Legisladores nacionales radicales, peronistas y socialistas de distintos puntos del país hicieron tres presentaciones para exigir respuestas al Gobierno nacional por la retención de más de 5 mil toneladas de alimentos que guardan en galpones. El Ejecutivo comandado por el ultraderechista Javier Milei se niega a entregar la comida a los comedores en plena crisis económica y social que atraviesa el país pese a que la Justicia exigió que se repartieran. Algunas de las iniciativas son individuales, otras fueron articuladas de manera interpartidaria, apuntan al Ejecutivo en general, como al Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello; y, también, piden determinar qué se entiende por “emergencia” y “catástrofe”.
“Que el Gobierno informe por qué no distribuye los alimentos cuando hay emergencia por el hambre y la malnutrición”, escribió en sus redes sociales el diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), Facundo Manes. Él junto a otros siete diputados de distintos partidos hicieron un pedido de informes para que detalle “por qué no cumple sin dilaciones con el fallo judicial sobre la distribución de alimentos acumulados en los depósitos”, apuntó Manes.
El Gobierno nacional admitió la existencia de los alimentos -que se conoció a través de un pedido de información pública que hizo El Destape- a fines de la semana pasada a través del vocero presidencial, Manuel Adorni. El funcionario, además, justificó la no entrega en la excusa de que están “reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes”, pese a que fueron comprados por la gestión anterior. Según se supo, la comida que reclaman los comedores se encuentra en enormes galpones del exMinisterio de Desarrollo Social, en Villa Martelli, Ciudad de Buenos Aires; y Tucumán.
A partir de la documentación que a la que se accedió, se pudo saber que el Gobierno retiene; yerba mate, leche en polvo, aceite, puré de tomate, garbanzos, harinas de trigo y maíz, locro y arroz con carne. En menos cantidad, hay arvejas, lentejas, fideos, pasas de uva, arroz con hortalizas y huevo en polvo. Tras las demandas judiciales que realizaron a partir de esto, el juez federal Sebastián Casanello exigió que el Gobierno armara un plan de entrega de la comida que, al momento, el Ejecutivo objetó.
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Las iniciativas presentadas
El proyecto impulsado por Manes consta de nueve puntos y solicitan: saber si existen los alimentos bajo la órbita de Capital Humano, el stock, dónde se encuentran y su clasificación. También solicitan el registro de ingresos y egresos de la mercadería, su expiración, si está prevista su entrega y cómo será, en caso de que hubiera alguna planificación. También exigen conocer si será en el marco del Plan Nacional Argentina contra el Hambre.
En esta iniciativa solicitaron que el Gobierno definiera “emergencia” y “catástrofe” adjudicadas por Adorni y por qué decidieron apelar la decisión de Casanello. El documento está firmado por Manes, Mónica Fein (Partido Socialista-Santa Fe), Natalia de la Sota (Hacemos Coalición Federal-Córdoba), Fernando Carbajal (UCR-Formosa), Manuel Aguirre (UCR-Corrientes), Marcela Coli (UCR-La Pampa), Daniel Gollan (Unión por la Patria-Buenos Aires) y Pablo Juliano (UCR-La Plata).
La senadora Nora del Valle Giménez, de Unión por la Patria (UP), por su parte, presentó un proyecto de declaración en el que repudió la falta de entrega de la comida. “La difusión de la noticia tuvo amplias y profundas repercusiones políticas por tratarse de un tema de cuestión humanitaria, sensible basado en una necesidad y derecho humano fundamental para una franja importante de la población que alcanza cerca de 10 millones de personas en condiciones de empobrecimiento e indigencia comprendiendo niños y niñas; jóvenes; mujeres a cargo de familias; adultos mayores; personas en situación de calle; comunidades indígenas; entre otros, población actualmente en críticas condiciones social, laboral y económica de todo el territorio nacional”, escribió en los fundamentos de la iniciativa.
Allí, también remarcó la situación que atraviesan las infancias y citó un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, según la sigla en inglés) que reveló que más de 7 millones de niños y niñas se encuentran bajo la línea de la pobreza, “situación que se agravó en este contexto de ajuste y caída del 75% del presupuesto nacional destinado a niñez”.
Del Valle Giménez, también, hizo un pedido de informes para conocer las razones por las que se recortó el alimento a merenderos y comedores comunitarios. Pidió que se dé cuenta de las auditorías realizadas hasta el momento y el detalle la nómina de organizaciones e instituciones alcanzadas en todo el territorio nacional a las que deberían ser entregados. Sobre ellos, vale decir, que el Gobierno nacional emprendió una fuerte campaña de estigmatización e, incluso, impulsó una causa judicial -que también tiene Casanello- en donde se acusa a dirigentes de “extorsionar” a las personas que asisten a los comedores.
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