El presidente Alberto Fernández designó a Verónica Gómez al frente de la Oficina Anticorrupción, organismo que estaba vacante desde diciembre de 2022 luego de que presentara la renuncia Félix Crous.
Gómez se recibió de abogada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en 1996, con diploma de honor. Realizó cursos de posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos (Universidad de Palermo), y en Género y Derecho (UBA).
La nueva titular de la Oficina Anticorrupción ha desarrollado su carrera en diversos ámbitos de la esfera pública. Fue Directora General de Empleo y Capacitación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y, hasta la actualidad, se desempeñaba como Asesora en materia de derecho constitucional, derechos humanos y género en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Gómez además fue legisladora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se desempeñó como Presidenta del Bloque del Partido Socialista (2005-2009). También cumplió funciones como Asesora en la Cámara de Diputados de la Nación.
Gómez ocupa el lugar que dejó Crous en diciembre
Mediante una carta, Crous renunció en diciembre a la Oficina Anticorrupción, organismo que presidía desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández. Días más tarde, desde Casa Rosada publicaron un decreto en el Boletín Oficial donde aceptaban su salida.
Según fuentes de su entorno, Crous no se alejo por diferencias ideológicas con el gobierno sino que lo hizo por problemas de salud y piensa volver al Ministerio Público Fiscal, donde se desempeñaba dentro de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
Qué es la Oficina Anticorrupción y para qué sirve
Según se desprende de su propia definición, la Oficina Anticorrupción tiene entre sus metas el desarrollo de "políticas de transparencia e investigación de la corrupción, y en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, empresas, sociedades y todo otro ente público o privado con participación del Estado o que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal".
La OA recibe denuncias de particulares o agentes públicos. A raíz de ello, "realizan investigaciones respecto de la conducta de los agentes públicos, con el objeto de determinar la existencia de hechos ilícitos cometidos en ejercicio o en ocasión de la función pública, en el ámbito de su competencia. Estas investigaciones también pueden ser iniciadas de oficio. En los casos que, luego de practicada la investigación correspondiente, los hechos pudieran constituir delitos, denunciamos ante el Poder Judicial, pudiendo constituirse como parte querellante en aquellos procesos que poseen relevancia social, económica y/o institucional".
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