El coronavirus desatado en todo el territorio nacional, el cierre del canje de la deuda externa, la presentación del proyecto de contribución extraordinaria de las grandes fortunas, el infierno grande por la pequeña reforma judicial, el DNU para regular las telecomunicaciones, los delirios del mariscal Duhalde y los riesgos reales sobre el pacto democrático, la zozobra de la estrategia opositora de movilización, las derivaciones de las causas de espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri, el reloj de arena de la economía que no deja de correr y la sombra de la violencia institucional ciñéndose una vez más sobre el país. Una semana de Argentina alcanza para llenar las páginas de los diarios de un año en un país promedio. Y eso sin contar la novela de Messi.
Sobre ese lienzo turbio se dibujan los conflictos que ya no pueden disimularse al interior del triunvirato que simbolizó hasta ahora la gestión de la crisis sanitaria. Algo se rompió esta semana en la dinámica que habían construido Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta. Por primera vez no hubo acuerdo, ni en la primera reunión que llevaron a cabo los tres jefes de gabinete y sus ministros de salud el miércoles, ni en la segunda, un día más tarde, ni en las tres horas que el Presidente, el gobernador y el jefe de Gobierno se vieron las caras (sin barbijo) el viernes en la Quinta de Olivos. Nadie se fue contento de esa reunión. Visto en contexto, el final de esta sociedad parece tan inevitable como fue inevitable, en su momento, que comenzaran a cooperar.
Las razones no son (solamente) sanitarias. Cuando dos estructuras se mueven, es lógico que los puentes que las unen sufran tensiones e incluso lleguen a romperse. Y vaya que se están moviendo. Esta semana, también, fue la semana que el alcalde porteño decidió empezar a discutir política. Su hilo de twitter sentando posición sobre el debate parlamentario de la reforma judicial marcó un cambio de estrategia respecto a su tradicional apego a la agenda metropolitana. Fue su manera de ponerse en guardia ante la ofensiva del sector intransigente de Juntos por el Cambio, que ya le disputa, abiertamente, su pole position de cara al 2023. El conflicto sobre la vuelta a clases también caló en la relación entre los gobiernos de Ciudad y Nación.
Alberto sale a disputar la agenda
Esa distancia difícilmente vuelva a acortarse. El cierre de la negociación con los acreedores externos parece haber sido la señal que esperaba el Presidente para cambiar de pantalla: el decreto sobre telecomunicaciones, el proyecto para gravar a los doce mil patrimonios personales más grandes del país y la administración federal de la Hidrovía Paraná son solamente tres de las iniciativas que prepara el gobierno para plantear otra agenda diferente a la de la pandemia y más cercana a la plataforma con la que hizo campaña el año pasado. El gobierno espera recuperar la agenda con una serie de anuncios que comenzó el viernes en Puerto General San Martín y seguirá mañana con la formalización del éxito en el canje de la deuda, que ya todos descuentan arriba del 90 por ciento y quizás un poco más también.
La decisión de salirse de una agenda centrada exclusivamente en el virus es tan necesaria como riesgosa. Necesaria porque en la práctica el consenso como herramienta de gestión ha quedado obsoleta hace varios meses, desde que la oposición decidió boicotear activamente la estrategia sanitaria oficial a través de sus medios y sus portavoces. A esta altura, era tan solo un corset que comprimía sin sostener, pura pérdida. La expansión del coronavirus en todo el país y la multiplicación de las víctimas fatales dejaron poco margen a los argumentos basados únicamente en logros (indiscutibles aunque insuficientes) en materia de salud y obligan a mostrar otros resultados. El paso del tiempo también hace necesario recalcular planes que habían sido diseñados con otros plazos en mente.
Los riesgos son evidentes: habrá una escalada de la oposición en los esfuerzos para desbaratar cualquier iniciativa del gobierno, incluso las que se dedican a combatir el coronavirus, el hambre y la violencia que hoy amenazan simultáneamente a la sociedad argentina. Durante el debate acerca de la reforma judicial, por caso, se insistió hasta el cansancio con que la justicia federal sólo se ocupa de las causas que le importan a la clase política. Se omite el crimen organizado que causa un daño irreparable en los barrios. ¡Sorpresa! La llamada lucha contra el narco de Patricia Bullrich no era más que una excusa para hacer inteligencia ilegal, comprar petates por sumas millonarias a través de canales opacos y empoderar a las fuerzas de seguridad más allá de lo que establece la ley.
La reacción a partir de que el gobierno comenzó a avanzar con su agenda fue notoria. En los últimos diez días todas las figuras importantes de Juntos por el Cambio salieron a cuestionar las decisiones del Presidente. Además de los tuits de Rodríguez Larreta sobre la reforma judicial y los mensajes de Macri desde su exilio dorado, reaparecieron María Eugenia Vidal (que calificó las marchas opositoras como “una expresión saludable”), Elisa Carrió y Ernesto Sanz y dieron varias entrevistas o charlas públicas o convenientemente filtradas a los medios Emilio Monzó, Rogelio Frigerio, Nicolás Massot, Diego Santilli, Mario Negri, Martín Lousteau, Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo y Christian Ritondo entre otros. Toda la plana mayor de Juntos por el Cambio alineados para dar batalla. Marcos Peña no habla, pero teje.
El peor momento de la pandemia
La polarización se extrema en el peor momento, cuando el coronavirus golpea con fuerza. Las batallas no se eligen pero tampoco pueden evitarse para siempre. Si no actúa inmediatamente y con firmeza, Fernández corre el riesgo de sufrir una doble derrota, sanitaria y política, cuyos costos van a recaer sobre la sociedad con el peso de más muertes ahora y más pobreza estructural después. Quedó demostrado, por las malas, que la dicotomía entre economía y salud no solamente es falsa sino que enmascara otra realidad: sólo se puede cuidar la economía si se cuida antes la salud, porque cuanto más se expanda la pandemia más recursos deben dedicarse a lo urgente y queda menos para la costosa tarea de reconstruir el entramado productivo argentino. Y la pandemia se está expandiendo.
Los números de casos confirmados que causaron alarma esta semana son solamente una muestra de la situación real: con una positividad superior al treinta por ciento de los testeos desde hace meses es imposible conocer la foto completa. La cantidad de víctimas fatales y la presión sobre el sistema de salud son indicadores más confiables. El ritmo actual de duplicación cada tres semanas de la cantidad de fallecimientos por covid significa que llegaríamos a la primavera con más de quince mil (eso implicaría, en promedio, más de trescientos por día) y a mediados de octubre con un total de treinta mil (más de quinientos por día). No hay motivos para creer que esa curva pueda calmarse por cuestiones naturales y la responsabilidad individual tampoco parece estar dando resultados.
Por el contrario, la llegada del virus a rincones del interior del país donde antes no había llegado puede causar, como en Estados Unidos, un segundo pico con una diferente distribución geográfica, con la diferencia que allí la suba llegó una vez que Nueva York estaba estabilizado y aquí se montará sobre la situación no resuelta del área metropolitana. Las características del sistema de salud en el interior lo hacen menos elástico que en el AMBA: de ahí la alarma de varios gobernadores que advierten sobre la posibilidad de un inminente colapso hospitalario en sus provincias. Si eso sucede, las estimaciones del párrafo anterior podrían quedarse cortas. Las aperturas de bares y restaurants, donde la distancia social es de imposible cumplimiento, también pueden empujar la cuenta hacia arriba.
La situación económica, después de cinco meses de convivencia con el coronavirus, también es dramática. Los recursos volcados por el Estado hacen empalidecer cualquier otro esfuerzo de las arcas públicas en la historia reciente y aún así resultan insuficientes. En el gobierno consideran que un nuevo cierre de las actividades puede herir de muerte el tejido social y económico de buena parte de la clase media. Por momentos, parece que Alberto Fernández se encuentra en un callejón sin salida. Ese es el tamaño del desafío que tiene por delante, sin manual de instrucciones ni comodines en la baraja. No se eligen las batallas. La historia lo puso en una encrucijada que nunca había imaginado. Él ya demostró que sabe tomar riesgos y fugar hacia adelante. El desconcierto del viernes no puede repetirse.
La amenaza de un golpe
Eduardo Duhalde dijo que estaba convencido que un golpe militar evitaría la realización de las elecciones legislativas, el año que viene. Hábil declarante, cuando se le pidió que clarifique sus dichos, el expresidente interino supo ratificarlos y desmentirlos al mismo tiempo. Dejando de lado el inexistente complot de la “oficialidad joven” del Ejército contra un comunismo imaginario del que habló, sería un error subestimar los riesgos que corre la democracia en la Argentina en este contexto regional y global así como desconocer la reciente fragilidad del consenso democrático de 1983, a partir de que un sector de la derecha argentina comenzó a horadar ese pacto, primero con sutileza y últimamente de manera desembozada. Ya no es razonable dar nada por sentado.
En lo que va de la pandemia, la oposición, a través de sus terminales políticas y mediáticas, demostró muy poco apego por la salud de sus representados, a los que convocó a movilizaciones con altísimo riesgo de contagio y a quienes invitó a desobedecer las restricciones sanitarias de cuidado mínimo. El recurso de las marchas mostró sus límites esta semana, con imágenes patéticas en la puerta del Congreso que ni siquiera la generosa imaginación de los editorialistas independientes pudo calificar de multitudinaria, o al menos de exitosa. A medida que se acumulan las evidencias en causas que comprometen a funcionarios de primerísima línea del gobierno anterior, empezando por Macri, los incentivos para no radicalizarse se vuelven aún más escasos.
En una época propicia para desbandes y en un escenario de crisis económica y social, prevenir amenazas al orden democrático, ya sea tradicionales, como en Bolivia, o de las otras, como en Brasil, debe ser prioritario para cualquier gobierno sin vocación suicida. Los golpes no se previenen, como dijo Duhalde, buscando consenso con los golpistas, porque no quieren ponerse de acuerdo sino la capitulación de su adversario para imponerle las políticas que el pueblo no eligió en las urnas. Se evitan, por el contrario, consolidando una base de apoyo social que sirva de barrera ante cualquier intento por cambiar el rumbo que se decidió en las elecciones. Si se siguen multiplicando los muertos y la reactivación económica es más lenta, aumenta el riesgo de que ese apoyo se esfume y el coronavirus pase a ser la menor de nuestras preocupaciones.
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