el impulso de esas propuestas, que ya se analizan en el Senado.
Las negras también mueven
Volcada desembozadamente a la arena política, la Corte Suprema cuenta con un abanico de herramientas de distinta intensidad, algunas de las cuales pueden causar un daño considerable al gobierno pero también a toda la sociedad. En primer lugar es de esperar que el Consejo de la Magistratura congele todos los concursos para designar jueces, apostando a que en 2023 asuma un presidente afín y pueda hacer los nombramientos de nuevos jueces, consolidando la colonización del sistema judicial por parte de una fracción. El mismo bloqueo aplicó Macri en 2014 para tener dos asientos en el máximo tribunal.
Sin embargo, si la confrontación escala los jueces pueden optar por ir más allá y elegir un mensaje de alto impacto que inflija daño político al gobierno, como por ejemplo un laudo a favor de la ciudad autónoma de Buenos Aires en la disputa por los fondos de coparticipación, o alguna decisión pirotécnica en alguna de las causas armadas de corrupción contra CFK o figuras importantes del oficialismo. Existen varias causas de ese calibre al alcance de los supremos. Ellos tienen, incluso, en su cartera, alternativas más extremas, “opciones nucleares”, decisiones capaces de precipitar, por sí mismas, una crisis. Así las cosas, habrá que encomendarse a la responsabilidad cívica y humana de los cuatro. Amén.
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