El Gobierno planea la disolución del organismo creado para el control del empleo no registrado. Se trata de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social (DGRSS) que funciona bajo la órbita de la AFIP y que centraliza la labor de poco menos de 2 mil inspectores del trabajo en todas las provincias, responsables de velar por el cumplimiento de las normas laborales, la correcta inscripción de los empleados en el sector privado y la ejecución de las multas para los empleadores detectados en infracción.
El plan, que la administradora de la AFIP, Florencia Misrahi, adelantó a sus colaboradores y que esta semana trascendió al personal y a los gremios que operan en el organismo, depende de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) por ser esa misma la herramienta utilizada para crear la dirección en 2001. No obstante, los detalles aún no estaban resueltos y de hecho la concreción de la iniciativa también está atada a la continuidad de la propia Misrahi, sacudida en los últimos días por versiones de renuncia. Hasta la semana pasada uno de los promotores del recorte era Eduardo "Lule" Menem, el asesor todopoderoso de Karina Milei, quien recorrió oficinas del organismo recaudador con una carpeta con gráficos que mostraban áreas tachadas con fibrón.
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La DGRSS es junto a las direcciones de impositiva (DGI) y de Aduana una de las tres patas en las que se divide la tarea de la AFIP y su labor está focalizada en la "aplicación, recaudación y fiscalización" de los tributos destinados a la seguridad social. Su eventual disolución está en línea con los postulados del capítulo laboral de la ley Bases relacionados con la eliminación de las multas por trabajo no registrado y con la creación de la figura de "trabajador independiente" en unidades productivas con hasta cinco personas a cargo de otra sin relación contractual entre ellas.
La iniciativa es consecuencia directa del mandato de "motosierra" de Javier Milei para la administración pública nacional pero choca con la imposibilidad de plasmarla en un ahorro concreto: la dirección cuenta con absoluta mayoría de trabajadores que se desempeñan en la planta permanente -por lo tanto, de imposible remoción sin un costo altísimo- y sólo un puñado de contratados al frente de labores críticas. Y es heredera de un intento previo que llevó a cabo la gestión de Mauricio Macri en 2018 mediante una disposición simple que se revirtió unos pocos meses después sin pena ni gloria.
Según el proyecto más ambicioso de Misrahi el grueso de los inspectores que dependen de la DGRSS debería pasar a la órbita de la DGI. Se calcula que sólo en el área metropolitana de Buenos Aires al menos 800 trabajadores serían distribuidos en ese organismo de impositiva y otros 200 quedarían bajo una eventual subdirección específica de la materia laboral ideada para subsistir en la AFIP con rango degradado y funciones mínimas. En las provincias se desempeñan en la actualidad otro millar de empleados. Parte del personal especializado en la inspección del trabajo fue absorbido por el ente recaudador tras la estatización en 2008 de los fondos jubilatorios y la eliminación del sistema de AFJP.
Una opción más modesta de achique, en caso de juzgarse inviable el DNU para la disolución de la DGRSS, consiste en la eliminación de algunas delegaciones regionales bajo su órbita (cuenta con 7 en el AMBA y una veintena en las provincias) y su posterior fusión con otras de DGI. En ese escenario la dirección de la seguridad social seguiría con sus actuales incumbencias pero acotada en su poder de inspección.
"Estamos en contra de desjerarquizar el organismo que lleva a cabo el control del trabajo registrado. Como gremio no podemos estar de acuerdo. Estamos en estado de alerta, comunicándonos con los delegados y hablando en asambleas. Este Gobierno viene con un combo de ajuste que incluye que volvamos a pagar Ganancias y ahora esto", le contestó a El Destape el dirigente Pablo Flores, secretario general del sindicato de los empleados del órgano recaudador (Aefip).
Por su parte, el gremio del personal jerárquico, Upsafip, emitió un comunicado que da como un hecho la disolución y remite a la imposibilidad de llevar a cabo ese cometido en la administración de Cambiemos, en 2018. "Nada cambió en la actualidad, salvo que hoy tenemos una DGRSS media década más experimentada y eficiente y si quieren disolverla o destruirla volverán a tener enfrente a Upsafip dando a conocimiento público el deseo de dejar que 'nadie esté registrado en su empleo' porque nadie lo controla y que sólo buscan precarizar el empleo a niveles esclavos", señala el escrito.
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