La creación de una empresa nacional de alimentos para intervenir en el mercado y fijar precios de referencia, ante el constante y alarmante aumento en el costo de la comida, comenzó a ser una posibilidad cuando esta semana la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, dijo que el gobierno analiza la medida para ayudar a que los pequeños productores puedan llegar a distribuir sus mercaderías, y para desacoplar de los precios internacionales a los productos estacionales.
Según un borrador del proyecto de ley, al que tuvo acceso El Destape, se crearía una sociedad anónima denominada “Alimentos Argentinos”, con participación mayoritaria del Estado (SAPEM), que estaría a cargo de la Secretaría de Comercio, y que tendría por objeto “la producción, fabricación, fraccionamiento, distribución, comercialización e industrialización de productos alimenticios” en todo el país.
El 51% de las acciones quedaría en poder de Nación, otro 46% del capital para las provincias -asignándose el 2% a cada una-, y el restante 3% corresponderá a personas humanas y jurídicas del sector privado. El presidente del directorio sería designado por el Poder Ejecutivo.
En sus fundamentos, el proyecto advierte que “la alimentación es un derecho humano básico. Sin embargo, no todo argentino y argentina goza de este derecho”. Apunta también que el objetivo es “favorecer el acceso de las familias a una alimentación accesible, variada y nutritiva, producida en el país en condiciones de sostenibilidad; respetando las diversidades culturales y preferencias de la población”.
“Se propiciará la implementación de vínculos comerciales estratégicos con pequeños y medianos productores que representen a las economías regionales de todo el país, teniendo en cuenta las distintas necesidades y la evolución de hábitos en el consumo”, dice el texto entre sus 17 artículos.
Aún no está claro si el proyecto será enviado al Congreso por el propio presidente Alberto Fernández, respaldado por gobernadores, o si lo presentarán legisladores del oficialismo, entre los que se apunta al senador rionegrino Martín Doñate, que trabajó la propuesta y la impulsa en diálogo con funcionarios y dirigentes del Frente de Todos.
El costo de los alimentos está al tope de las preocupaciones del gobierno nacional y, en definitiva, de millones de personas que no tienen garantizado el derecho a la alimentación. “La inflación es un daño para la mesa de los argentinos y el Gobierno evalúa una solución, no porque le interese políticamente, sino porque es su deber modificar la vida de la gente”, dijo Cerruti en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.
En la misma línea, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, reiteró que se necesita una mayor intervención del Estado en los precios de los alimentos. “Hay que reconstruir instrumentos estatales que permitan establecer regulaciones frente a lo que es el libre mercado en la asignación de recursos de alimentos. Necesitamos en trigo, maíz, carne y leche un desvínculo con los precios internacionales”, dijo esta semana en El Destape Radio.
Desde hace un largo tiempo que organizaciones sociales, pequeños productores y familias agrarias, Pymes y cooperativas impulsan un modelo alternativo de producción y comercialización de alimentos.
Desde la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) acompañaron la idea anunciada por Cerruti, pero también enfatizaron que “sin acceso a la tierra no se puede producir alimento sano y barato”. La Ley de Acceso a la Tierra que impulsan desde las organizaciones está a punto de perder estado parlamentario. “Mientras la tierra siga en manos de unos pocos, los precios de los alimentos seguirán dependiendo de monopolios”, advierten.
El presidente del Mercado Central y coordinador nacional de la UTT, Nahuel Levaggi, expresó una “fuerte convicción de que el Estado tiene que tomar cartas en el asunto y entendiendo el alimento como un derecho hay que garantizar. Ese derecho no se garantiza entregando comida a los sectores pobres cuando falta. Tenemos que planificar la producción, la distribución y el abastecimiento”.
Levaggi detalló en El Destape Radio que lograron “avanzar con Kulfas y Feletti en la generación de un fondo fiduciario para que a través del Mercado Central aumente la producción de hectáreas de tomate, papa y cebolla, las hortalizas de mayor consumo para tener oferta y que se regulen los precios. Esto está en diagramación pero con la decisión de avanzar”.
Sobre la creación de una Empresa Nacional de Alimentos, Levaggi dijo que "si hablan de libre mercado entonces también el Estado puede participar", pero aclaró que “se requiere mucho trabajo y decisión política".
La oposición macrista salió rápidamente a tildar de "populista", y la comparó con Venezuela. También desde el sector empresario anticiparon críticas sin conocer detalles del proyecto.
El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, consideró que “no es una buena opción y puede terminar distorsionando precios”, ya que “puede ser un proceso larguísimo que no tenga consecuencias positivas”.
Además, Idígoras, en declaraciones a El Destape Radio, afirmó que “el Estado debe cumplir un rol de regulación y de negociación más que asumir la producción de bienes como los alimentos”.
“Estamos muy de acuerdo en la constitución de una entidad de ese tipo para que el Estado participe y los actores del sector cooperativo y agrario estuvieran incluidos”, dice Ramiro Martínez, presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (CONARCOOP), consultado por este medio.
“Creemos que es un camino y lo profundizamos con herramientas propias del sector del cooperativismo y el mutualismo. Las cooperativas nuestras de agricultura familiar y producción de diferentes alimentos están seriamente impactadas, y son rehenes en muchos casos de situaciones monopólicas. Es el caso de los tomateros de Mendoza con respecto a la concentración en el rubro de envases de vidrio y el encarecimiento de la logística”, agrega Martínez.
El dirigente social Rafael Klejzer, a cargo de la Dirección Nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social, considera que “una Empresa Nacional de Alimentos, directamente asociada con los productores, permitirá impulsar el rol activo del Estado, en cuanto a la planificación, regulación, control, producción, análisis de costos y comercialización de los alimentos, en un mercado que hoy está fuertemente concentrado y en manos de grandes corporaciones”.
“Normalmente el aumento de precios de los alimentos está por encima de la media inflacionaria, esto quiere decir que hay un ensañamiento con los hogares argentinos y una enorme transferencia de recursos de los sectores populares a los sectores concentrados de la economía”, advirtió Klejzer, que apunta sobre la necesidad urgente de “ponerle freno a la avaricia de las empresas que entienden al alimento como una mercancía y no como un derecho social”.
También desde el ruralismo salieron a respaldar la idea. El ex director titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), Pedro Peretti, dijo que está “muy a favor”, y aclaró que crear una empresa nacional de alimentos “es tan importante como que funcione bien”.
El ruralista explica que “el problema del precio de los alimentos tiene que ver con la irracionalidad logística agraria de la Argentina. La sojización aumentó los costos de logística y eso repercute en el precio de los alimentos junto con el latifundio, la concentración de la tierra en pocas manos”.
Peretti agregó en declaraciones a El Destape Radio que “un Estado que pone cuatro satélites en órbita puede producir cualquier cosa, la empresa hay que hacerla con sentido común”.
Cerrar sesión