Los gobernadores aún están esperando que el presidente Javier Milei les informe cómo van a compensar los recursos que perdieron luego de la eliminación del impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría, para lo que proponen coparticipar el impuesto al cheque y el impuesto Pais que percibe Nación. Mientras tanto, se ubicaron en la primera fila del rechazo al mega DNU y a los tramos de ley ómnibus en los que se van afectados sus provincias.
El riojano Ricardo Quintela presentó la primera acción contra el decreto en la Corte Suprema y los mandatarios patagónicos redactaron un comunicado exigiendo que se modifiquen en el proyecto los artículos que modificaban la ley de pesca. En principio, consiguieron descongelar al ministro del Interior, Guillermo Francos, que comenzó a recibirlos en su despacho y prometer cambios, que habrá que esperar para ver si se cumplen.
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El Presidente instaló una propuesta que Quintela calificó como "extorsiva": que los gobernadores le aprueben el DNU y la ley ómnibus que él asumía el costo de reponer Ganancias a los trabajadores. "Nosotros no aceptamos una política extorsiva", avisó el riojano, de los más mandatarios más activos en el peronismo. Adelantó que sus legisladores rechazarían cualquier transacción y que la posición no es volver a cobrar impuesto a las Ganancias a los trabajadores sino que sea el Estado el que resigne recursos coparticipando tributos que hoy cobra con exclusividad.
Quintela obligó a la Corte Suprema a un primer pronunciamiento. Por un lado, el Tribunal aceptó el recurso de la provincia que fue preparado por Raúl Gustavo Ferreyra y Eugenio Zaffaroni, un paso que los juristas evaluaron como importante. Pero no habilitó la feria para su estudio y pasó el el expediente al procurador para que emita dictamen. Los cortesanos esperarán ver qué sucede a nivel político en el debate en el Congreso y palparán el clima social con el paro de la CGT convocado para el 24 de enero. Recién luego, en febrero, emitirán su dictamen.
Otro síntoma fue lo que sucedió con los gobernadores patagónicos. La ley ómnibus consiguió reunir a mandatarios de partidos provinciales, del PRO y de Unión por la Patria en una declaración "En defensa de la soberanía, los recursos y la industria pesquera". Consideraron la desregulación propuesta una invitación a los buques factoría extranjeros para depredar la riqueza ictícola del país. Que de la protesta participaran con ahínco dos dirigentes cercanos al oficialismo como el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, llevó a la reaparición en los primeros planos del menguado ministro Francos, que los recibió en su despacho.
Desde que le quitaron el manejo de los fondos discrecionales que el Ejecutivo reparte a las provincias, el ministro del Interior había quedado reducido a un papel secundario en el diálogo con los gobernadores. Pero la posibilidad de generar cambio en la ley lo retornó a la actividad y en la reunión prometió cambios en los artículos cuestionados, modificación celebrada como un gol por los mandatarios afectados. "Sorprende la torpeza con la que se avanzó", criticó Torres, que se supone que es uno de los gobernadores con los que la Casa Rosada debería tener buen vínculo.
Sin embargo, el viernes, el vocero presidencial Manuel Adorni, en el último tramo de su conferencia diaria, dijo que en realidad "no se ha cambiado nada sino que se han aclarado puntos". En su visión, existía una "mala interpretación" de la desregulación y a lo que se apuntaba era a generar una mayor libertad y competencia en la explotación pesquera. La declaración generó un gran interrogante acerca de si finalmente habrá o no modificaciones, aunque de todas maneras se trata de la ley ómnibus y su redacción final la tendrá el Congreso. El discurso oficial sigue siendo que deben votarse las leyes así como fueron escritas y en el transcurso de este mes, por más imposible que parezca en un Congreso muy fraccionado y que recién comenzó a conformar sus comisiones.
Otro de los convocados por Francos en esta semana de resurrección fue al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, el primer mandatario peronista que pasa por su despacho. En la gobernación explicaban que Tucumán dejó de percibir 100 mil millones de pesos anuales por los cambios en Ganancias, en una provincia en la que no era común tener un sueldo con descuento de impuesto a las Ganancias, como puede ser las provincias donde tienen trabajadores petroleros o camioneros.
La preocupación de gobernadores como Jaldo es qué sucederá ahora con las obras de infraestructura, tan necesarias en su territorio. Respecto a las leyes, planteó su rechazo a la desregulación del sector azucarero.
Cómo en cada provincia, la preocupación es por la producción regional. Pero, aclaraban cerca suyo, que se haya reunido no tenía nada que ver con una posible aprobación de las propuestas del Ejecutivo. Diputados tucumanos como Pablo Yedlin se expresaron duramente está semana contra el DNU y la ley Omnibus.
Ante esta situación, la CGT no sólo convocó al paro general del 24 sino que tiene proyectado a fin de mes reunir en Mar del Plata una mesa política en la que los gobernadores tienen reservado un lugar fundamental. Según conversaron esta semana en un almuerzo con Sergio Massa -a quien también invitaron-, en esa meta debate a la que denominaron "Hay otro camino", apuntarán a mostrar propuestas que vayan a contramano del ajuste salvaje propuesto por el Ejecutivo, que tengan en cuenta en primer término el cuidado de la producción y el empleo, y el desarrollo de las economías regionales. Un punto en el que los gobernadores tienen mucho para decir.
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