"Pedazo de mogólico, imbécil, tarado", le dijo Javier Milei al economista liberal Roberto Cachanosky cuando todavía no era presidente de la Nación. Ahora, como jefe de Estado, a los ataques discursivos suma la desfinanciación: acaba de echar a 160 trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Es otro duro golpe a sectores vulnerados por parte del gobierno que ya había disuelto el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y ordenado que sea absorbido por el Ministerio de Justicia.
Los despidos fueron oficializados mediante una notificación que le envió el titular de Andis, Diego Spagnuolo, el martes a Juan Bianchini, Director de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia Nacional de Discapacidad. Durante la mañana de este miércoles comenzaron a llegar las notificaciones de las cesantías a las sedes del interior del país. Los trabajadores quedarán sin empleo desde el viernes debido a que las fechas de despido están dispuestas para el 29 de febrero, último día hábil del mes.
"Es una situación muy preocupante porque se siguen recortando en políticas públicas que buscan garantizar derechos en los sectores más desprotegidos. ANDIS tiene un total de 1200 trabajadores y con este achicamiento se van a dejar de garantizar gestiones de asistencia y contención", afirmó a El Destape Julia Giuliani, vocal del Consejo Directivo Nacional de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
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Los despidos corresponden a 20 trabajadores que desempeñaban tareas en la Ciudad de Buenos Aires y el resto en las provincias. ANDIS fue creada en 2017 luego de que se fusionen la entonces Comisión Nacional de Pensiones, la Comisión Nacional de Discapacidad, del servicio de rehabilitación y del programa Incluir Salud que le da cobertura a pensionados y no contributivos.
"Entre los echados hay personas con muchos años de antigüedad, otros en edad jubilatoria, con problemas de salud y algunos que habían concursado el año pasado para pasar a planta permanente", explicó Giuliani, quien aclaró que los trabajadores estatales se declararon en alerta y movilización por las cesantías.
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Giuliani sostiene que el vaciamiento del Estado vulnera pactos internacionales como el convenio internacional de las personas con discapacidad. "Milei dirige su política para romper el acceso a derecho y atacar el Estado", indicó.
La agencia de discapacidad se ocupa de temas de la economía familiar como los tramites de pensiones y asignaciones familiares. Pero también de derechos sociales como los certificados de discapacidad para que las personas tengan prioridades y el registro de prestadores.
Milei contra un Estado protector
El gobierno libertario ya había atacado áreas del Estado que atendían a personas vulnerables. A los despidos de trabajadores que se encargaban de fiscalizar precios de alimentos, se suman la eliminación del Ministerio de la Mujer y del INADI. También hay falta de aplicación de presupuestos ya aprobados como la entrega de alimentos en comedores y la falta de dispendio de medicamentos para personas con problemas severos de salud como cáncer.
En este marco, organizaciones reclaman que existen unos 125 pacientes -entre el programa federal Incluir Salud y la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales- que necesitan su medicación urgente" tras la "repentina" interrupción de su provisión.
Hasta el momento, los despidos en el Estado ascienden a más de 9.000 trabajadores.
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