En el mes que lleva de Gobierno, el presidente, Javier Milei, eligió a sus enemigos políticos. Esta tarde lo dejó en claro en un tuit, en el que volvió a diferenciar a “personas de bien” del resto de la sociedad: “Acá tienen a los enemigos de la reforma. Los que quieren voltear la ley para que nada cambie. Para mantener sus privilegios. Fíjense quien está a favor del cambio y quien está en contra”, dijo en defensa del mega DNU y de la ley ómnibus rechazadas por el secretario general de Camioneros y líder de la CGT, Pablo Moyano. En consonancia con el mandatario, el Ministerio de Seguridad emitió cartas documentos contra distintas organizaciones -Camioneros, entre ellas- que se movilizaron a Tribunales contra el DNU en diciembre.
“Los que están a favor defienden a los argentinos de bien. Los que están en contra defienden sus privilegios. Los argentinos elegimos un cambio. No van a poder con nosotros. VLLC”, escribió Milei y compartió una entrevista realizada por el diario Clarín en la que Moyano declaró que su “objetivo es voltear el DNU y la ley ómnibus y hacer una gran movilización el 24 (de enero)". Ese día, la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a distintos sectores de la sociedad a movilizarse en contra de las medidas presentadas por el Ejecutivo, en las que se busca avanzar en reformas laborales y económicas, entre otras. Además, la CGT fue la protagonista del amparo que frenó el apartado sobre la reforma laboral en el DNU.
Minutos antes de que Milei hiciera su publicación, en redes sociales circuló la carta documento que Camioneros recibió en la que el Ministerio de Seguridad exige a diversas organizaciones el pago de más de 40 millones de pesos (40.419.227,56 de pesos) por el operativo desplegado el 27 de diciembre en la movilización que se realizó a Tribunales, en la Ciudad de Buenos Aires, para manifestarse en contra del DNU. La carta, en tanto, está firmada por el secretario de Coordinación del Ministerio, Martín Siracusa, y responder al protocolo antipiquetes diseñado por la responsable de la cartera, Patricia Bullrich.
“Vamos a usar todos los recursos legales que tengamos ante esta dictadura disfrazada de democracia”, dijo en diálogo con El Destape el secretario gremial de Camioneros, Marcelo Aparicio. El dirigente, además, catalogó como “mamarrachada”, “nefasta” y “anticonstitucional” la carta y la acción emprendida por el Ministerio de Seguridad.
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Según dijo, los encargados del diálogo con el resto de las organizaciones mencionadas en la carta documento serán Pablo y Hugo Moyano, ambos altos dirigentes de Camioneros y referentes de la CGT. “Haremos lo que tengamos que hacer con nuestros abogados o a través de los abogados que vayan a responder en conjunto”, afirmó y denunció que el Gobierno busca “amedrentar a los gremios”.
Al ser consultado si alguna vez había sucedido alguna situación de este tipo, Aparicio dijo que esta es “la misma política del Gobierno de (Mauricio) Macri” y que “sólo cambian quienes están al frente de la presidencia, pero los actores de la ridiculez son exactamente los mismos”.
“Es una locura. Una locura y recién asume. Imagínense lo que nos puede esperar en cuatro años. Es peor que una dictadura esto, peor que la dictadura, ni la dictadura fue tan descarada como lo son en este gobierno”, dijo Aparicio y señaló que desde el Gobierno “se olvidaron de que existe la Constitución”.
El periodismo también en la mira
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) también es uno de los mencionados en la carta documento emitida por la cartera de Seguridad. El secretario general de la organización, Agustín Lecchi, compartió la foto en sus redes sociales: “El gobierno de Javier Milei y su ministra Patricia Bullrich avanzan en su cruzada anti democrática. Esta es la Carta Documento que nos llegó a Sipreba como a otras organizaciones. La Constitución Nacional garantiza el derecho a la protesta. Al brutal ajuste se suma la represión”, dijo.
"Es gravísimo", sostuvo Lecchi en diálogo con El Destape. Según marcó el referente el envío de una carta documento para solicitar a las organizacioines que se hagan cargo de los costos del operativo policial "es un hecho que no tiene antecedentes en estos 40 años de democracia, que viola el derecho a la protesta, que es un derecho constitucional", dijo. A la vez, su reflexión es que lo que busca el Gobierno es "desalentar la movilización popular y cambiar el eje de discusión".
"Hoy la discusión de la sociedad y de las organizaciones tiene que ser derrotar el DNU, la Ley Ómnibus y un plan económico de este Gobierno Nacional que tiene una devaluación y una inflación acelerada, consciente, para generar una enorme transferencia de recursos y que nos va a llevar a los peores índices de pobreza de los que tengamos memoria en la historia de nuestro país. Por lo tanto, lo que hay que discutir es eso y que la respuesta tiene que ser que el 24 tenemos que hacer millones y millones en las calles y que después del paro nacional del 24 tenemos que seguir con un plan de lucha con las centrales sindicales a la cabeza y todos los sectores sociales", manifestó Lecchi.
El rechazo de los sindicatos navales y portuarios
La Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA), que lidera Juan Carlos Schmid, también se sumó al repudio contra la decisión del Gobierno de cargar los costos de los operativos a las organizaciones sindicales. Desde la Federación consideraron una "intimidación al sindicalismo" y apuntaron tanto contra Milei como contra Bullrich.
"Esta disposición avasalla los derechos consagrados en la Constitución, viola acuerdos internacionales y pretende disciplinar a las organizaciones sindicales en el marco del establecimiento de un gobierno autocrático”, sostuvo Schmid. Además, desde Fempinra lo consideraron un “acto intimidatorio y anticonstitucional" llevado a cabo con "ridícula soberbia" por parte de la gestión de Milei que, a su entender, "se pone por encima del mandato democrático en nombre de falsas interpretaciones al violentar la Constitución pretendiendo llevarse por delante toda la representación popular, abonan el terreno de la represión porque para ellos la violencia política es un apéndice del sometimiento del pueblo a políticas de hambre y entrega”.
Ante esta situación, Schmid respondió: “La unidad es superior al conflicto y el Movimiento Obrero Organizado no retrocederá frente a las amenazas”.
“El gobierno libertario promueve la supresión del derecho humano a la protesta mientras encubre el tremendo costo social que representa la política de shock, que agrede a vastos sectores populares”, dijo el también secretario general del sindicato de Dragado y Valizamiento. En ese sentido, consideró que “la criminalización de la protesta, que equipara a las y los trabajadores con la delincuencia, representa una ideología arcaica que sume al país bajo las sombras del autoritarismo político”.
El comunicado finalizó repudiando el acto, calificándolo duramente como “digno de los exegetas de la última Dictadura Cívico Militar” y haciendo un “llamado para consolidar la unidad de concepción y de acción en defensa de la Patria y el pueblo trabajador”.
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