Amenazas a la familia de Massa: diez imputados se reconocieron culpables del hecho

Durante el 2020, integrantes de la familia del ministro de Economía recibieron amenazas a través de sus teléfonos celulares. Tras reconocer la culpabilidad, deberán cumplir probation.

06 de mayo, 2023 | 17.12

Diez imputados que son investigados en la causa por las amenazas de muerte que recibieron los familiares del ministro de Economía, Sergio Massa, durante el 2020, se reconocieron culpables del hecho y deberán cumplir probation. En aquel momento, se había hecho público el número de teléfono del dirigente político y de algunos integrantes de su familia.

Frente a aceptar la culpabilidad de lo sucedido aquel 2 de septiembre, los acusados de la investigación tendrán registrado el hecho en sus antecendentes penales. Los responsables identificados son: Franco Ezequiel Barales, Juan Ignacio Bogado, Martín Rubén Fernández, Julio Ariel Lovera, Sebastián Medina Canchari, Blas Pawluk, Darío Hernán Posniak, Ignacio Saluzzo, Marcela Alicia Villabrille y Luis Hernán Molina.

El Juzgado Federal 2 de San Isidro resolvió suspender el proceso a prueba respecto de los imputados y les impuso la realización de entre 130 y 150 horas de tareas comunitarias -a determinar en un lugar dentro de la provincia de Tucumán-. Además, deberán realizar donaciones a la Asociación Civil "Pequeños Pasos" por montos que varían entre $20 mil y $200 mil pesos teniendo en cuenta las frases empleadas en las amenazas, de mayor o menor entidad.

"Se encontraba suficientemente demostrada las autorías y responsabilidades penales de los acusados", argumentaron desde la Justicia al imponerles obligaciones por el término de hasta dos años y seis meses. Por otro lado, como regla de conductara para todos los acusados, se agregó la realización de un curso de DD.HH. mientras que para el caso de Saluzzo se adicionó un curso de la "Ley Micaela" por el contenido y la gravedad de las frases empleadas en su amenaza.

Además, en el fallo, resaltan que asumir la responsabilidad para reparar el daño causado "luce adecuada a la medida de sus posibilidad" y que la realización de tareas comunitarias es concedida porque carecen de antecedentes penales que impidan el beneficio.

También se les solicita fijar residencia, responder a las convocatorias del Juzgado cada vez que sean contactados con el objeto de mantener entrevistas vinculadas a la observancia de las medidas impuestas y comunicar cambios de domicilio dentro de las 48 hs de producido.

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