El expresidente Alberto Fernández pidió apartar al juez federal, Julián Ercolini -recientemente sobreseído de la investigación por el viaje privado rumbo a Lago Escondido- a cargo de la causa por presuntas irregularidades en la contratación de seguros para organismos públicos a través del Banco Nación durante su mandato. A su vez, junto a su abogada Mariana Barbitta, señaló al magistrado por temor de parcialidad.
Ahora, el pedido de apartamiento deberá ser analizada por el propio Ercolini aunque -cabe señalar- la palabra final será de la Cámara Federal. Dicho cuerpo deberá definir si lo confirma o no al frente de la investigación tras la objeción. Previo a ello, el magistrado lo intimó a presentar un abogado defensor, lo imputó en la causa y dispuso la inhibición general de bienes.
La disposición de Ecolini fue hace un mes, donde también determinó que se levante el secreto fiscal del ex mandatario. También ordenó la inhibición general del ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, del broker Héctor Martínez Sosa, de su esposa María Cantero, la secretaria del ex presidente, del broker Pablo Torres García, y de las empresas Bachellier, San Ignacio, Castello Mercuri y San Germán, entre otras.
La inhibición también alcanzó a dos ex funcionarios de Nación Seguros, que había sido despedidos recientemente: Mauro Tanos, un ex integrante de La Cámpora promovido por el actual Gobierno a gerente general que luego quedó cesante, y Marcos Eufemio, quien se desempeñaba como gerente de compras. Asimismo quedaron involucradas las dos cooperativas allanadas la semana pasada: 7 de mayo e Irigoin. En consecuencia, ninguno de los implicados en la inhibición podrá vender o disponer de sus bienes.
Por otra parte, Ercolini le solicitó a la Oficina Anticorrupción que aporte las declaraciones juradas anuales (públicas y privadas) de Alberto Fernández, Pagliano, y María Cantero desde 2009 a la fecha. Lo mismo requirió sobre Tanos y Eufemio. El pedido lo había solicitado Carlos Rívolo, titular de la Fiscalía Federal número 6, y este martes el Juzgado Criminal y Correccional federal 11 avaló las actuaciones y autorizó la "inhibición general de bienes respecto de las personas físicas y jurídicas" detrás del escándalo de los "brokers".
La causa
La denuncia surgió a partir de una auditoría realizada por el gobierno de Javier Milei, que detectó irregularidades en el organismo público vinculadas a las intermediaciones en los seguros del ANSES y otros organismos durante la gestión de Alberto Fernández, finalizada en diciembre último.
Dichas presuntas irregularidades surgen en torno al Decreto 823/2021, mediante el cual el ex mandatario impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa "Nación Seguros SA”, por los cuales se pagaron alrededor de 3.400 millones de pesos de comisiones.
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